La Agencia Tributaria pedirá a la Tesorería del Estado que devuelva 552.000 euros a Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según consideran fuentes de la Puerta del Sol de Madrid.
De esta forma, González Amador debería abonar 340.000 euros a la Agencia Tributaria, mientras que le deben devolver esos 552.000 euros. En total, el Estado tendría que abonar más de 200.000 euros, el «resultado final de la cacería política» que ha sufrido la pareja de Ayuso.
«La Fiscalía podría anular el juicio si se adviene al acuerdo que propone González Amador, por el cual debería pagar 340.000 €. Si la Fiscalía niega el acuerdo, será por causas políticas, no técnicas», consideran desde la Puerta del Sol.
LA FISCALÍA DE MADRID Y LA QUERELLA POR REVELACIÓN
En este sentido, las mismas fuentes consideran que «si la Fiscalía mantiene el juicio será por órdenes políticas». Además, la Agencia Tributaria reconoce que la supuesta empresa interpuesta utilizada por la pareja de Ayuso no era tal ni tampoco tenía tal fin.
Por otro lado, la querella presentada por Alberto González Amador por revelación de secretos en relación con el procedimiento por un supuesto fraude a Hacienda continúa su curso. La pareja de Ayuso apuntó a la jefa de la Fiscalía de Madrid, Pilar Rodríguez, y al fiscal encargado de la causa para obtener «réditos políticos» por el hecho de ser pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y no por interés general.
El penalista Gabriel Rodríguez-Ramos firmó la demanda, que se encamina a denunciar el uso de recursos públicos contra un rival político y también por revelar secretos. Todo, a raíz de la nota de prensa explicativa para tratar de desmontar los argumentos e informaciones supuestamente erróneas, que aludía expresamente al pacto ofrecido por la defensa de González Amador para tratar de rebajar las consecuencias de su conducta tributaria y el uso de facturaciones falsas.
EL COMUNICADO APROBADO POR GARCÍA ORTIZ
No obstante, la acción penal, además, podría dirigirse también contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien defendió el comunicado. Así, se ha pedido identificar «quién o quienes fueron las personas físicas concretas que intervinieron en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado».
En este sentido, apuntan que el comunicado no se refería al caso en sí, sino que iba más allá. «Buscar los réditos de una revelación pública de los soportes que contienen un reconocimiento de responsabilidad penal integrado en el marco de confidencialidad reforzada de las comunicaciones de una negociación con un abogado», destaca la demanda.
