Jupol y Jucil, las organizaciones mayoritarias de Policía y Guardia Civil, han defendido este viernes que la sentencia del TSJ de Cataluña que declara «injustificado y discriminatorio» la inactividad de la Generalitat en la vacunación de la COVID para ambos cuerpos supone la confirmación de que desde este administración se promueve una «situación de odio y abandono institucional» hacia ellos.
Ambas organizaciones lamentan que tuvieran que ir a los tribunal en respuesta a la decisión de la Generalitat de no vacunar al mismo ritmo a los policías y guardias civiles que al resto de funcionarios de los Mossos d’Esquadra y de policías locales.
También destacan que la sentencia condena al Ejecutivo autonómico al pago de 4.000 euros de costas procesales y considera infundadas las explicaciones ofrecidas para explicar el retraso con el que se inició el proceso de vacunación de los agentes destinados en Cataluña.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha sentenciado este viernes que el plan de vacunación de la Conselleria de Salut fue «discriminatorio» para los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Cataluña.
En abril, los sindicatos policiales presentaron un recurso exponiendo que en el proceso de vacunación, gestionado por las comunidades autónomas, no se había aplicado a la Policía Nacional ni Guardia Civil, «salvo a aquellos que, además de estar en activo o en reserva, tuvieran una edad de entre 60 y 65 años».
Por su parte, la Fiscalía se posicionó defendiendo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado habían sido «excluidos injustificadamente de la aplicación de dicho plan de vacunación preferente, y relegados al sistema de vacunación común», por lo que sostuvo que se les había vulnerado el derecho a la igualdad y a la no discriminación.
En cambio, la Generalitat negó discriminación y aseguró que «fueron acontecimientos ajenos a ella las que provocaron que la vacunación se produjera al ritmo que se expresa», como la dificultad para comunicar los datos y la paralización en su momento para vacunar con AstraZeneca.
Al valorar los argumentos, los jueces señalan que el documento de Estrategia de Vacunación frente al Covid-19 en España preveía una posición prioritaria en el orden de vacunación para policías y otros servicios de emergencias, y remarca que este plan «no establece diferenciación alguna entre los cuerpos» por ser estatales o autonómicos.
Toman en cuenta las cifras de vacunación a Mossos en comparación a Policía y Guardia Civil, y creen que «junto a ese retraso, se aprecia también una falta total de iniciativa en la administración autonómica respecto de la atención a los cuerpos nacionales».
Por todo, los jueces llegan a «la conclusión de que la administración autonómica no dispuso de la misma voluntad y empeño en la protección sanitaria de los cuerpos nacionales respecto de los internos».
