La plusvalía ha sido declarada anticonstitucional por el Tribunal Constitucional (TC). Los jueces han decidido estimar la cuestión de inconstitucionalidad y nulidad para este impuesto que se obtiene del incremento de valor de los terrenos urbanos puesto de manifiesto en el momento de la transmisión. Es decir, a la hora de heredar u obtener un inmueble se ha de pagar al ayuntamiento donde se adquiera el bien una cantidad nada despreciable. Este tributo supone una importante fuente de ingresos para las instituciones municipales gracias a los contribuyentes que, tras el fallo del TC, ha quedado anulado. Al ver peligrar estos ingresos, los consistorios han demandado soluciones al Ministerio de Hacienda del Gobierno de España que por medio de un Decreto Ley ya ha aprobado un nuevo cálculo para los españoles sigan pagando a los ayuntamientos por obtener o recibir un bien urbano. Mientras algunos regidores presumen de bajar impuestos, a la misma vez claman al Gobierno de España soluciones para seguir recaudando este tributo declarado anticonstitucional.
El departamento liderado por María Jesús Montero propone dos cálculos. El primero se basa en usar el valor catastral del terreno en el momento del traspaso aplicando unos nuevos coeficientes que se actualizarán cada año para reflejar la evolución del mercado inmobiliario. Por su parte, en el segundo, se emplea como base imponible la plusvalía real que se obtiene, es decir, la diferencia entre el valor de compra y el de venta de la vivienda al que se aplicará el tipo que fije cada municipio, que nunca podrá superar el 30%. Los contribuyentes podrán elegir el cálculo más favorable que previsiblemente alude a la segunda opción.
Estos nuevos métodos de cálculo han sido claves para la supervivencia del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, popularmente conocido como plusvalía. A pesar de los tres varapalos de la Justicia en los que se ha declarado este tipo impositivo como anticonstitucional, la plusvalía seguirá pagándose. Tras dos semanas de vacío legal en el que este tributo quedó suspendido, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha encontrado la solución para que los alcaldes puedan cuadrar las cuentas municipales antes de que acabe el año.
Sin embargo, existen algunos alcaldes que se han vanagloriado de bajar los impuestos aunque han pedido a gritos a que se mantenga este tipo declarado anticonstitucional. Entre ellos destacan los regidores del Partido Popular cuyas políticas incluyen bajadas de impuestos aunque claman por que se mantenga la plusvalía municipal. Por ejemplo, el acalde de Málaga, Francisco de la Torre bajó cuatro impuestos pero fue el primero en reclamar al Gobierno central la plusvalía que quedó suspendida durante dos semanas. Asimismo, desde la formación de Pablo Casado se muestran contrarios al Impuesto de Sucesiones en lugares como Madrid pero no descartan cobrar la plusvalía municipal en caso de heredar el bien que tanto le costó a tus progenitores comprar. Asimismo, a estos impuestos sobre el patrimonio inmobiliario se suma el IBI de obligado pago anual para todos aquellos propietarios de un bien.
MILES DE LIQUIDACIONES EN EL LIMBO
El Consejo de Ministros aprobó de forma urgente «el remedio» para que los consistorios siguieran cobrando la plusvalía municipal. Lo hizo en una reunión extraordinaria el pasado lunes 8 de noviembre, adelantando el Consejo un día antes de su día habitual ya que el martes 9 de noviembre era festivo en Madrid aunque no en el resto de España.
La nueva hoja de cálculo decretada por el Ministerio de Hacienda ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado con el objetivo de subsanar la anticonstitucionalidad que declararon los jueces. Tras su publicación en el BOE, esta nueva norma ya ha entrado en vigor. Sin embargo, la plusvalía municipal ha permanecido suspendida dos semanas dejando en el limbo miles de liquidaciones sobre las que quedó anulada este impuesto. La ausencia de efectos retroactivos u otras aclaraciones judiciales deja a su suerte miles de liquidaciones pendientes de cobro por parte de las instituciones municipales.
La nueva hoja de cálculo decretada ya está publicada en el boe con el objetivo de subsanar la anticonstitucionalidad
El Tribunal Constitucional de España si que ha dejado claro en su fallo que las tributaciones ya realizadas no podrán ser revisadas salvo que hubiera recursos ya abiertos antes de la fecha de emisión de la sentencia el 26 de octubre, pero no llega a explicitar si el impuesto deja de ser aplicable desde ese mismo día o desde que la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Este matiz incluye a las liquidaciones que se realizaron entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre, periodo en el que este impuesto fue declarado anticonstitucional. De este modo, se ha generado un vacío legal en torno a la plusvalía ya que según la interpretación jurídica de la sentencia del TC, los contribuyentes no tendrían que tributar por las ganancias de la venta de un inmueble o su recepción como herencia o donación durante este periodo en el que la plusvalía quedó suspendida.
