El plan piloto del Govern para introducir Mossos d’Esquadra en institutos del Urgell y la Val d’Aran ha topado con un rechazo frontal de la comunidad educativa. La Affac, sindicatos y entidades sociales denuncian que la medida llega justo después de recortes en plantillas de educadores sociales en centros de Secundaria. La paradoja no pasa inadvertida en el Parlament.
Qué plantea exactamente el piloto del Govern
La propuesta, que la Conselleria d’Interior ha pactado con Educació, contempla la presencia estable de agentes de los Mossos d’Esquadra en varios institutos de las comarcas del Urgell y de la Val d’Aran durante el curso. No se trata de patrullas puntuales, sino de una figura permanente de referencia en el centro, con funciones de prevención y mediación en conflictos de convivencia, bullying, consumo de sustancias y uso problemático de redes.
Según el planteamiento oficial, los agentes no sustituyen al profesorado ni intervienen en cuestiones académicas. Pero sí estarían en el centro con horario estable. La Affac, federación que agrupa a la mayoría de AFA del país, ha emitido un comunicado contundente: el rechazo es total. Los sindicatos mayoritarios de la enseñanza pública se han sumado en cuestión de horas.
Por qué el enfado es tan transversal
La clave está en el contraste. En los últimos dos cursos, varios centros del sistema público han visto reducidas o directamente eliminadas las figuras de educador social y de integrador, perfiles pensados precisamente para lo que ahora se pide a los Mossos: mediar, prevenir, acompañar. La frase que circula en claustros y grupos de familias resume el malestar con crudeza: ‘despiden a educadores sociales y nos meten Mossos’.
Consultamos con fuentes del sector y la lectura coincide: no se discute la profesionalidad del cuerpo policial, se discute el modelo. La comunidad educativa entiende que la convivencia escolar es trabajo social, no trabajo policial. Y que cambiar una figura por la otra envía un mensaje simbólico poderoso sobre cómo el Govern concibe a la adolescencia.
La Affac ha pedido formalmente la retirada del piloto y la reposición de las plazas de educadores suprimidas. Los sindicatos han advertido que llevarán el asunto a la mesa sectorial. En paralelo, comunes y la CUP ya han registrado iniciativas en el Parlament para exigir explicaciones a la consejera de Educación y al conseller d’Interior en comisión.
La lectura política: un flanco inesperado para Illa
Aquí es donde el tema se vuelve incómodo para el Palau. El Govern de Salvador Illa construyó parte de su relato sobre la recuperación del servicio público tras años de recortes percibidos como propios del bloque independentista. Un piloto que combina policía en institutos con recortes previos de perfiles socioeducativos choca de frente con ese marco.
En esta redacción observamos una contradicción estratégica. Por un lado, el Departament d’Interior necesita mostrar músculo ante el aumento de incidentes reportados en centros, especialmente en torno al consumo y al acoso digital. Por otro, Educació arrastra una tensión presupuestaria que ha acabado sacrificando, entre otras cosas, a los profesionales que hacían exactamente esa tarea. El piloto resuelve el problema del primero, pero agrava el del segundo.
La comparación con otras comunidades no ayuda. En Madrid, el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar de la Policía Nacional lleva años funcionando, pero como intervención puntual y sin sustituir figuras socioeducativas. Aquí la secuencia es distinta: primero se vacía y luego se llena con otro perfil. El orden importa.
El problema no es que entren los Mossos en los institutos; es que entren después de que el Govern haya sacado a los educadores sociales que antes hacían ese trabajo.
ERC, socio parlamentario clave de Illa, ha optado por un silencio prudente que en el Parlament se interpreta como incomodidad. Fuentes republicanas consultadas por Moncloa.com reconocen que la medida no estaba en la hoja de ruta pactada y que piden una revisión antes de que el piloto se extienda a otras comarcas. Junts, por su parte, ha aprovechado para atacar por dos flancos: el ideológico y el presupuestario.
Qué territorios y qué plazos maneja la Generalitat
El piloto arrancaría en el próximo curso en centros seleccionados del Urgell y de la Val d’Aran, dos territorios con realidades muy distintas. En el Urgell, el foco declarado es el consumo y los conflictos de convivencia en institutos de Tàrrega y alrededores. En Aran, con menor masa crítica de alumnado, la figura tendría un componente más comunitario.
La memoria económica del plan no se ha hecho pública. Las entidades reclaman que se publique en el DOGC y que pase por trámite de información pública antes de su aplicación. Por ahora, nada.
El conseller d’Interior comparece en comisión parlamentaria la próxima semana. Allí se verá si el Govern mantiene el piloto tal cual, lo retoca o lo aparca a la espera de recomponer primero la red de educadores sociales. La presión de la Affac no va a aflojar. Y la foto de fondo —policía entrando donde salieron los mediadores— es muy difícil de gestionar en una legislatura que prometía otra cosa.
