El Govern ha reclamado a Aragón 790.000 euros por los murales de Sijena, una factura que el Ejecutivo de Jorge Azcón rechaza en en términos contundentes: ‘pataleta’, según la vicepresidenta Mar Vaquero.
Una reclamación con dos partidas
La petición, confirmada por fuentes del Departament de Cultura a este medio, desglosa dos conceptos: 420.000 euros corresponden a la restitución del precio que la Generalitat abonó por la compra de las obras, operación que la justicia anuló; otros 370.000 euros se reclaman por los trabajos de restauración y conservación llevados a cabo desde que las pinturas ingresaron en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) en 1940.
El Govern sostiene que, si el Tribunal Supremo obliga a devolver el conjunto —la sentencia data de mayo de 2025—, Aragón debe asumir los costes de unas obras que han permanecido casi un siglo en Barcelona. La fecha tope para la entrega era el 10 de mayo de 2026, plazo que ya ha expirado pero que la Generalitat ha recurrido ante el propio alto tribunal.
El portazo aragonés y la política de fondo
La reacción del Gobierno de Aragón no se ha hecho esperar. La consejera de Cultura, Mar Vaquero, calificó la reclamación de ‘pataleta’ y acusó a la Generalitat de ‘una total falta de respeto’ un año después del fallo del Supremo. ‘Han estado cobrando entradas por estas obras’, remarcó, en alusión a los ingresos generados por el MNAC.
La vicepresidenta aragonesa también vinculó directamente la actitud del Govern con la presión de los socios independentistas. ‘Lamento que el president Illa tenga que entrar en el juego de ERC y Junts’, señaló, en referencia a las numerosas mociones que el Parlament ha aprobado para intentar frenar el traslado.
La reclamación económica pone de manifiesto que el choque por Sijena no es solo patrimonial: es el nuevo frente político entre dos ejecutivos.
Salvador Illa camina sobre un alambre. Necesita los votos de los partidos soberanistas para sacar adelante los presupuestos, y el patrimonio cultural se ha convertido en una moneda de cambio. La insistencia del Parlament en declarar la importancia de preservar los murales y en oponerse a su retorno evidencia que el Govern no puede desactivar el conflicto, aunque quisiera.
Sijena, un conflicto con historia y uso político
La batalla por las pinturas de la sala capitular del Monasterio de Sijena es larga. En 1936, durante la Guerra Civil, un incendio devastó buena parte del cenobio. Un equipo de especialistas de Barcelona arrancó los murales para restaurarlos y salvarlos, y en 1940 ingresaron en el entonces Museo de Arte de Cataluña. Desde entonces, la propiedad ha sido disputada: el monasterio pertenecía al obispado de Lleida, pero Aragón reivindica el retorno a su territorio original.
El litigio acumula sentencias y recursos. En 2015 un juzgado oscense ordenó la devolución; tras años de apelaciones, el Supremo confirmó la obligación de devolver las pinturas. El Govern, que había llegado a adquirir las obras en 2016 por 420.000 euros, se ha visto forzado a acatar la decisión. Sin embargo, la factura que ahora presenta es una maniobra para trasladar el coste político y económico al ejecutivo de Azcón. Técnicos del MNAC habían advertido de los riesgos de deterioro durante el traslado, pero el tribunal dio prioridad al derecho de propiedad.
Analizamos esta reclamación como un movimiento táctico: la Generalitat sabe que difícilmente cobrará la cantidad exigida, pero consigue mantener viva la controversia y contentar a sus aliados parlamentarios. Al mismo tiempo, tensa las relaciones con una comunidad vecina gobernada por el PP, en un momento en que el Gobierno central de Pedro Sánchez necesita la estabilidad de los pactos territoriales. En definitiva, la reclamación de 790.000 euros es menos un intento real de cobro que una jugada en el complejo tablero catalán, donde el patrimonio cultural actúa como símbolo de resistencia identitaria. La pelota está en el tejado de Moncloa, que observa con preocupación cómo un nuevo frente entre comunidades puede erosionar la ya frágil cooperación autonómica.
