El PSOE espera registrar el próximo lunes, 13 de noviembre, la ley de amnistía pactada con los partidos independentistas, y su objetivo es que la proposición de ley esté firmada por sus socios de investidura que se han mostrado a favor de la medida, según fuentes de la dirección socialista.
Por tanto, esperan que la iniciativa la presenten conjuntamente con Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu y BNG, todos los socios de investidura a excepción de Coalición Canaria, que ya ha cerrado un acuerdo para hacer presidente al candidato socialista, Pedro Sánchez, aunque no está a favor de la amnistía.
Desde Ferraz señalan que no tienen «prisa» para presentar la norma y apuntan como fecha probable al próximo lunes, la víspera de la reunión semanal de la Mesa del Congreso, que es el órgano donde la iniciativa debe pasar su primer filtro. La ley de amnistía que promovieron los independentistas en 2021 murió en esa reunión de la Mesa porque los letrados y el PSOE consideraban el texto como inconstitucional.
De este modo, la proposición de ley estaría ya en el Congreso antes de la sesión de investidura, tal como han venido planteando los socialistas en las últimas semanas. El inicio de ese debate parlamentario para la reelección de Pedro Sánchez se calcula para mediados de la semana que viene.
Los socialistas ya tienen despejado el camino, después de cerrar en los últimos días los apoyos que les restaban. Este jueves firmaron un acuerdo con Junts, desde Bruselas, que incluye una ley de amnistía, el reconocimiento de ‘lawfare’, es decir de abuso judicial contra independentistas, así como un relator internacional y una negociación para traspasar el 100% de los impuestos recaudados en Cataluña.
Este viernes también han cerrado el acuerdo con el PNV en el que Sánchez garantiza traspasar todas las competencias pendientes recogidas en el Estatuto de Gernika a Euskadi. Además abre la puerta a hablar del «reconocimiento nacional» de esta comunidad autónoma, entre otras cuestiones.
El mismo día ha cerrado el pacto de investidura con Coalición Canaria a cambio del desarrollo de la conocida como ‘agenda canaria’ y la ejecución de la totalidad de los acuerdos que ambas formaciones pactaron en el marco de los Presupuestos Generales del Estado para este año.
De este modo Sánchez se asegura 179 votos favorables, tres por encima de la mayoría absoluta y por tanto debería sacar adelante la investidura en la primera votación, sin necesidad de esperar 48 horas para una segunda votación en la que solo requeriría de mayoría simple , es decir más ‘síes’ que ‘noes’.
CAUSAS PENALES, ADMINISTRATIVAS O CONTABLES
Este viernes el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños, también se ha pronunciado sobre el estado de la ley de amnistía. Ha afirmado que ya la tienen «pactada» y solo queda «algún detalle técnico» que resolverán próximamente, según ha explicado.
Auque no ha dado fechas concretas, afirma que «tan pronto como esté el texto definitivo» hablarán con el resto de grupos parlamentarios que apoyan la ley y en ese momento la presentarán en el Congreso para su tramitación. Respecto a la fecha de la investidura, no ha dado un día concreto, pero ha deslizado que será la semana que viene.
Según ha indicado en declaraciones a la Cadena SER, la idea del PSOE es que la amnistía beneficie «a todas las personas que tienen causas penales, administrativas, o contables que estén derivadas o vinculadas al proceso soberanista», en la misma línea de lo que adelantó el jueves el expresidente catalán Carles Puigdemont en una comparecencia desde Bruselas.
EL FUTURO DE BORRÁS LO DECIDIRÁ EL JUEZ
Bolaños ha indicado que hay dos momentos sustanciales, la consulta del año 2014 y el referéndum de 2017, ambos declarados inconstitucionales, según ha mencionado. Sin embargo, antes de esas fechas hubo «actos preparatorios» de esas consultas y por eso han decidido establecer un plazo desde el año 2012 hasta el 2023.
El ministro no ha aclarado si esta ley va a beneficiar a la presidenta de Junts, Laura Borrás, que fue condenada a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por delitos de prevaricación y falsedad documental.
Al ser cuestionado al respecto, ha indicado que la ley no está hecha «para beneficiar o no beneficiar a ninguna persona» en concreto, aunque ha remarcado que han de ser causas vinculadas o relacionadas con el proceso soberanista. «Lo que esté dentro del proceso soberanista será amnistiado y lo que esté fuera pues no lo será», aunque ha dejado claro que eso lo debe decidir un juez.
