La delegación de eurodiputados que estudia los atentados de ETA sin resolver ha dejado este viernes España «profundamente conmovida» y prometiendo «estar a la altura» de las víctimas tras constatar por los testimonios que le han trasladado que «hay unos derechos que se han pisoteado», impidiendo conocer la verdad sobre 300 crímenes sin condena para sus autores, la mitad de los cometidos por la banda terrorista. «Merecen que ya no se les humille más», ha reconocido.
Tras una visita «extremadamente positiva», la comisión de Peticiones debatirá y publicará un informe con recomendaciones en el plazo máximo de tres meses. Aquí se dará respuesta a los testimonios y quejas de las víctimas del terrorismo y de otros actores de la judicatura y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con los que se han reunido durante estos tres días.
Entre esas quejas consta que existen beneficios penitenciarios sin colaboración previa con la Justicia -la Fundación de Víctimas pidió ayer cambios legislativos a este respecto– o que se siguen celebrando ‘ongi etorri’, los actos de homenajes públicos calificados por los eurodiputados como «indignantes» por ser una humillación. También han tomado nota de las quejas por las negativas a extraditar etarras huidos desde países como Bélgica.
AYUDAR PARA OBTENER LA VERDAD
En una rueda de prensa en la oficina del Parlamento Europeo en Madrid, la eurodiputada francesa del PPE Agnés Evren ha ejercido de portavoz del resto de sus compañeros -con representación de todos los grupos– para recordar que su idea es huir de «enfoques partidistas» en el objetivo de «ayudar a las víctimas a obtener la verdad» y luchar contra la impunidad de 300 crímenes de ETA, la mitad de los que cometió la organización terrorista hasta que dejó de matar hace diez años.
Evren se ha excusado en varias ocasiones al no poder adelantar ninguna conclusión ni concretar ninguna recomendación, ya que su función ha sido recabar con «humildad» y «modestia» toda la información disponible tanto por los colectivos de víctimas como por los jueces, fiscales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La delegación europea ha reconocido los «esfuerzos» en todo este tiempo de la judicatura española y de la Policía Nacional y la Guardia Civil para, una vez derrotada ETA, tratar de esclarecer los atentados sin condena –una quincena en la última década, según la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT)–.
También ha comentado que son conscientes de que muchos de los crímenes sin resolver se cometieron en el País Vasco y Navarra entre 1978 y 1987, lo que unido a las deficiencias de las investigaciones y que la sociedad fue «sometida al terror» añade dificultad para el esclarecimiento, al aumentar la impunidad.
FALTA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Las críticas recabadas por la delegación, según ha expuesto Evren, se han centrado también en que «muchos países» no cooperan cuando desde la Audiencia Nacional se pide la extradición de algún terrorista, que permanece a salvo de la acción judicial y luego «aprovechan la prescripción» para regresar a sus lugares de origen.
Evren ha subrayado que no podía «enjuiciar» estos hechos, a la espera del informe de la comisión de Peticiones, pero ha advertido que la Unión Europea no tiene competencias para intervenir en el sistema penal de los países miembros. En cambio, ha dicho que sí hay una directiva europea que respalda la actuación de una delegación para instar a salvaguardar los derechos de unas víctimas que, ha dicho varias veces, «son españolas y europeas».
«Ha sido una visita difícil y sumamente dolorosa», ha señalado la portavoz de una misión que responde a la solicitud tramitada desde la asociación Dignidad y Justicia. «Las víctimas merecen que ya no se les humille más», ha enfatizado, recordando que nunca buscaron venganza sino memoria, dignidad y justicia. «Que reine la verdad ante una frustración que sigue siendo inmensa», ha concluido.
