Inmediatamente después de perder las elecciones generales el 23 de julio, Gobierno central destinó una subvención directa de 43 millones de euros a la Generalitat, lo cual podría resultar sorprendente para la Policía Nacional y para la Guardia Civil, que se encontraba desbordada debido a la carencia de material, uniformes, recursos y personal.
Esta financiación se dirigió principalmente a la renovación de la flota de los Mossos d’Esquadra, el cuerpo policial que el movimiento independentista pretendía convertir en su propia fuerza armada durante el proceso independentista, como respuesta a los «piolines», término despectivo empleado en referencia a los policías españoles.
Una noticia que sale en plena negociación del Gobierno en funciones con los partidos independentistas por el posible acuerdo o no de una amnistía. Aunque las negociaciones están en curso y se han mantenido en gran parte en secreto, se han filtrado informes que sugieren que ambas partes están dispuestas a comprometerse. Si bien no se ha llegado a un acuerdo definitivo, los politólogos creen que se están realizando avances significativos en algunos aspectos clave de la propuesta de amnistía.
EL GOBIERNO RENUEVA LOS COCHES DE LOS MOSSOS Y ABRE UNA BRECHA EN LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
Según la información que maneja el medio de comunicación digital, El Debate. El Gobierno obsequió con la financiación de los nuevos coches de los Mossos al Gobierno de Pere Aragonès con la intención de ganar apoyos de cara a la investidura. Este plan se desarrolló en tres etapas: en primer lugar, se allanó el terreno para la subvención antes de las elecciones del 23J, con la colaboración de los Ministerios de Hacienda e Interior.
Posteriormente, se respaldó tanto la cantidad como el destino a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos una vez concluyeron las elecciones, y finalmente, la transferencia fue oficialmente aprobada en una reunión del Consejo de Ministros durante el mes de agosto. Esta decisión se justificó alegando la situación de conflicto en Ucrania y el hecho de que Pedro Sánchez ejercía el cargo en funciones después de su derrota electoral.
El coste medio de un vehículo policial ascienda a los 32.000 euros
El relato de los acontecimientos comienza al final, cuando el Gobierno, aun en funciones, aprobó dos subvenciones por un total de 43 millones de euros en su primera reunión después de las vacaciones de verano, el 22 de agosto. Estas subvenciones habían estado en preparación durante las semanas previas a las elecciones. Según documentación oficial a la que el citado medio ha tenido acceso, estos pagos se dividieron en 25 y 18 millones de euros respectivamente, y estaban destinados a financiar la transición energética en las instalaciones y flotas de vehículos del Cuerpo de los Mossos d’Esquadra.
Esta situación ha provocado un gran descontento entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quienes ya presenciaron cómo el presidente del Gobierno utilizaba la expresión «piolines» en el Congreso de los Diputados para mencionar a los policías desplegados en Cataluña durante el intento de secesión. A esto se suma la disminución de su personal, mientras que sus recursos y equipamiento continúan siendo insuficientes.
EL GOBIERNO NO SE RESPONSABILIZÓ DE LOS PUNTOS DE CARGA CUANDO RENOVÓ LOS VEHÍCULOS DE LA GUARDIA CIVIL
La iniciativa de electrificar las diversas flotas de vehículos de la administración está alineada con los objetivos de reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire, tanto a nivel gubernamental como en el contexto europeo. Como resultado, los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado han venido incorporando vehículos eléctricos e híbridos a su parque automotor.
Sin embargo, aparentemente, enfrentan un desafío que afecta a todos los usuarios de este tipo de vehículos por igual: la falta de puntos de carga para abastecer las baterías de estos coches. De acuerdo con la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), alrededor de 380 vehículos eléctricos de la Guardia Civil se encuentran paralizados e inutilizables debido a la ausencia de cargadores. Estos vehículos estarían estacionados en las instalaciones de Alcalá de Henares.
Algunos miembros de la Guardia Civil ya expresaron su descontento con el Gobierno a través de sus redes sociales, donde calificaron como «chapuza» la gestión de Pedro Sánchez y de Ejecutivo socialista en el proceso de transición hacia una Guardia Civil más sostenible. La misma información se divulgó en un comunicado emitido por Independientes de la Guardia Civil, quienes explicaban el conocimiento de la adquisición de «157 nuevas motocicletas eléctricas para el Seprona y 380 nuevos vehículos ‘ecológicos’»
Sin embargo, lamentan que debido a la falta de puntos de recarga, estos vehículos se vean obligados a permanecer estacionados. Además, asegura que para cargar dichos vehículos eléctricos se ven obligados a conectar el cable a un enchufe estándar de las instalaciones.
En contraposición, la Guardia Civil emitió un comunicado desmintiendo estas afirmaciones, aclarando que la Dirección General no tiene constancia de que ningún vehículo eléctrico se encuentre inoperativo debido a la falta de puntos de recarga. Según la Benemérita, la queja expresada por la AUGC podría deberse a una confusión. Se ha explicado que «recientemente se han recibido 230 vehículos eléctricos que actualmente se encuentran en proceso de distribución a las diferentes unidades». Por lo tanto, estos vehículos están temporalmente inmovilizados y sin uso, a la espera de ser asignados a diversas ubicaciones y unidades en todo el país.
