La política gallega vive una paradoja difícil de ignorar. Mientras el Partido Popular de Galicia gobierna la comunidad de forma casi ininterrumpida desde los años ochenta, el poder municipal sigue, en gran medida, en manos de la izquierda. Las principales ciudades gallegas —A Coruña, Santiago de Compostela o Pontevedra— están dirigidas por el Partido Socialista Obrero Español o el Bloque Nacionalista Galego. Incluso en Ourense, el control recae en el controvertido Gonzalo Pérez Jácome, sostenido por el propio PP para evitar un gobierno progresista.
En ese contexto, el movimiento del PP de Alfonso Rueda para hacerse con la alcaldía de Lugo mediante una moción de censura apoyada por una tránsfuga socialista no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia para corregir ese desequilibrio territorial. La operación, sin embargo, ha desatado una fuerte polémica por las circunstancias en las que se produce.
El nombre clave es el de María Reigosa, concejala que accedió al acta tras una cadena de acontecimientos trágicos dentro del grupo socialista. La muerte de dos ediles y los cambios posteriores en la lista electoral le permitieron entrar en el Ayuntamiento, donde asumió responsabilidades en el área rural. Meses después, renunció a sus funciones, abandonó la militancia socialista y pasó a ser concejala no adscrita. Su voto es ahora decisivo.
Con un empate a 12 concejales entre el bloque progresista (PSOE y BNG) y el PP, su apoyo permitirá investir a Elena Candía como nueva alcaldesa, devolviendo a los populares el control de la ciudad tras 27 años.
Pero el proceso ha estado rodeado de sospechas desde el principio. Poco antes de que se confirmara su apoyo a la moción, la Xunta de Galicia —presidida por Alfonso Rueda— sacó a concurso una plaza pública en Lugo cuyo perfil encajaba con el currículum de Reigosa, ingeniera especializada en costas.
Aunque finalmente no se presentó, la coincidencia ha sido denunciada por PSOE y BNG como un posible caso de transfuguismo incentivado, una acusación que previsiblemente acabará en los tribunales. Desde el gobierno local saliente, el relato es aún más duro.
El actual alcalde, Miguel Fernández, ha acusado al PP de aprovechar una situación marcada por la tragedia. Y es que la recomposición del pleno municipal ha estado condicionada por el fallecimiento de hasta tres ediles socialistas en los últimos años, incluyendo a la exalcaldesa Paula Alvarellos, cuya muerte súbita conmocionó a la ciudad.
Así, la moción de censura no solo se interpreta como una maniobra política, sino como el desenlace de una secuencia marcada por la fragilidad institucional y humana. «Tragedia y traición» es la expresión que más se repite en el entorno socialista, que considera que el PP ha cruzado una línea roja.
Sin embargo, desde la perspectiva de los populares, el movimiento responde a una lógica política clara. Galicia es uno de sus bastiones históricos, pero el mapa municipal sigue siendo adverso. Los socialistas gobiernan a más ciudadanos desde los ayuntamientos que el propio PP, algo que limita su capacidad de influencia territorial y simbólica.
Recuperar plazas como Lugo no solo tiene valor administrativo, sino también estratégico de cara a futuros ciclos electorales.
El caso de Ourense
El caso de Ourense ilustra bien esa lógica de poder. Allí, Gonzalo Pérez Jácome llegó a la alcaldía en 2019 gracias a una operación impulsada por el PP de Alberto Núñez Feijóo para evitar un gobierno del PSOE. A pesar de su perfil polémico y de las múltiples investigaciones judiciales que le han rodeado, su figura ha demostrado una notable resiliencia electoral.
En las municipales de 2023, no solo revalidó el cargo, sino que aumentó su apoyo, consolidándose como un actor clave en la política local. Este tipo de alianzas, así como el recurso al transfuguismo, reflejan una forma de hacer política donde la aritmética institucional pesa más que la coherencia ideológica.
En un contexto fragmentado, los equilibrios de poder se vuelven inestables y abren la puerta a movimientos tácticos que, aunque legales, generan un profundo desgaste en la confianza ciudadana. La situación en Lugo es, en este sentido, paradigmática. No se trata solo de quién gobierna, sino de cómo se alcanza el poder.
El transfuguismo, aunque no es nuevo en la política española, sigue siendo uno de los fenómenos más cuestionados por su capacidad para distorsionar la voluntad expresada en las urnas.
En Galicia, donde el PP mantiene una hegemonía autonómica sólida, la batalla municipal adquiere un significado especial. Es en los ayuntamientos donde se construye el poder cotidiano, donde se gestionan los servicios públicos y donde se articula la relación más directa con la ciudadanía. Perder ese nivel de gobierno implica ceder terreno político y simbólico.
