La Comunidad de Madrid denuncia que la deuda del Gobierno central ya alcanza los 12.367 millones de euros. Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo, ha vuelto a ponerle cifras a un agujero que, según sus cálculos, equivale al 40% del presupuesto regional de 2026. Desde octubre pasado, la deuda ha engordado en 1.867 millones, y solo en lo que va de año, la ausencia de Presupuestos Generales del Estado ha dejado sin ingresar otros 750 millones para financiar servicios esenciales.
La consejera envió una carta al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, el pasado 29 de abril. En ella reclama un real decreto ley urgente para actualizar las entregas a cuenta, las transferencias mensuales que suponen el 77% de los ingresos autonómicos. Diez días después, el silencio del Gobierno era total. La misma falta de respuesta que ya sufrió con la anterior ministra, María Jesús Montero, y que, según Albert, carece de explicación jurídica.
«No existe ningún impedimento jurídico para que el Gobierno apruebe de inmediato un real decreto ley», subraya la misiva. La Comunidad insiste en que el dinero que no llega no compromete de momento los servicios públicos, pero el enfado se extiende a todas las consejerías. La deuda acumulada desde 2019 se reparte entre varios capítulos.
Por qué la deuda ya equivale al presupuesto de sanidad de Madrid
El reparto de los 12.367 millones revelan que la mayor parte se concentra en los 6.276 millones de la propia Consejería de Economía, de los cuales 4.513 corresponden al Fondo de Competitividad no abonado entre 2019 y 2023, 765 por el retraso en las entregas a cuenta de 2026 y 993 por la infrafinanciación de los fondos europeos. Pero no es el único.
Asuntos Sociales acumula otros 2.668 millones desde 2019 por el incumplimiento de la ley de Dependencia: la norma obliga al Estado a cofinanciar el 50% del sistema, y apenas cubre el 27,9%. Medio Ambiente eleva la cifra a 2.785 millones: 1.580 del tercer ciclo del Plan Hidrológico del Tajo y 1.200 de las obras pendientes en las estaciones regeneradoras de La China, Butarque y Sur. Transportes, Sanidad, Justicia y Educación completan otros 638 millones.
El coste de la falta de pagos ya supera al presupuesto íntegro que Madrid reserva para su sanidad pública en todo 2026.
Lo que no se dice sobre la promesa fiscal de Ayuso
Mientras, la presidenta Isabel Díaz Ayuso mantiene la promesa electoral de rebajar otro medio punto el tramo autonómico del IRPF en 2027. Una medida que, según la Comunidad, ahorraría cerca de 500 millones a 2,9 millones de contribuyentes. Albert ha sido tajante: «Se cumplirá». Sin embargo, los 12.367 millones de deuda y la infrafinanciación estructural ponen en cuestión cualquier margen de maniobra.
Desde el Ejecutivo regional destacan, eso sí, que ya han ejecutado el 90% del programa de gobierno. Y advierten de que el Gobierno central tramita otras medidas —como la rebaja de jornada a 35 horas o la reducción de ratios en colegios— sin cuantificar su coste para las arcas autonómicas. Un ejemplo cercano: la rebaja del IVA de la electricidad y carburantes aprobada por el plan de respuesta a Oriente Próximo costará a Madrid 206 millones.
Una quiebra de la lealtad que se convierte en arma política
Albert resume la actitud del Ejecutivo central con una frase: «Yo decido, tú pagas». La denuncia va más allá del dinero. La Comunidad de Madrid ve una anomalía democrática en el hecho de que, con tres ejercicios sin presupuestos nuevos, las entregas a cuenta se mantengan congeladas. Observamos un patrón que no es nuevo: en la anterior legislatura, las tensiones por la financiación autonómica ya llevaron a Isabel Díaz Ayuso a recurrir al Tribunal Constitucional en varias ocasiones. Ahora, con el sistema de financiación caducado desde 2014, el conflicto se agrava.
El precedente más cercano es el litigio abierto entre 2019 y 2023 por los fondos de competitividad, cuyo fallo aún espera el Tribunal Supremo. La diferencia es que la deuda ha saltado de los 10.500 millones de finales de 2025 a los actuales 12.367 en apenas cinco meses. Otras comunidades, como Cataluña o la Comunidad Valenciana, también han denunciado impagos similares, pero la magnitud del agujero madrileño y su vínculo directo con la promesa de bajar impuestos convierten a Madrid en un caso singular. No es un simple dato contable: es munición electoral de cara a las autonómicas de 2027.
Y, mientras, la carta al ministro sigue sin respuesta. Cosas que pasan en 2026.
