Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha denunciado el hackeo de los emails del bufete que lleva su defensa. En concreto, una entrada ilegal, sofisticada y «solo al alcance de los Estados» de los ordenadores del penalista y el fiscalista que llevan su defensa penal y en la inspección fiscal.
Los hechos, según la denuncia, ocurrieron el pasado 2 de abril con el objetivo de «hacerse con los emails cruzados con su cliente». El suceso, comprobado por perito informático, se ha realizado con un sistema «muy sofisticado y solo al alcance de los Estados», es decir, un programa realizado expresamente para el espionaje, como lo fue en su día Pegasus. Por todo ello, tanto González Amador como el bufete han presentado la denuncia en los Juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid.
Los sistemas detectaron la desaparición de determinados emails que volvieron a aparecer al día siguiente. Se trataba de una serie de comunicaciones vía correo electrónico, según han señalado fuentes conocedoras del caso.
EL HACKEO A GONZÁLEZ AMADOR, PAREJA DE AYUSO
En concreto, en el escrito judicial se expone que este ‘hackeo’ se produce en el marco de su asesoramiento profesional para el intercambio de información y documentación. Relata que «las dos cuentas de correo recibieron en la mañana del 2 de abril, a las 11 horas 39 minutos, un correo electrónico enviado desde el correo personal de Alberto González Amador, correo que fue respondido a las 12 horas y 11 minutos».
«Unas horas después de haberse recibido y respondido el correo, durante la tarde del día 2 de abril esos correos desaparecieron de los sistemas informáticos para, transcurridas unas seis horas, volver a reaparecer en los sistemas ya el día 3 de abril, a las 00 hora y 09 minutos», según señala la denuncia.
Esos hechos fueron puestos en conocimiento del perito informático, quien tras analizar preliminarmente los sistemas determinó que «se había sido objeto de un ciberataque». De este modo, el ‘hackeo’ había afectado a los correos mencionados del día 2 de abril de 2024 «no teniendo transcendencia al resto de correos ni buzones corporativos».
LA DENUNCIA Y AYUDA A MICROSOFT
«El ciberataque habría consistido en retirar los correos electrónicos) de los sistemas (presumiblemente para su descarga y/o extracción de ficheros adjuntos con cientos de páginas) y posteriormente volver a ser entregados al buzón de correo de los usuarios, no levantando de esta manera sospechas sobre las actuaciones realizadas», apunta la denuncia.
La denuncia recoge que se ha solicitado ayuda Microsoft para que facilite «cuanta información disponga almacenada sobre lo sucedido en relación al funcionamiento de los servicios de correo electrónico», pudiendo por el momento garantizarse que «los correos fueron entregados, posteriormente eliminados y vueltos a entregar (simulando haber tenido una única entrega)».
En este sentido, el perito considera que se trató de un «ciberataque» contra todos los equipos informáticos de la red del bufete al considerar que podrían verse comprometidos todas las comunicaciones del despacho.
Con ello, se podían ocultar las huellas al descargar la información para después devolverla a su lugar, sin que saltaran las alarmas ni se levantaran sospechas. En este sentido, el despacho ha pedido las explicaciones oportunas al proveedor de servicio, Microsoft, con el fin de depurar todas las responsabilidades posibles.
HASTA CUATRO DELITOS EN EL HACKEO A LA PAREJA DE AYUSO
De esta forma, tratarán de conocer todos los entresijos del sistema, así como las veces que se ha utilizado el mismo ‘modus operandi’, especialmente desde que estallara el caso de su presunto fraude fiscal.
Este tipo de ataques es sumamente difícil de rastrear, más cuando se han utilizado sofisticadas herramientas para evitar las barreras antivirus, proxys y otros cortafuegos habituales instalados en los bufetes de abogados.
De nuevo, Alberto González Amador podría ser víctima de un delito de revelación de secretos, como remarcó en su denuncia contra la Fiscalía de Madrid, a la que se ha sumado también el Colegio de Abogados de la capital. Asimismo, el hackeo supone el quebranto de la protección de datos, el derecho a defensa y una posible intromisión a la intimidad.
