El gasto público se ha sensibilizado con las causas feministas de Irene Montero, pero no solo en el territorio nacional. Puede parecer casi más una lotería que una serie de gastos meditados, pero la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha vuelto a tirar del erario público para dar una serie de subvenciones poco comprensibles para muchos españoles. El beneficiado es Perú. Y la temática, el feminismo, el empoderamiento y la formación. En total, 180.000 euros que han dividido cuatro gastos que parecen casi aleatorios y que irán a parar al país latinoamericano. La AECID está tutelada por el Ministerio de Exteriores de José Manuel Albares. Pero lo más llamativo es que sigue la misma política feminista y activista impuesta en su momento por Arancha González Laya, la antigua ministra socialista que acabó defenestrada por el partido.
El Ministerio de Exteriores funciona en un sentido, pero la AECID en otro. Hace tiempo que los gastos tutelados por Albares parecen haberse descontrolado completamente. Especialmente a nivel ideológico, si se tiene en cuenta que buena parte de las subvenciones que han dado desde que Pedro Sánchez ganó las elecciones han sido de naturaleza ecologista, feminista o en defensa de los derechos LGTBI. La buena nueva es que ahora parece que quieren ayudar a fomentar la economía y la formación laboral de la población activa, el problema es que solo se centran en «empoderar» a las mujeres y en dar subvenciones con una clara tendencia ecologista y feminista. Parece difícil justificar 180.000 euros de gasto público para menesteres tan peculiares como «empoderar a las mujeres productoras de granos andinos». Pero lo han hecho sin despeinarse y sin preocuparse por las consecuencias.
El Ministerio de Exteriores de José Manuel Albares y su Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha repartido en cuatro este gasto. El primero es para el «empoderamiento económico mujeres productoras granos andinos en La Libertad». El dinero destinado a este objetivo es de nada menos que 42.000 euros. El segundo gasto, también de 42.000 euros, es para la «capacitación tecnológica a mujeres para el procesamiento de recursos hidrobiológicos». El tercero, de algo menos, de 40.000 euros, parece que ha quitado la palabra mujeres del titular y se centra solo en la «capacitación en tecnologías de producción sostenible de cacao». Y el último, que es el más cuantioso de todos (56.000) es para la «gestión Sostenible Ruta Turística Biocorredor Bosques de Vaquero». En total, 180.000 euros públicos que se han colocado en una campaña llamada Perú 2023 Pymes y que desde el país latino han encontrado formas de sacar dinero.
No es la primera vez que el Gobierno da dinero público al país latinoamericano. De hecho, tampoco es la primera vez que utilizan justificaciones más que sospechosas para mandar dinero público a Perú. Hace unos pocos meses, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) mandó una buena cantidad de dinero a defender los derechos de los afroamericanos en el país. Esto se hizo bajo la administración de Laya, pero lo cierto es que no han cesado estos gastos más relacionados con el activismo político que con la ayuda al desarrollo económicos de otros países. Los gastos de la AECID están absolutamente enfocados en la Agenda 2030 y en postulados ideológicos más propios de los valores del partido que en cuestiones que realmente beneficien al país que recibe las subvenciones. Defender, por ejemplo, con una subvención muy alta el fomentar la pesca en Mauritania es algo que empieza a llamar la atención en el Partido Socialista y especialmente en la oposición. Pero ahí siguen. Anclados en los mismos postulados de siempre.
