IU plantea una batería de propuestas al decreto ley de medidas del Gobierno ante la sexta ola de la pandemia, entre las que se incluye reincorporar a personal de refuerzo despedido tras el fin del estado de alarma y sacar la vacunación contra el Covid-19 de los centros de salud con vistas a desplegarla en otros espacios, para con ello aligerar su carga de trabajo que ya acumula la Atención Primaria.
Asimismo, considera que el uso de test de antígenos en farmacias debe ser «siempre orientativo» y realizarse por personal «adecuado» para garantizar una «correcta técnica y una notificación temprana de la sospecha». En consecuencia, recomienda que sea «exclusivamente» el personal de las farmacias el que los realicen.
Según explica la formación en un comunicado, espera contribuir con estas propuestas a que se «puedan introducir mejoras sustanciales» el texto del Ejecutivo durante el desarrollo parlamentario del decreto, aprobado por el Consejo de Ministros extraordinario del pasado jueves.
Y es que una vez analizado el decreto, aprobado tras la reciente conferencia de presidentes autonómicos, ve necesario añadir medidas para que, en coordinación con las autonomías, contribuyan a revertir el incremento de contagios frente al avance de la variante ‘ómicron’.
Desde IU han explicado que se trata de una serie de propuestas de mejora que defiende la organización pero que aún no se ha planteado en el seno del grupo confederal de cara a la posibilidad de introducir enmiendas, reflexión que en cualquier caso no será inmediata.
CONTRATOS COVID CON UN MÍNIMO DE DOS AÑOS
Entre las cuestiones esbozadas por la formación liderada por Alberto Garzón, demanda la readmisión de ese personal de apoyo cuyo contrato finalizó, tanto sanitario como no sanitaria, y el despliegue de una bolsa estatal de contratación, que deben acometer directamente los servicios públicos de salud autonómicos.
Para ello, planea la habilitación de contratos de refuerzo Covid de al menos dos años de duración, con posibilidad de prorrogarlos otros dos años. A su vez, demanda mantener una «plantilla estable durante todo el período pandémico y los años posteriores».
«Estos contratos de ningún modo deben utilizarse como simple paliativo de una necesidad cronificada de aumento de la plantilla estructural de los servicios sanitarios en diferentes comunidades», ahonda IU.
También considera necesario aumentar el personal y presupuesto de «toda la red de Atención Primaria, haciendo especial énfasis en la sanidad rural», dado que el primer nivel asistencial esta «totalmente desbordado» pese a ser «la base del sistema de salud». En consecuencia, la meta es conseguir llegar cuanto antes a destinar un 25% de los recursos presupuestarios a la Atención Primaria.
Además, reclama la contratación «inmediata y significativa» de personal para labores de rastreo, así como epidemiólogos de campo. Por otro lado, llama a estudiar si resulta necesaria la contratación centralizada a nivel estatal de dichos rastreadores para apoyar así la red de vigilancia autonómica.
TRAMITAR LA BAJA LABORA DE FORMA TELEMÁTICA Y MÁS TELETRABAJO
Junto a ello, propone una serie de iniciativas sociosanitarias como «desburocratizar los procesos de baja laboral, desmarcándola de la Atención Primaria», y facilitar que se produzca de forma telemática durante toda la nueva ola.
Aparte de potenciar el teletrabajo, IU solicita instaurar protocolos de ventilación cruzada en todos los establecimientos públicos y recomendar el uso de mascarillas FPP2 en los medios de transporte «cuando sea posible».
En materia de gestión asistencial, ve conveniente «sacar de forma urgente las vacunaciones de los Centros de Salud, ya que causan importantes colapsos que imposibilitan su correcto funcionamiento». Por tanto, aconseja habilitar otros lugares adecuados en barrios y espacios públicos.
POTENCIAR LA ATENCIÓN PRESENCIAL EN PRIMARIA
También pide potenciar la «presencialidad asistencial» en Atención Primaria y fomentar las urgencias ambulatorias para patología menor no COVID, así como para sintomáticos leves, dado que ello permite una «detección precoz» que evita ingresos hospitalarios y reduce la estancia media.
Asimismo, solicita que la gestión de la atención sanitaria de las residencias de mayores debe pasar «de manera temporal a ser controlada directamente por los servicios de Atención Primaria de cada comunidad autónoma».
«En modo alguno se plantea restringir el desarrollo con normalidad de la vida diaria de las personas residentes. Hay que cuidar que estas personas tengan garantizados sus derechos fundamentales, aumentar la dotación de personal por ley y legislar al respecto con un marco garantista a nivel estatal», argumenta IU.
Finalmente, llama a favorecer una redistribución efectiva de las adquisiciones de test de antígenos «para que no se den acaparamientos ni especulación».
