El plan piloto del Govern para desplegar Mossos d’Esquadra de paisano en institutos catalanes ha topado con una protesta pública en L’Hospitalet. Profesores, alumnos y familias de varios centros seleccionados denuncian que se enteraron por los pasillos, no por una comunicación oficial. Y el malestar crece.
Qué es el plan piloto y cómo se está aplicando
La medida, impulsada de manera conjunta por el Departament d’Interior y el Departament d’Educació, contempla la presencia puntual de agentes de los Mossos sin uniforme dentro y en el entorno inmediato de los centros, con el objetivo declarado de mejorar la convivencia escolar y prevenir conductas de riesgo. Según la información que ha trascendido, L’Hospitalet de Llobregat es uno de los municipios escogidos por la Generalitat para esta primera fase, junto con otros entornos urbanos de la región metropolitana.
El Govern defiende la medida como una herramienta preventiva, no represiva. El plan se enmarca en la estrategia de seguridad escolar del Consell Executiu y, según fuentes del Departament d’Interior, los agentes no entrarían en las aulas salvo requerimiento expreso de la dirección del centro. La idea, explican, es disuadir conflictos en los accesos y detectar de manera temprana situaciones de bullying, consumo o tensión entre grupos.
El problema es que esa narrativa institucional no ha llegado a los claustros con la misma claridad con la que se ha presentado en los despachos.
Por qué los institutos de L’Hospitalet hablan de ‘insulto’
La queja de fondo no es el agente. Es el procedimiento. Los trabajadores de los institutos afectados aseguran que nadie del Departament d’Educació les explicó previamente el alcance del despliegue ni les dio margen para opinar. Algunos representantes sindicales, citados por El Nacional, califican la medida directamente de ‘insulto’ al colectivo docente, en tanto presupone que el centro no es capaz de gestionar la convivencia con sus propios recursos pedagógicos.
El segundo punto crítico es el de la selección. La pregunta que circula en los claustros es por qué se ha escogido a estos institutos en concreto y no a otros, y qué criterios se han utilizado. La sospecha, en algunos casos, es que el indicador empleado es la composición social del barrio, no un dato objetivo de conflictividad. Eso, en una ciudad como L’Hospitalet con alta densidad migratoria en barrios como La Florida o Pubilla Cases, abre un debate incómodo sobre estigmatización territorial.
Las familias también han alzado la voz. AMPAs de varios centros piden por escrito a la consejería que aclare en qué consiste exactamente la presencia policial, durante cuántas horas y con qué tipo de protocolo de comunicación a los padres. La sensación generalizada es que se ha implementado un cambio sensible sin diálogo previo.
De hecho, hay quien va más allá. Algunos docentes consultados por medios catalanes plantean que el plan, tal y como se ha presentado, traslada al ámbito educativo una lógica de seguridad que prefieren mantener fuera del aula.
Lo que observamos no es un rechazo a los Mossos, sino el malestar de unas comunidades educativas que se han enterado por la prensa de que sus institutos eran piloto de un plan policial.
El precedente, las dudas legales y lo que viene
No es la primera vez que la presencia policial en entornos escolares genera controversia en Cataluña. Ya en cursos anteriores, programas de proximidad de los Mossos en institutos abrieron debate sobre dónde está el límite entre la prevención y la vigilancia. La novedad de este plan es el matiz del paisano: la ausencia de uniforme cambia por completo la percepción de la comunidad educativa, que pasa de saber quién es agente a no saberlo.
Hay, además, una capa jurídica que conviene observar. Cualquier intervención de un menor por parte de un agente, vestido o no, requiere protocolos específicos y, en general, presencia del equipo directivo o de los tutores. El Síndic de Greuges ya recibió en el pasado quejas similares sobre actuaciones policiales en entornos escolares, y no se descarta que el Defensor del Pueblo catalán acabe pronunciándose si las protestas se formalizan por escrito.
La lectura política tampoco es menor. El Govern de Salvador Illa ha hecho de la seguridad y la convivencia uno de los ejes de su mandato, en un contexto de presión por parte de la oposición y de demanda social en municipios como Mataró, Salt o la propia L’Hospitalet. Pero el manejo comunicativo de este plan piloto le está costando un capital político innecesario, sobre todo entre comunidades educativas que históricamente han sido afines al espacio progresista que sostiene su mayoría.
Por ahora, el Departament d’Educació no ha anunciado una reunión formal con los equipos directivos afectados, aunque varios sindicatos de la enseñanza pública la han pedido. La próxima Comissió d’Educació del Parlament será el primer termómetro real del coste político del plan. Hasta entonces, la protesta seguirá en la calle. Y en los pasillos.
