EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Grupo Popular ha registrado en el Senado una proposición de ley orgánica para que los doce vocales judiciales del CGPJ sean elegidos directamente por los jueces, sin intervención del Parlamento ni del Gobierno.
- ¿Quién está detrás? El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el Grupo Popular en el Senado, que cuenta con mayoría absoluta y tiene previsto votarla en las próximas semanas.
- ¿Qué impacto tiene? La iniciativa sigue las recomendaciones de la Comisión Europea y del GRECO, y tensa el debate político al coincidir con la cascada de casos de corrupción que salpican al Ejecutivo.
El Pleno del Senado, la cámara que controlan los populares, se convertirá en pocas semanas en el escenario de un nuevo pulso institucional entre el Partido Popular y el Gobierno. La dirección nacional de Feijóo ha movido ficha este miércoles para forzar una votación sobre la despolitización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reactivando una vieja reivindicación en plena ofensiva por el rosario de causas judiciales que cercan al Ejecutivo.
La proposición de ley orgánica registrada por el Grupo Popular incorpora al detalle el diseño de una elección directa por los propios jueces, siguiendo las pautas marcadas por la Comisión Europea en su último informe sobre el Estado de Derecho en España y las reiteradas advertencias del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). El texto excluye por completo al Parlamento y al Gobierno del proceso de selección de los doce vocales de procedencia judicial, que pasarían a ser designados mediante sufragio universal, secreto y directo de todos los jueces y magistrados en activo.
La propuesta legislativa: cómo funcionaría la elección directa de los jueces
El modelo que el PP llevará al Pleno del Senado establece una circunscripción única en todo el territorio nacional y reconoce el derecho a ser elector a todos los miembros de la carrera judicial en servicio activo, sin distinción de categoría. Para garantizar la desvinculación de la política partidaria, la norma inhabilita para ser candidato a quienes hayan sido ministros, secretarios de Estado, consejeros autonómicos, alcaldes, diputados, senadores o miembros de cualquier parlamento autonómico o del Parlamento Europeo. Tampoco podrán presentarse los vocales salientes del Consejo.
El sistema de candidaturas, según el texto registrado por el GPP del Senado, combina la iniciativa individual con el aval de las asociaciones judiciales. Cada juez que desee concurrir deberá presentar 20 avales de compañeros o, alternativamente, el respaldo de una asociación profesional. A su vez, las asociaciones podrán proponer una candidatura completa con un máximo de ocho aspirantes. Sobre la papeleta única figurará una lista abierta, ordenada a partir de esas candidaturas, y cada elector marcará hasta un máximo de ocho nombres entre los doce vocales a elegir. A fin de garantizar la representación de todas las categorías, la composición final del cupo judicial del CGPJ se distribuirá así: tres vocales serán magistrados del Tribunal Supremo, tres serán magistrados con al menos quince años de antigüedad y los seis restantes serán jueces o magistrados sin requisito mínimo de experiencia. La paridad de género queda también fijada: cada sexo deberá alcanzar, como mínimo, una representación del 40%.
Por qué el PP mueve ficha ahora
El movimiento del PP en el Senado se produce a apenas 48 horas del primer test en Andalucía a la relación con Vox y en pleno debate público sobre la corrupción que afecta al Gobierno, tal y como recogía esta mañana la prensa nacional. La dirección de Génova aprovecha así la coyuntura para rescatar una demanda que ha estado presente en la agenda del partido desde hace años, pero que cobra especial fuerza después de que la Comisión Europea considerara en su informe anual, disponible en la web de la Comisión, que la politización del CGPJ sigue siendo «una preocupación» y que la opción de que los jueces elijan a los jueces es «la única ajustada a los estándares europeos».
En este contexto, la PLO del PP actúa como un mensaje doble: hacia dentro del partido, reafirma la coherencia del discurso sobre la regeneración institucional frente a las voces que, desde Vox, presionan para negociar formalmente en territorios como Andalucía; hacia Moncloa, coloca al Gobierno ante el espejo de su reiterada negativa a modificar el sistema, pese a las advertencias del GRECO y de la propia Comisión de Venecia.
El Eje del Poder Popular
La iniciativa del Senado no es solo una operación legislativa: es una declaración estratégica del PP en el inicio del segundo año de la legislatura. Desde Génova se insiste en que la despolitización del CGPJ forma parte de ese «paquete de calidad institucional» que Feijóo viene desgranando, como alternativa al «bloque de la decadencia» que, a su juicio, representa el Ejecutivo. La propuesta coloca al Gobierno ante el espejo de su negativa a reformar mientras el Senado se convierte en el ariete institucional que Moncloa no esperaba.
En el plano territorial, la elección directa de los vocales judiciales tendría un impacto inmediato en la percepción de independencia del Poder Judicial en todas las comunidades autónomas. Las doce CCAA gobernadas por el PP, que vienen reclamando más transparencia y menos interferencias desde el Consejo, ven en esta propuesta una apuesta de largo alcance que refuerza el discurso autonómico popular. La portavocía del GPP en el Senado confía, además, en que la contundencia de la mayoría absoluta —120 senadores populares, la cifra más alta en décadas— sirva para escenificar un veto político simbólico a la parálisis del Gobierno en materia de regeneración democrática.
La propuesta resucita el mandato europeo y coloca al Gobierno ante el espejo de su negativa a reformar, mientras el Senado se convierte en el ariete institucional que Moncloa no esperaba.
Sin embargo, la maniobra no está exenta de riesgos internos. Algunos barones territoriales, aunque respaldan sin fisuras la despolitización del CGPJ, observan con cautela las posibles derivadas de un choque tan frontal con el Ejecutivo justo cuando las encuestas comienzan a abrir una brecha en el electorado de centro-derecha. La alineación con Vox, sobre todo tras el pulso planteado en Andalucía, obliga a Génova a manejar los tiempos con precisión: cualquier ruido que parezca una concesión a los postulados de Abascal podría erosionar la imagen de autonomía que Feijóo quiere proyectar para las generales.
Lo que observamos desde esta redacción es que el PP ha logrado, con una jugada relativamente sencilla en términos parlamentarios, activar un debate que le coloca en el centro del espacio constitucional y que, de paso, devuelve la presión al Ejecutivo en un momento especialmente delicado. Cabe recordar que el Tribunal Constitucional ya ha tenido que pronunciarse en varias ocasiones sobre el bloqueo del CGPJ, y la propia Comisión Europea lleva años insistiendo en la necesidad de una reforma estructural. En esta ocasión, el Senado se transforma en plataforma legislativa con capacidad real de mover el tablero.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: «La justicia no puede ser moneda de cambio política. Los jueces deben elegir a los jueces sin interferencias del Gobierno ni de los partidos».
- Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP).
- Próximo hito: Votación y aprobación de la proposición de ley orgánica en el Pleno del Senado en las próximas semanas.
