La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha reiterado ante los ministros de Medio Ambiente y Energía de la Unión Europea, reunidos este viernes en Amiens (Francia), el rechazo de España a la propuesta de la Comisión para incorporar al gas y la nuclear entre las tecnologías consideradas sostenibles por la taxonomía europea.
Ribera ha calificado la propuesta como «controvertida» y ha advertido de «que puede distorsionar y generar confusión» a la hora de encauzar inversiones sostenibles en la UE.
«Ni la nuclear ni el gas cumplen los criterios científicos y legales para ser consideradas sostenibles ni recibir el mismo tratamiento que tecnologías incuestionablemente verdes, como la eólica o la solar, y orientan en sentido contrario a las prioridades de un proceso de descarbonización de la economía europea sin riesgos ambientales», ha sentenciado Ribera.
La vicepresidenta tercera se ha referido así a las alegaciones presentadas por España a la propuesta del colegio de comisarios y a la carta suscrita junto con Austria, Dinamarca y Luxemburgo, en la que los cuatro países exponen su rechazo a incluir el gas y la energía nuclear en la taxonomía verde.
Según la cartera de Transición Ecológica, el criterio aplicado al gas de no emitir más de 270 gramos de CO2/kWh está por encima de las recomendaciones del IPCC y la AIE y eliminaría ‘de facto’ el principio de «no causar daño significativo» (DNSH por sus siglas en inglés) establecido en la primera propuesta de taxonomía, fijado en ese nivel de emisión.
En el caso de la nuclear, el Gobierno indica que el impacto negativo de los residuos radiactivos de alta actividad está «sobradamente documentado y es incompatible con el DNSH».
Con todo ello, España considera que la propuesta de la Comisión emite una «muy mala señal a los mercados financieros para orientar su inversión hacia tecnología realmente sostenible y con poco riesgo. Además, advierte de que puede reducir «significativamente» la inversión en fuentes «incuestionablemente» limpias, de modo que supone una amenaza para el proceso de transición energética y la consecución de los objetivos europeos de descarbonización.
PRECIOS DE LA ENERGÍA
Con respecto a la escalada en los precios de la energía y el agravamiento de la situación de crisis en Ucrania, España ha insistido en la necesidad de desarrollar mecanismos que protejan a los consumidores de la volatilidad de las materias primas en los mercados internacionales, más allá de las propuestas de la Comisión desglosadas en su Comunicación ‘Toolbox.
«Vamos a insistir, una vez más, en la importancia de que la UE se plantee en el plan de emergencia qué medidas excepcionales se pueden adoptar en el contexto regulatorio para que esa situación tan complicada respecto al gas no impacte de una manera tan desorbitada también sobre los precios de la electricidad», ha señalado Ribera.
España considera que la UE debe dotarse, tras un amplio debate, de mecanismos para devolver las rentas extraordinarias obtenidas del desorbitado precio de la energía a los consumidores, en vez de usar fondos aportados por los contribuyentes o por otros consumidores.
TRANSICIÓN JUSTA
La reunión convocada por la Presidencia francesa ha analizado el papel de los impactos del paquete normativo del Fit for 55% –que fija el compromiso comunitario de reducción del 55% de emisiones de CO2 para 2030– en la vida de los ciudadanos europeos y los retos que representa en términos de equidad y justicia social.
La vicepresidenta ha incidido en que la transición hacia la descarbonización debe ser justa y «solo tendrá éxito si contamos con el respaldo de la ciudadanía y somos capaces de mostrarles los beneficios y oportunidades de este proceso».
España considera imprescindible que el esquema legislativo en el que pretende avanzar la Comisión respete las particularidades de cada región, permita flexibilidad a los Estados miembros y facilite los fondos suficientes para garantizar una transición inclusiva y la adaptación de los trabajadores y profesionales a los nuevos modelos de negocio en todos los sectores.
Uno de estos sectores sobre los que hoy ha debatido el consejo informal es el de los bosques y la madera. La posición española al respecto pone el acento en la necesidad de fijar incentivos económicos y fiscales para conservar los bosques maduros por su capacidad para secuestrar el CO2 y como protectores del suelo y garantes de biodiversidad, así como activar la gestión forestal para una silvicultura sostenible.
Por último, España ha reiterado su idea de que el desarrollo de energías renovables debe acelerarse, así como el ahorro y la eficiencia energética, para que los consumidores puedan beneficiarse cuanto antes de sus ventajas y se reduzca la dependencia de la UE de las importaciones energéticas y la volatilidad de los mercados internacionales de materias primas.
