EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Juzgado de Instrucción 20 de Madrid ha abierto juicio oral contra seis personas que agredieron con huevos, insultos y amenazas a cuatro diputados del PSOE en las inmediaciones del Congreso el 16 de noviembre de 2023, durante la sesión de investidura de Pedro Sánchez.
- ¿Quién está detrás? La magistrada titular del juzgado, con el respaldo de la Fiscalía, que solicita multas de 8.640 euros para cada acusado. Los diputados, como acusación particular, elevan la petición a seis años de prisión.
- ¿Qué impacto tiene? Reactiva el reproche socialista a la escalada de la violencia ultraderechista y a quienes la alientan desde la política, reforzando el argumentario de defensa de las instituciones democráticas.
La justicia da un paso firme contra los ataques a la democracia. La jueza del Juzgado de Instrucción 20 de Madrid ha dictado la apertura de juicio oral contra los seis ultras que lanzaron huevos, insultaron y amenazaron a cuatro diputados del PSOE aquella mañana del 16 de noviembre de 2023, horas antes de que Pedro Sánchez afrontara el debate de investidura.
Según la resolución, fechada el 27 de julio de 2026 y a la que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada impone a los encausados una fianza solidaria de 40.000 euros para cubrir las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de una eventual condena. Un trámite que formaliza el camino hacia el banquillo casi tres años después de aquellos hechos.
Los hechos: insultos, huevos y piedras contra cuatro parlamentarios
La mañana del debate de investidura, los diputados socialistas Daniel Senderos Oraá, María Luisa García Gurrutxaga, Vicent Sarrià Morell y Herminio Rufino Sancho desayunaban en un bar cercano a la Carrera de San Jerónimo. Hasta allí habían llegado los acusados —que se habían citado para protestar contra la sesión— y al reconocer a los parlamentarios comenzaron a increparles.
«Traidores, lo vais a pagar», «hijos de puta, cabrones, esto lo vais a sufrir durante cuatro años», «asquerosos traidores os tendrían que matar» o «agacha la cabeza mientras yo esté aquí, perro de mierda», recoge el escrito fiscal. Algunos de los ataques se produjeron incluso cuando los diputados ya habían solicitado la presencia de la Policía.
Una vez fuera del local, el hostigamiento continuó con gritos de «rojos de mierda», escupitajos y lanzamiento de piedras. Uno de los acusados arrojó huevos al grito de «perros del Estado», impactando en tres de los parlamentarios y en un agente. Otro de los implicados se abalanzó con la mano en alto «con la intención de agredirles», aunque fue frenado por los policías. Los diputados tuvieron que ser escoltados hasta alcanzar el cordón de seguridad del Congreso. «Si no es por la Policía, no salimos», declaró ese mismo día Herminio Rufino Sancho.
Las peticiones de condena: multas y hasta seis años de cárcel
La Fiscalía solicita para cada acusado 24 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros, lo que suma aproximadamente 8.640 euros, más las costas. Desglosa la pena en 12 meses por un delito de desórdenes públicos y tres meses de multa por cada uno de los cuatro delitos leves de falta de respeto a la autoridad.
Los parlamentarios, que ejercen la acusación particular, endurecen la petición. Reclaman seis años de prisión y diez meses de multa con cuota diaria de 20 euros (6.000 euros) para cada encausado, al apreciar un subtipo agravado de atentado contra la autoridad —por ser los denunciantes diputados en el ejercicio de sus funciones— y resistencia a los agentes.
El juzgado ha fijado una fianza solidaria de 40.000 euros para los seis acusados, una medida cautelar que, si bien no es definitiva, sitúa la cuantía de las responsabilidades civiles en un nivel considerable. La mayoría de los diputados afectados resalta el valor ejemplarizante de una condena que frene la escalada de agresiones a cargos públicos.
Cuando los insultos se convierten en huevos, la democracia está en peligro.
El Eje del Poder Socialista
Para el PSOE, la apertura del juicio oral es mucho más que un procedimiento judicial rutinario. Ferraz y el Grupo Parlamentario Socialista leen en clave de reafirmación del Estado de derecho y de respuesta a un discurso que, según señalaron entonces, algunos responsables políticos alimentan con arengas que derivan en violencia callejera. Aquel día, desde la tribuna del Congreso, el portavoz Patxi López ya advirtió: «Alimentan a los que luego dicen ‘a por ellos’, dan vivas a Franco, asaltan las sedes socialistas o lanzan huevos contra los diputados».
La decisión de la jueza reactiva esa línea argumental justo cuando el calendario institucional se caldea. El banquillo socialista aplaudió entonces a sus compañeros y el propio López remató con un «no nos van a callar». La cohesión interna en torno a los diputados agredidos es total, y no se atisban fisuras entre barones y la dirección federal: la defensa de los representantes públicos frente a la violencia se ha convertido en un pilar simbólico del discurso del partido.
En clave territorial, la investidura de 2023 fue un momento de máxima tensión, con protestas y bloqueos en las inmediaciones del Congreso que desbordaron el perímetro de seguridad. Las cuatro federaciones de los diputados afectados —PSE-EE, PSPV-PSOE, PSOE Aragón y PSOE Castilla y León— han mantenido un seguimiento constante del caso, y ahora reciben con satisfacción la noticia del auto de apertura. Cabe recordar que, en contextos similares, el PSOE siempre ha subrayado el riesgo de que la crispación se traduzca en daños personales; el precedente más inmediato es el asedio a las sedes socialistas en 2021, que abrió un debate interno sobre la necesidad de blindar los espacios democráticos.
Con la fase de instrucción concluida, el juicio oral se proyecta como un hito que, además de dirimir responsabilidades penales, pondrá a prueba la capacidad del sistema para proteger a los representantes electos. La lectura estratégica de Ferraz es clara: este proceso judicial, sumado a otros que investigan la financiación o los discursos de odio de la ultraderecha, refuerza la posición del Gobierno al presentar a la oposición más extrema como un peligro para la convivencia.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La apertura del juicio oral demuestra que las agresiones a los representantes democráticos no quedan impunes y que la justicia actúa con rigor ante el hostigamiento ultraderechista.
- Protagonista: Patxi López (portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados)
- Próximo hito: El juzgado deberá señalar en las próximas semanas la fecha de la vista oral, que se celebrará a lo largo de 2027; los diputados confían en que la sentencia final tenga un efecto disuasorio frente a futuros ataques.
