El PP considera que los fondos europeos podrían utilizarse para financiar el establecimiento de incentivos fiscales a empresas y familias ante el aumento de precios y, en ese marco, plantea una deducción de hasta 500 euros por trabajador por gastos e inversiones en teletrabajo, transporte público, formación o actividades extraescolares. Según explica, se trataría de regular un incentivo fiscal «extraordinario y temporal» financiable para la Hacienda Española con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Así se recoge en el ‘Plan en defensa de las familias y la economía de España’ que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha remitido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un documento de 41 páginas –no lleva el logo del PP– articulado en cuatro ejes: racionalización del gasto burocrático; bajada de impuestos «selectiva e inmediata»; rediseño de los fondos europeos para «hacerlos más útiles»; y reformas estructurales a medio plazo para incentivar la actividad económica.
En el capítulo de los fondos europeos, el PP plantea su uso para financiar medidas fiscales ante la «imperiosa necesidad» de dar pasos que «incidan de manera directa e inmediata en las familias ylas empresas».
«Desde el PP situamos estas medidas en el ámbito fiscal, proponemos una reducción de impuestos a las familias financiada con cargo al aumento de recaudación provocada por el extraordinario aumento de precios, aunque podrían existir vías complementarias de actuación sin coste para la Hacienda Pública Española, como es la Financiación Europea ya sea a cargo de los fondos Next Generation o incluso los fondos del Programa Plurirregional del marco 2014-2020 que gestiona la Administración central», reza en el documento del PP.
DESTINAR 4.900 MILLONES DE LOS FONDOS AL PAQUETE FISCAL
Según detalla, todo ello se llevaría a cabo de manera «plenamente alineada con el objetivo general del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que se recoge en el artículo 4 de «fomentar la cohesión económica, social y territorial de la Unión mejorando la resiliencia, la preparación frente a las crisis, la capacidad de ajuste y elpotencial de crecimiento de los Estados miembros, mitigando el impacto social y económico de dicha crisis».
En este contexto, el PP plantea que «al menos un 7% del importe delos fondos, unos 4.900 millones se destinen al paquete fiscal». Además, considera que la «evidencia demuestra que los instrumentos más ágiles, eficaces y eficientes para trasladar recursos públicos a familias y tejido productivo son los incentivos fiscales» y pone ejemplos en ese sentido de varios países como Italia, Francia, Grecia, Portugal o Suecia.
El PP subraya que no existe «ninguna limitación expresa al uso de incentivos fiscales como instrumento de canalización de inversiones con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, sino que, al contrario, esta fórmula es recomendable por su eficacia y la Comisión Europea anima a su uso».
REGULAR UN NUEVO INCENTIVO FISCAL EXTRAORDINARIO Y TEMPORAL
Los ‘populares’ consideran que se encuentran ante la «imperiosa necesidad de tomar medidas en el ámbito fiscal, que incidan de manera directa e inmediata en las familias y las empresas». Y añade que «de manera inmediata» en este momento podría plantearse de manera urgente regular un nuevo incentivo fiscal extraordinario y temporal financiable para la Hacienda Española con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia aplicable a inversiones que hagan hogares y empresas que se consideren que contribuyen a la mejora de la cohesión social y la capacidad de reacción ante las crisis.
En el caso de las familias, prosigue, esta ayuda extraordinaria a la «cohesión social» podría canalizarse hacia los trabajadores aumentando su renta disponible y estableciendo, «mientras la inflación media anual supere el 3,5%, una deducción extraordinaria y temporal».
Según añade, sería una deducción de «los gastos/inversiones incurridos para obtener rendimientos del trabajo o de actividades económicas (ejemplo: cuota conexión a internet, gastos de transporte público, gastos del teletrabajo…) o de cualquier inversión en capital humano de los integrantes de la unidad familiar (formación en competencias digitales, idiomas, actividades extraescolares, etc..) con el límite de 500 euros por trabajador.
En el caso de las empresas, el PP asegura que la ayuda extraordinaria a la «cohesión económica, el empleo, la productividad y la competitividad» podría orientarse igualmente a liberarles recursos financieros que les den margen para evitar tener que trasladar a precio los crecientes costes de producción, estableciendo, mientras la inflación media anual supere el 3,5%, una deducción extraordinaria y temporal de un porcentaje de las inversiones conducentes a mejorar la eficacia y eficiencia de sus procesos de producción» con límite en la Cuota Íntegra en el Impuesto sobre sociedades.
Aquí el PP pone como ejemplo la adaptación a exigencias legales relacionadas con la transición ecológica, la incorporación de la facturación electrónica, la ciberseguridad, la capacitación digital, la automatización de procesos, la nube, el software de gestión o contratación de personas en situación de vulnerabilidad.
REDUCIR MINISTROS, ALTOS CARGOS Y ASESORES
Por otra parte, en el capítulo dedicado a la mejora de la eficiencia y calidad del gasto público, el PP subraya que «un mayor gasto público no conlleva necesariamente un mayor y mejor desempeño», por lo que urge a actuar «sobre el gasto público superfluo».
«Por poner un ejemplo, no podemos permitirnos mantener elgobierno más numeroso en ministerios de la democracia, y casi uno de los más numerosos de los países europeos. Así mismo, existen ministerios, como el de Consumo, de reciente creación en la Administración del Estado cuando realmente las competencias en la materia corresponden en general de forma exclusiva a las comunidades autónomas», recalca.
Por eso, el PP plantea una reducción de Ministerios, altos cargos y asesores. A su entender, el gasto público «se reduciría de manera notable abordando una nueva configuración en la estructura del Gobierno, donde sería deseable una importante minoración de ministerios, pasando de los 22 actuales a una nueva estructura orgánica similar a la de hace unos años».
También defiende potenciar la AIREF como órgano de evaluación del gasto público. Según añade, se debe dotar a la recién creada División de evaluación del gasto público de recursos suficientes para que pueda desarrollar su trabajo, y que éste se realice en colaboración con las comunidades.
El PP aboga también por diseñar «un Plan Nacional para la mejora de la efectividad y calidad del gasto público que permita establecer medidas para la modernización y reforma de todas las Administraciones Públicas, estatal, autonómicas y corporaciones locales».
