La SecciĂłn Tercera de la Audiencia de Sevilla prevĂ© iniciar este lunes 28 de noviembre un juicio contra un empresario para el cual la FiscalĂa reclama dos años y nueve meses de cárcel como cooperador necesario de un presunto delito de prevaricaciĂłn en concurso con un delito de malversaciĂłn derivado de una ayuda de 120.000 euros concedida «injustamente» a una empresa que administraba, con cargo a la partida presupuestaria 31L de la Junta de AndalucĂa, usada para la financiaciĂłn de expedientes de regulaciĂłn de empleo (ERE) fraudulentos y subvenciones arbitrarias.
SegĂşn el escrito de acusaciĂłn de la FiscalĂa AnticorrupciĂłn, J.B.C., administrador Ăşnico de la empresa Picos Yeye y Cohollero, radicada en Puerto Real (Cádiz) y dedicada a la fabricaciĂłn, comercializaciĂłn y venta de productos de panaderĂa, bollerĂa y pastelerĂa; solicitĂł en julio de 2018 un ERE respecto a nueve empleados de la entidad «con la finalidad de suprimir uno de los tres turnos de fabricaciĂłn por falta de pago de las facturas de su principal cliente, paralizaciĂłn inmediata de los pedidos pendientes de fabricar y la necesidad reducir la producciĂłn«.
Aunque la Junta de AndalucĂa «disponĂa de subvenciones y ayudas pĂşblicas amparadas en la Ley autonĂłmica 5/83», segĂşn el Ministerio PĂşblico, el empresario, «sabedor que podĂa obtener fondos pĂşblicos de la Junta de AndalucĂa al margen de los procedimientos legalmente establecidos, consiguiĂł que el director general de Trabajo y Seguridad Social» Juan Márquez «beneficiara injustamente» a su empresa con una ayuda de 120.000 euros.
La FiscalĂa AnticorrupciĂłn, en ese sentido, expone que Juan Márquez, «contraviniendo de forma clamorosa los intereses generales, sin que llegara a acreditarse en ningĂşn caso el fin pĂşblico de su aplicaciĂłn, al margen de cualquier procedimiento legalmente establecido, con el conocimiento y beneplácito de sus superiores» AgustĂn Barberá como viceconsejero de Empleo y Antonio Fernández como consejero, «contravino las más elementales normas de procedimiento en la gestiĂłn de los fondos pĂşblicos» asignados a esta empresa.
«Sin tramitar expediente alguno, ni siquiera existir solicitud de la ayuda por parte de la mercantil beneficiaria, el 30 de diciembre de 2008, Juan Márquez, a sabiendas de que el dinero pĂşblico procedente del programa presupuestaria 31L no iba ser controlado por Ăłrgano fiscalizador alguno, sin competencia delegada para la concesiĂłn y ordenaciĂłn de su pago, sin existir resoluciĂłn de concesiĂłn de la ayuda, suscribiĂł con el director general de la Agencia IDEA Jacinto Cañete un convenio de colaboraciĂłn por el que se formalizaba el otorgamiento de ayudas a los trabajadores de la empresa Picos Yeye Cohollero», indica la FiscalĂa, precisando que con este convenio se encomendaba a la agencia IDEA «la materializaciĂłn del abono de la ayuda especĂfica a Picos YeyĂ© y Cohollero» por 120.000 euros, con cargo a la partida 31L de los presupuestos andaluces.
Estos ex responsables socialistas de la Junta de AndalucĂa, recordĂ©moslo, están condenados a penas de cárcel y/o inhabilitaciĂłn en la sentencia de la SecciĂłn Primera de la Audiencia de Sevilla sobre el procedimiento especĂfico de financiaciĂłn de los ERE fraudulentos e incluso innecesarios en algunas ocasiones y las subvenciones arbitrarias y sin publicidad a empresas, es decir la pieza «polĂtica» o troncal de esta macro causa.
Además, Antonio Fernández y Juan Márquez están condenados a penas de cárcel por las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco), otra pieza separada de la macro causa de los ERE, resuelta mediante una sentencia emitida precisamente por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla.
Este convenio, segĂşn detalla la FiscalĂa AnticorrupciĂłn, aludĂa al «objeto no definido de ‘apoyo a esta fase de su proyecto de viabilidad‘, sin que conste la existencia de tal proyecto o plan de viabilidad, sino Ăşnicamente una memoria sin fecha, ni firma, ni entidad que lo elaboraba en la que se reflejaba una situaciĂłn de quiebra tĂ©cnica contable».
«Recibidos los fondos pĂşblicos por la mercantil, no se comprobĂł por la ConsejerĂa de Empleo, ni por la DirecciĂłn General de Trabajo el destino que por el administrador de la empresa se les dio», indica la FiscalĂa, considerando que «esta ayuda se concediĂł prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para la concesiĂłn de subvenciones, con una clara subversiĂłn de los principios y normas que disciplinan el rĂ©gimen jurĂdico de las subvenciones y ayudas pĂşblicas».
El empresario, segĂşn la FiscalĂa, «era conocedor» supuestamente de que «en la decisiĂłn y disposiciĂłn de los fondos de la Junta de AndalucĂa de la que iba ser beneficiaria Picos Yeye se habĂa prescindido injustamente del procedimiento legalmente establecido, pues no se tramitĂł ningĂşn procedimiento para conceder la ayuda, ya que no existiĂł solicitud previa por su parte, ni se le exigiĂł el cumplimiento de ningĂşn requisito y por consiguiente no figuraba ninguna declaraciĂłn ni acreditaciĂłn expresa de la concesiĂłn o solicitud de otras subvenciones o ayudas para el mismo fin».
Es más, el escrito de acusación avisa de que al empresario tampoco le fue requerido que justificase el destino de los 120.000 euros recibidos en concepto de ayuda pública.
AsĂ, el Ministerio PĂşblico acusa al empresario J.B.C. como supuesto cooperador necesario de un presunto delito de prevaricaciĂłn en concurso con un delito de malversaciĂłn con la atenuante de dilaciones indebidas, reclamando para Ă©l dos años y nueve meses de cárcel y siete años de inhabilitaciĂłn especial para cargo o empleo pĂşblico.
Además, reclama que sea condenado a restituir la cuantĂa de 120.000 euros a las arcas pĂşblicas, asĂ como que la empresa Picos Yeye responda subsidiariamente a tal cantidad, en caso de no estar extinguida.