El relevo del cardenal Juan José Omella al frente del Arzobispado de Barcelona se ha convertido en una operación con sello político. Según informa El Mundo, sectores del nacionalismo catalán llevan meses moviendo piezas en la Conferencia Episcopal y, sobre todo, en los pasillos del Vaticano para influir en quién será el próximo arzobispo. La maniobra reabre un debate viejo en Catalunya: el peso de la identidad nacional en el gobierno de la Iglesia catalana.
Omella, nacido en Cretas (Teruel), cumplió 79 años en abril y supera ya la edad canónica de jubilación, fijada en los 75. Presentó su renuncia hace tiempo, como marca el Derecho Canónico, y desde entonces el Vaticano la mantiene ‘in pectore’. La sede está, técnicamente, a la espera. Y en esa espera es donde se libra la batalla.
Qué busca exactamente el sector nacionalista
Lo que observamos, a partir del reportaje de El Mundo y de conversaciones con fuentes eclesiásticas catalanas, es una doble pretensión. Primera: que el sucesor sea catalán de nacimiento o, al menos, con vinculación pastoral profunda con la diócesis. Segunda, más delicada: que el perfil sea sensible al hecho diferencial, en sintonía con la línea histórica que defendieron en su día Ricard Maria Carles o, sobre todo, Lluís Martínez Sistach, partidario abierto de la singularidad eclesial catalana.
El nombre de Omella nunca cuajó del todo en ese sector. Aragonés, cercano al papa Francisco, presidente de la Conferencia Episcopal Española entre 2020 y 2024, fue percibido por una parte del clero catalán como un arzobispo enviado desde Madrid. Justo es recordar que él mismo intentó tender puentes durante el procés, con un papel discreto pero significativo en momentos de máxima tensión institucional.
Por otro lado la elección del papa León XIV en mayo de 2025 alteró los equilibrios que existían bajo Francisco, y los criterios de nombramiento episcopal se han recalibrado. El nuevo pontífice, según fuentes vaticanistas, prima perfiles de gestión doctrinal sólida y discreción política sobre cualquier consideración identitaria. Esto no juega a favor de los nombres que el sector nacionalista catalán habría tanteado en los últimos meses.
En esta redacción entendemos que la operación, tal como la describe El Mundo, tiene más de presión ambiental que de capacidad efectiva. La Nunciatura Apostólica en Madrid, que canaliza la información hacia Roma, sigue protocolos propios. Y la Conferencia Episcopal Española, ahora presidida por Luis Argüello, no comparte el sesgo de quienes empujan desde Barcelona. La estructura institucional de la Iglesia española opera con tiempos largos y resistencia a las campañas externas.
Hay un precedente que conviene recordar. Cuando en 2015 Omella fue designado para relevar a Sistach, hubo movimientos parecidos en sentido contrario: una parte del clero pedía continuidad catalana y Roma optó por un perfil de consenso eclesial pero ajeno al activismo identitario. Diez años después, el patrón podría repetirse.
La lectura política que va más allá de la Iglesia
El movimiento del nacionalismo eclesial no es ajeno al momento del Govern. Con Salvador Illa al frente de la Generalitat y un PSC que mantiene relaciones razonablemente cordiales con el Arzobispado, ERC y Junts ven con preocupación que el próximo arzobispo refuerce ese eje. Un sucesor en línea Omella —discreto, dialogante, sin marcado acento identitario— consolidaría un bloque institucional incómodo para el independentismo en una etapa en que la calle ya no acompaña como antes.
De ahí la urgencia. Y de ahí también que la operación, aunque con escasas probabilidades de éxito según las fuentes consultadas, se haya activado precisamente ahora. La sucesión no es solo una cuestión pastoral: es también una pieza más en la redefinición del catalanismo político en su versión menos visible, la de las élites culturales, eclesiásticas y económicas.
Roma decidirá. Pero la batalla por el relato ya ha empezado en Barcelona, y los próximos meses serán determinantes para ver si la presión nacionalista logra siquiera condicionar la terna de candidatos que llegará al despacho de León XIV. Por ahora, nada definitivo. La sede sigue ocupada, el cardenal Omella continúa firmando documentos, y el Vaticano observa.
