Reyes Maroto sigue investigada por calumnias tras desestimar Madrid su recurso

El Juzgado de Instancia 13 de Madrid desestima el recurso de Reyes Maroto y la mantiene investigada por calumnias. El PP exige su dimisión por falta de ejemplaridad mientras la portavoz socialista defiende su libertad de expresión.

El Juzgado de Instancia número 13 de Madrid ha desestimado el recurso de reforma de la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, que seguirá investigada por un presunto delito de calumnia con publicidad. La decisión judicial rechaza la argumentación de la defensa y mantiene la imputación por las palabras pronunciadas en un acto previo de conciliación, donde Maroto afirmó que hubo «personas mayores asesinadas» en las residencias durante la pandemia del Covid-19.

El auto, conocido este lunes 22 de junio de 2026, considera que la expresión de la portavoz socialista «iba más allá de la mera libertad de expresión, imputándose un ilícito penal en concreto». Esta decisión va en contra del criterio del Ministerio Fiscal, que había informado a favor de estimar el recurso de reforma presentado por Maroto, según han confirmado fuentes judiciales a este medio.

La querella del Gobierno regional y los límites del discurso

La querella fue interpuesta por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en junio de 2025, después de que Maroto no se retractara de sus declaraciones en el acto previo de conciliación. El Ejecutivo regional defendió entonces la honorabilidad de los profesionales que trabajaron en las residencias durante la crisis sanitaria y calificó las palabras de la portavoz socialista como «injuriosas y calumniosas».

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Desde el PSOE-Madrid, Maroto ha sostenido en todo momento que su manifestación se enmarcaba en la libertad de expresión política y que no tenía intención de ofender a los trabajadores, sino de denunciar la gestión de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el juez ha dado más peso al carácter concreto de la acusación de «asesinato», que excede, a su juicio, la mera crítica.

Almeida y Serrano piden su dimisión: «No tiene ejemplaridad»

La decisión judicial ha reavivado la tensión política en Cibeles. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, han exigido este mismo lunes la dimisión de Reyes Maroto. Durante una comparecencia, Almeida afirmó que la portavoz socialista «ha traído la crispación, la bronca y el el fango al Ayuntamiento» y que «no tiene la condición mínima de ejemplaridad y honorabilidad que se requiere a quien actúa en nombre de los madrileños».

Serrano, por su parte, suscribió las palabras del alcalde y añadió que Maroto «todavía tiene mucho que explicar de su relación con miembros de la trama investigada en el ‘caso Koldo’», en alusión a los lazos de la exministra de Industria con Víctor de Aldama, uno de los implicados en la presunta corrupción.

El caso pone negro sobre blanco la delgada línea entre la libertad de expresión política y la imputación de delitos concretos contra una administración.

Mientras tanto, una reciente encuesta interna del PP sitúa al PSOE como tercera fuerza en el Ayuntamiento, por detrás de Vox, lo que pone más presión sobre el liderazgo de Maroto en el grupo municipal.

Libertad de expresión en el Pleno: ¿dónde está el límite?

Más allá del rifirrafe político, la decisión del Juzgado de Instancia 13 abre un debate jurídico de fondo: ¿hasta qué punto un cargo público puede utilizar términos como «asesinato» sin incurrir en un delito de calumnia? La discrepancia entre el juez y el fiscal refleja que la cuestión no es pacífica. Mientras el instructor ve un ilícito penal, el Ministerio Público consideró que las palabras podían ampararse en el contexto de la contienda política.

En el ámbito local, este episodio recuerda a otros casos en los que expresiones gruesas han llevado a los tribunales a concejales y alcaldes. El escándalo de las residencias durante la pandemia (Wikipedia) sigue siendo una herida abierta en la región, y cualquier referencia al asunto se politiza con rapidez. La portavoz del PSOE, que ya fue ministra de Industria, se enfrenta ahora a un proceso penal que podría alargarse y que, en todo caso, la mantendrá bajo el foco de la oposición.

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La investigación continúa y el juez deberá decidir en los próximos meses si abre juicio oral. Lo que está claro es que, en el Madrid de 2026, las palabras ya no se las lleva el viento.