El martes 12 de marzo por la tarde saltó la liebre en los pasillos del Senado por unas punzantes declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, pero el ‘caso Ayuso’ comenzó mucho antes, según la cronología desvelada por la Fiscalía Provincial de Madrid para tratar de aclarar las informaciones publicadas en varios medios de comunicación, en relación a la denuncia interpuesta contra Alberto González Amador.
Según desveló El Diario.es en la noche del martes, la actual pareja de la presidenta madrileña presuntamente defraudó el impuesto de sociedades en 2020 y 2021 a través de facturas falsas y sociedades interpuestas, cuando aún no era pareja de Isabel Díaz Ayuso o al menos, no se sabía oficialmente que lo fuera. Si bien, ella ha sido el blanco de las principales quejas de sus adversarios políticos y medios afines, puesto que ahora, que ya convive con él, sí debía conocer los trámites burocráticos y judiciales que su novio y su defensa estaban llevando a cabo para zanjar el asunto.
Los delitos por los que ha sido acusado Alberto González prevén penas de cárcel de hasta seis años y el pago de multas que podrían suponer un desembolso de más de dos millones de euros. La Fiscalía Provincial de Madrid le acusa de falsedad documental y fraude fiscal por haber eludido, intencionalmente, 350.951 euros a través de un tinglado montado en torno a empresas pantallas, operaciones simuladas y facturas falsas, concretamente de 155.000 y 195.951 euros, respectivamente.
LA ASOCIACIÓN MAYORITARIA DE FISCALES EXIGE LA DIMISIÓN DE GARCÍA ORTIZ
La última en sumarse ha sido la Asociación de Fiscales, la más numerosa del Ministerio Público. En un durísimo comunicado han exigido la dimisión inmediata del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, bajo el argumento del «deber de confidencialidad» por la revelación de secretos que afectan a la pareja de la presidenta madrileña.
El deber de los fiscales pasa por la «confidencialidad que afecta al derecho de defensa» y considera que «se puede ver vulnerado con indeseadas filtraciones de las conversaciones sobre negociaciones en la búsqueda de una conformidad de las partes o de cualquier otra actuación en procedimientos que se encuentran sub iudice». «El deber de reserva afecta a los letrados defensores pero también e incluso con mayor motivo al Ministerio Fiscal como garante que es de la legalidad y la imparcialidad en los procedimientos judiciales», ha señalado.
La Asociación de Fiscales ha afirmado que, de haberse producido «la filtración por algún miembro» de la Fiscalía, «se habría vulnerado de forma grave, como mínimo, la ética que debe presidir su actuación». «Ante la actuación que daña gravemente el prestigio y la imagen del Ministerio Fiscal, la AF exige la inmediata dimisión del Fiscal General del Estado como máximo responsable de estos hechos», han considerado.
LA CRONOLOGÍA DE LA FISCALÍA
Pero según el comunicado de la Fiscalía, el 23 de enero de 2024, la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid abrió unas diligencias de investigación penal como consecuencia del escrito-denuncia remitido por la Agencia Tributaria en la que ponía en conocimiento del Ministerio Fiscal hechos que podrían ser constitutivos de delitos de defraudación tributaria y falsedad documental.
El día 2 de febrero, el letrado defensor de Alberto González Amador se puso en contacto, vía correo electrónico, con la Fiscalía Provincial de Madrid (12.45 h.) para proponer un pacto con el Ministerio Fiscal a fin de reconocer los hechos delictivos y conformarse con una determinada sanción penal. Esta propuesta de conformidad realizada por el letrado defensor reconocía la autoría del Sr. González Amador de la comisión de «dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021».
El día 7 de febrero el fiscal especialista en delitos económicos encargado del asunto dictó Decreto de conclusión de las diligencias de investigación incoadas para esclarecer los hechos denunciados por la Agencia Tributaria. En este Decreto se acordó la interposición de denuncia contra el Sr. González Amador y otros por «delitos de defraudación tributaria y falsedad documental».
El día 12 de febrero (11.34 h.) el fiscal contestó por correo electrónico al letrado defensor del Sr. González Amador y le manifestó que tomaba nota «de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas», sin que considere que la existencia de otras personas implicadas en la defraudación al erario público denunciada por la Agencia Tributaria pudiera ser un obstáculo para alcanzar una conformidad penal.
El miércoles 13 de febrero el fiscal encargado del asunto interpuso la denuncia contra el Sr. González Amador y otros cuatro individuos, así como contra ocho sociedades mercantiles, por la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública, relativos al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021, y un delito de falsedad en documento mercantil. Una semana después, el día 20 de febrero, la Fiscalía Provincial de Madrid remitió la denuncia interpuesta contra el Sr. González Amador y otros al Juzgado de Instrucción Decano de Madrid.
El día 5 de marzo, el Juzgado de Instrucción Decano de Madrid registró la denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal. Y el día 12 de marzo el fiscal encargado del asunto remitió la denuncia por correo electrónico al letrado del Sr. González Amador «para facilitarle el derecho de defensa» y le reiteró, como ya hizo el día 12 de febrero, que la existencia de otras personas denunciadas en este procedimiento no constituye un obstáculo para que se pudiera alcanzar una conformidad penal.
En definitiva, lo que trataba de aclarar la Fiscalía es que «el único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024».
MARÍA JESÚS MONTERO LO FILTRÓ EN EL SENADO
Lo que no desvelaba el comunicado de la Fiscalía es que ese mismo día, el 12 de marzo por la tarde, en los pasillos del Senado, la ministra de Hacienda desveló datos de la inspección tributaria a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, horas antes de que los publicara la prensa, aunque ella ahora alega que había leído en algún medio de comunicación que la pareja de Díaz Ayuso habría cobrado dos millones de euros en comisiones de contratos de mascarillas con la Administración. Sin embargo, las primeras noticias no se dieron hasta casi las 22.00, cuando El Diario soltó la información. De esta forma, Montero conocía de antemano los hechos que afectan a una persona investigada por la Agencia Tributaria, en concreto un particular sobre el que prevalece la presunción de inocencia.
Para el PSOE fue un revulsivo, el perfecto contraataque de los socialistas por las críticas de los populares al ‘caso Koldo-Ábalos’ y la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso, la manera perfecta para desviar un poco el foco mediático y echar la pelota al tejado de la presidenta popular, que salió en defensa de su pareja tanto el miércoles, tras el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en Leganés, como el jueves, en el pleno de la Asamblea de Madrid, donde la dijeron cara a cara que dimitiera.
«es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude, y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar por interesES»
El miércoles además, hizo unas llamativas declaraciones: «Hasta donde sé, mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora pretenden que sea el 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe. Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude, y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar por intereses», ha dicho.
El viernes 15 de marzo se desveló que la pareja de Ayuso prepara una querella contra la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, por «revelación de secretos». Y además, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha afeado a la Fiscalía Provincial de Madrid que no haya guardado silencio, un tema del que se va a seguir hablando a partir de este lunes 18 de marzo.
EL ICAM CONSIDERA DE EXTREMA GRAVEDAD EL COMUNICADO DE FISCALÍA
En concreto, el ICAM considera de «extrema gravedad» la revelación, por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid, a través de un comunicado oficial, de datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados.
Según exponen en un comunicado público, el Estatuto de la Abogacía, aprobado por Real Decreto 135/2021, en su artículo 22, establece sin paliativos el deber y el derecho de los abogados a mantener en secreto todas las comunicaciones y propuestas relacionadas con el ejercicio de su profesión, garantizando así la confianza y la protección de los derechos de sus defendido.
Además, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 4,5º, destaca el límite de la obligación de informar por parte del Ministerio Público, haciendo hincapié en el respeto al secreto del sumario y a los deberes de reserva y discreción inherentes al cargo, así como a los derechos de los implicados. Este marco legal subraya la importancia del secreto profesional, especialmente en las interacciones entre fiscales y abogados, ya sea durante las diligencias de investigación o en el transcurso de los procedimientos judiciales.
A juicio del ICAM, «la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal».
«Como garante del derecho de defensa y de todos sus colegiados/as, el ICAM defenderá a ultranza estos principios y someterá a consideración de la próxima Junta de Gobierno de este lunes, como punto extraordinario, cuantas medidas sean necesarias para garantizar que se respeten en todos los ámbitos de la práctica profesional», explican en la nota.
Por ello, a instancias de la Comisión Ejecutiva, «la Junta de Gobierno del ICAM se reunirá el próximo lunes para examinar con todo detalle estos hechos con el compromiso de velar por el ejercicio del derecho de defensa y el secreto profesional, como pilares básicos del derecho a la tutela judicial efectiva -piedra angular de nuestro Estado de Derecho- llegando hasta las últimas consecuencias». El propio ‘superministro’, Félix Bolaños, ha tratado, sin éxito, frenar el caos sembrado por una filtración interesada desde la función pública.
