El Gobierno Vasco y los empresarios vascos han protagonizado operaciones corporativas por valor superior a 6.000 millones de euros en los últimos cinco años, según un análisis del diario Expansión. La estrategia de arraigo industrial, acelerada en el mandato del lehendakari Imanol Pradales, ha movilizado fondos públicos y privados para frenar la deslocalización de empresas tractoras de la región.
Estrategia público-privada contra la deslocalización
El punto de partida fue la creación en 2021 de Finkatuz —’afincar’ en euskera—, un fondo público que invierte en compañías vascas para mantener sus centros de decisión en el territorio. Con Pradales, esa política se reforzó mediante la Alianza Financiera Vasca (AFV), constituida en 2025, que aglutina a Kutxabank y a las fundaciones bancarias BBK, Kutxa y Vital. Bajo su paraguas opera Indar Kartera, un vehículo que combina inversión institucional y participaciones de empresarios locales.
El objetivo es evitar casos como los de Euskaltel —hoy integrada en el grupo francés Orange—, Gamesa —que pasó a manos de la alemana Siemens— o Ibermática, que fue vendida a fondos foráneos y ahora regresa al País Vasco dentro de Ayesa Digital. La salida de los centros de producción y de decisión se percibe como un riesgo estructural para un tejido industrial que representa cerca del 24 % del PIB vasco, según datos de Eustat.
En varias operaciones, los inversores vascos han asegurado derechos de veto. El ejemplo más explícito es Uvesco, el grupo dueño de BM Supermercados: Indar (Kutxabank) y Stellum Capital —vehículo impulsado por la Fundación Artizarra— pueden bloquear cualquier recorte de plantilla superior al 10 % en Euskadi o cualquier traslado de la gestión efectiva fuera de la comunidad. Son accionistas minoritarios, pero la estructura de pactos les otorga ese control sobre la sede de decisión.
Más de 6.000 millones de euros en transacciones han blindado en cinco años la vinculación de empresas tractoras al territorio vasco, combinando capital público y privado.
Empresas y protagonistas de la ofensiva inversora
El empresario más activo ha sido José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor. Lideró la opa sobre Talgo —frenada la oferta húngara por la Sepi— y ahora aspira al control de la navarra Azkoyen. También cuenta con el respaldo del Gobierno Vasco en Innometal y Ohmnia. El Gobierno de Pedro Sánchez avaló la vía vasca en Talgo, y no se descarta una posición similar de la presidenta navarra, María Chivite, respecto a Azkoyen.
Dámaso Quintana es otro de los socios preferentes del ejecutivo autonómico. Participa en Haizea Wind y se ha incorporado al capital de Vicinay Marine. Junto a Finkatuz y la familia Ybarra Careaga, está presente en Arteche, compañía que aprovecha el auge de las redes eléctricas y que alcanzó una valoración próxima a los 2.000 millones de euros en su última ampliación de capital.
En el ámbito digital, Joseba Lekube, vinculado al PNV, lideró la compra de Ayesa Digital a través de Teknei, con el apoyo del Gobierno Vasco y las cajas regionales. La intención es fusionar Teknei y Ayesa para crear un gigante tecnológico. En Salto Systems, junto a Indar y Stellum, entró la familia Urrutia, procedente de las bodegas CVNE, que este año también ha aflorado una participación superior al 5 % en la farmacéutica Faes Farma.
Las participaciones en cotizadas también se han reforzado. El Gobierno Vasco elevó su posición en CAF hasta el 3 % en 2022; Kutxabank y BBK también están en el accionariado. BBK afloró un 3 % en Gestamp en 2025 y mantiene su peso en Iberdrola. La familia Ybarra Careaga, por su parte, ha desembarcado en Viscofan (3 %) y, junto al empresario José Poza e Inveready, lanzó una opa por Agile Content.
El contexto industrial vasco y su relevancia nacional
El tejido industrial vasco es uno de los más diversificados y exportadores de España. Según el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), la industria manufacturera representa más del 18 % del empleo en la comunidad, muy por encima de la media estatal. La política de arraigo se ampara, además, en la capacidad fiscal que otorga el concierto económico, que permite a las diputaciones forales recaudar y gestionar tributos como el Impuesto de Sociedades, facilitando la movilización de recursos públicos hacia este tipo de estrategias empresariales.
La ofensiva inversora tiene un impacto directo en el equilibrio industrial del conjunto del país. Compañías como Talgo —con plantas en Madrid y Álava—, CAF —con presencia en Beasain y Zaragoza— o Iberdrola —uno de los mayores grupos energéticos globales con sede en Bilbao— son actores estratégicos de la economía española. Cualquier movimiento en su accionariado o en su centro de decisión afecta a miles de empleos y a cadenas de suministro interregionales. La estrategia vasca de arraigo, por tanto, no solo concierne a Euskadi: es un factor de peso en el mapa industrial español.
