El Partido Popular (PP) ha decidido elevar el tono y convertir la próxima regularización extraordinaria de inmigrantes en una batalla total que trascenderá las fronteras nacionales. Tras la reunión del Comité de Dirección celebrada este lunes, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha escenificado un rechazo frontal a lo que consideran una decisión unilateral y peligrosa del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La encargada de transmitir esta postura ha sido la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, quien ha comparecido ante los medios para desgranar una estrategia de oposición que promete agotar todas las vías posibles para frenar lo que el principal partido de la oposición define como un despropósito jurídico y social.
La advertencia de los populares llega apenas veinticuatro horas antes de que el Gobierno dé luz verde a esta medida. La formación conservadora no se limitará a la crítica parlamentaria habitual, sino que planea un despliegue de recursos que involucrará a las instituciones europeas, entendiendo que una decisión de este calado afecta directamente a la política migratoria común de la Unión Europea.
La contundencia de Ezcurra no ha dejado lugar a dudas sobre la determinación de su formación al asegurar que “no habrá instrumento político, parlamentario o jurídico, en el ámbito nacional o europeo, que el PP no vaya a utilizar para denunciar esta barbaridad”.
La ley como único paraguas posible
La argumentación del Partido Popular se asienta sobre un equilibrio entre la solidaridad humana y el cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico. Ezcurra ha querido alejarse de los extremos retóricos que suelen polarizar el debate migratorio en España, marcando una distancia tanto de las posiciones de puertas abiertas como de los discursos carentes de humanidad.
En este sentido, ha subrayado que ante la inmigración la receta debe ser “ni brazos abiertos sin orden ni puños cerrados sin compasión”. Esta tercera vía que propone el PP busca proyectar una imagen de gestión responsable frente a lo que consideran una improvisación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Para la vicesecretaria popular, la clave reside en la reciprocidad y el respeto a las normas de convivencia del país de acogida. La premisa es clara: se puede ser firme en la solidaridad y contundente en las exigencias. Según la dirigente, existe una forma alternativa de gestionar los flujos migratorios que no pase por procesos masivos de regularización que, a su juicio, terminan desbordando los servicios públicos y la capacidad de integración.
En sus propias palabras, “hay que venir a aportar, el que necesite ayuda la tendrá, pero con el paraguas de la ley. El que delinca se tendrá que ir”, una frase que resume la doctrina que el PP pretende imprimir en esta legislatura.
El efecto llamada y la sombra de las mafias
Uno de los puntos de mayor fricción reside en las consecuencias a largo plazo de esta medida. El PP denuncia una falta absoluta de transparencia por parte del Gobierno, criticando que se desconozca la cifra exacta de personas beneficiarias, su procedencia o su historial. Ezcurra ha lamentado que se siga sin saber cuántas personas se quiere regularizar, quiénes son, dónde están o cuáles son sus antecedentes penales y hojas policiales.
Esta opacidad, sostienen desde Génova, no solo genera inseguridad ciudadana, sino que supone un agravio comparativo para aquellos inmigrantes que han cumplido escrupulosamente con los cauces legales.
El análisis de la formación conservadora va más allá del impacto administrativo y advierte sobre el riesgo humanitario que conlleva lanzar mensajes de permisividad. La tesis del PP es que esta medida alimenta indirectamente el negocio de la trata de personas al generar falsas expectativas.
Al respecto, Ezcurra ha sido tajante al señalar que “decir que la irregularidad tiene premio empuja a personas desesperadas a echarse en brazos de mafias y jugarse la vida en el mar”. Esta visión sitúa la responsabilidad de las tragedias en el Mediterráneo y la ruta canaria en la política de comunicación del Gobierno, que según el PP, es percibida por las redes de tráfico de personas como una invitación al riesgo.
Un Congreso secuestrado por minorías
La comparecencia de Alma Ezcurra también ha servido para denunciar el estado de salud de las instituciones democráticas en España. El Partido Popular sostiene que el Gobierno está gobernando de espaldas no solo a la oposición, sino también a órganos consultivos y a la propia realidad parlamentaria.
La dirigente ha recordado que esta regularización cuenta con el rechazo del Congreso, del Senado y de la mayoría de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, que presentaron alegaciones que, según denuncia, nunca recibieron contestación. Además, ha apuntado a las contradicciones logísticas del plan, calificando como “increíble” que se niegue el impacto económico mientras se habilitan entidades como Tragsa o Correos como unidades de tramitación de urgencia.
Esta supuesta degradación institucional se extiende, según el PP, al bloqueo sistemático de la labor legislativa de la oposición. Ezcurra ha hecho referencia al escrito de la Fiscalía del Tribunal Constitucional sobre la Mesa del Congreso, argumentando que esto confirma que “el Legislativo está secuestrado, que el Congreso es rehén de una minoría variable que bloquea lo que no le conviene y aprueba lo que el Gobierno necesita”.
Con más de setenta prórrogas que mantienen paralizadas iniciativas populares relativas a bajadas de impuestos o medidas antiokupación, los populares ven un patrón de comportamiento que, a su juicio, asemeja al Ejecutivo español con regímenes autoritarios europeos.
El espejo húngaro y la agenda exterior
En un giro internacional de su discurso, la vicesecretaria ha comparado la gestión de Pedro Sánchez con la de Viktor Orbán tras los recientes resultados electorales en Hungría. Para el PP, la derrota de los postulados de Orbán es un triunfo de la libertad y del Partido Popular Europeo, estableciendo un paralelismo directo entre el mandatario húngaro y el presidente español, al que ha calificado como el “Orbán del Sur”. Según Ezcurra, ambos comparten una hoja de ruta centrada en “amordazar al Poder Judicial, a la prensa y colonizar las instituciones del Estado para perpetuarse en el poder”.
Finalmente, el Comité de Dirección no ha pasado por alto la situación judicial de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. Desde la sede de Génova se ha expresado un respeto absoluto a la Justicia, pero no se ha evitado la crítica política ante el hecho de que la investigada se encuentre en viaje oficial en China.
Ezcurra ha planteado una reflexión sobre la excepcionalidad de la situación española en el contexto internacional, preguntándose si existe algún otro primer ministro europeo cuya esposa haya sido llamada a testificar por la Fiscalía Europea por presunto amaño de contratos públicos gestionados desde la propia sede de la Presidencia. Para el PP, esta combinación de debilidad institucional y cuestionamiento ético dibuja un escenario de “situación increíble” que pretenden combatir en todos los frentes.
