El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid ha ordenado hoy la paralización inmediata de las obras del cantón de Montecarmelo. La decisión estima las medidas cautelares solicitadas por la Plataforma No al Cantón y deja en el aire un proyecto que enfrenta a los vecinos con el Ayuntamiento desde hace meses.
El auto judicial, adelantado por ABC, señala que la parte recurrente ha expuesto «aspectos relativos a la tramitación del procedimiento administrativo» que podrían determinar la nulidad del decreto de junio de 2025. Aquella resolución aprobó el proyecto de construcción, pero el magistrado la vincula con modificaciones contractuales previas que ya fueron anuladas judicialmente.
Por qué el juez ve ‘abierta ilegalidad’ en la tramitación
El juez considera que concurren «datos objetivos muy relevantes» que evidencian una posible ilegalidad del acto recurrido. En el auto, al que ha tenido acceso esta redacción, se habla de «abierta ilegalidad» en la vinculación del decreto con resoluciones anteriores ya anuladas por los tribunales.
Además, el magistrado subraya el riesgo de que continuar las obras genere «consecuencias indeseables». Menciona daños medioambientales, afecciones a menores y un posible «extraordinario desembolso de dinero público» si la sentencia final diese la razón a los vecinos. Todo ello, según el auto, apuntala, la «apariencia de buen derecho» para frenar el proyecto.
La paralización cautelar no es el primer varapalo judicial para el Área de Urbanismo que dirige Borja Carabante. Ya en 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló varias modificaciones del contrato de limpieza que sirven de base al futuro cantón. Aquel fallo ya advertía de vicios en la tramitación administrativa.
El Ayuntamiento anunció en marzo cambios que nunca llegaron. El juez constata ahora que el discurso político y la realidad administrativa van por caminos distintos.
Del anuncio de Martínez Páramo a la ‘actitud errática’ que ve el juez
El pasado mes de marzo, el concejal presidente de Fuencarral-El Pardo, José Antonio Martínez Páramo, comunicó a los vecinos que el Ayuntamiento «renunciaba» a buena parte del proyecto. Según aquel anuncio, se eliminaba la base de Selur y se mantenían los vestuarios, además de construirse un parque. Sin embargo, el auto judicial revela que esos cambios no se han materializado en en el expediente administrativo.
El magistrado califica de «actitud errática» la postura municipal. Fuentes del Área de Urbanismo consultadas por Merca2.es admiten que los anuncios políticos se produjeron sin la correspondiente modificación del proyecto aprobada. «Hablamos de un cambio de gran calado que nunca pasó del powerpoint», ironizan desde la plataforma vecinal.
Montecarmelo no es un caso aislado: el pulso judicial a los cantones de la periferia
El conflicto de Montecarmelo se suma a una larga lista de batallas vecinales contra infraestructuras de limpieza en los nuevos desarrollos del norte de Madrid. En barrios como Las Tablas o Sanchinarro, los cantones han generado protestas sostenidas y recursos judiciales, aunque hasta ahora las suspensiones cautelares no habían prosperado con tanta contundencia.
La diferencia en este caso es el vínculo con las anulaciones previas del contrato de limpieza. Aquel precedente judicial, sumado a la falta de concreción en los anuncios políticos, construye un escenario complejo para el Ayuntamiento. Si la sentencia final confirma la nulidad del decreto de 2025, el consistorio tendría que replantear toda la estrategia de ubicación de cantones en el distrito de Fuencarral-El Pardo.
Analizamos la situación con cautela: la medida cautelar no prejuzga el fondo, pero sí revela debilidades en la tramitación que el gobierno municipal deberá subsanar si quiere retomar el proyecto. El plazo para presentar recurso de apelación es de quince días, según fuentes jurídicas consultadas. Mientras, los vecinos respiran aliviados en una batalla que, de momento, ganan en los tribunales.
