El Juzgado de Primera Instancia Número 70 de Madrid escuchará mañana viernes las alegaciones de la Abogacía del Estado y de la familia del dictador Francisco Franco sobre la demanda que presentaron los servicios jurídicos de la Administración –y a la que se unió la Xunta de Galicia– para reclamar la propiedad pública de 564 bienes muebles que se encuentran en el Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña).
Según consta en una providencia, el juez Roberto Fernández ha citado a los abogados de la familia Franco, al representante de la Abogacía del Estado y a los representantes del Concello de Sada y de la Xunta a la vista de fijada para las 10.30 horas.
Está previsto que las partes se pronuncien sobre la medida cautelar que reclamó la Abogacía del Estado, en la que solicitaba al juez que acordara la permanencia de los bienes dentro del Pazo de Meirás, y en depósito de la Administración, hasta que se resuelva «a quién corresponde la propiedad».
La Abogacía considera que esta medida es «esencial» para «garantizar la conservación y protección de todos estos bienes, así como la integridad de los intereses históricos y artísticos vinculados a estos bienes por el lugar donde se encuentran».
La sesión de hoy tendrá lugar después de que el magistrado suspendiera la vista prevista para el pasado 21 de octubre a raíz de una declinatoria de jurisdicción que presentaron los Franco en la que sostenían que la demanda de la Abogacía del Estado no era competencia de un juez de lo civil, sino de uno de lo contencioso-administrativo.
El titular del juzgado tramitó el escrito de los Franco y dio traslado a la Abogacía para que emitiera su informe al respecto. Los servicios jurídicos del Estado mostraron su oposición a la petición de los abogados de la familia del dictador de que fuese otro juez quien estudiase la demanda que presentó para reclamar la propiedad pública de 564 bienes muebles que se encuentran en el Pazo de Meirás, según indicaron en su momento fuentes cercanas al procedimiento.
Finalmente, el magistrado ha fijado para este viernes 25 de noviembre la vista para conocer las alegaciones de Abogacía y los Franco sobre las medidas cautelares que reclamó el Estado en la demanda presentada el pasado 21 de septiembre.
La Administración reclama la propiedad de un total de 564 bienes muebles o documentos y legajos que se agrupan en tres categorías: bienes de Patrimonio Nacional; del Patrimonio Documental Español; y bienes que son de dominio público por su afectación al uso del Pazo de Meirás como residencia oficial del jefe del Estado.
Los servicios jurídicos del Estado presentaron la demanda después de que los Franco solicitasen al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña retirar todos los bienes depositados en el inmueble que no fueron reclamados por el Estado en su momento.
Este mes, la Xunta de Galicia anunció que se sumaría a la demanda interpuesta al respecto de la consideración de bienes de dominio público y patrimonio público, tanto de objetos procedentes de la etapa de Emilia Pardo Bazán (transmitidos en 1938) como de los instalados por Francisco Franco cuando fue jefe del Estado durante la dictadura.
En el escrito presentado ante el juzgado de Madrid, la Administración gallega expuso su «interés legítimo» para participar en este pleito, como ya lo hace en el procedimiento que está abierto sobre la titularidad del inmueble.
