La consellera de Economía del Govern, Alícia Romero, ha lanzado un mensaje directo a Madrid en una entrevista: la estabilidad institucional que Cataluña ha logrado en los últimos meses debe ser correspondida desde el Gobierno central con avances concretos en financiación y transferencias. Una declaración de intenciones que, en pleno bloqueo presupuestario, apunta tanto a Moncloa como a los socios de investidura de Salvador Illa.
La estabilidad como moneda de cambio
Romero no ha ocultado que el Executiu depende de una geometría parlamentaria compleja. Sin presupuestos aprobados para 2026 —las cuentas siguen prorrogadas—, la consellera ha subrayado que el acuerdo con ERC y los Comuns es posible si todas las partes se centran en lo que une: los servicios públicos y la economía productiva. Los presupuestos ya están diseñados, ha asegurado, y solo falta la ‘voluntad política’ para sacarlos adelante.
La consellera ha puesto números sobre la mesa. La Generalitat maneja un techo de gasto cercano a los 30.000 millones de euros, pero la prórroga presupuestaria impide ejecutar partidas clave en vivienda, educación y sanidad. ‘No podemos permitirnos otro año de inacción’, ha advertido. El mensaje resuena en el Parlament, donde Junts y ERC mantienen posiciones contrapuestas sobre el techo de gasto y el margen de déficit.
En paralelo, la estabilidad de la Generalitat —con un Govern monocolor del PSC— se ha convertido en el principal activo negociador de Illa. Romero ha insistido en que la tranquilidad política en Barcelona debería ser un ‘incentivo’ para que el Gobierno central desbloquee las transferencias pendientes, como el traspaso integral de Rodalies o la gestión del Ingreso Mínimo Vital.
Las cuentas que necesita Illa
El contexto no es menor. La entrevista se publica la misma semana en que el Parlament debate las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, y la Conselleria de Economía ultima la presentación de la Cuenta General de la Generalitat. Sin nuevas cuentas, Illa perdería margen de maniobra ante una posible desaceleración económica.
Romero ha reconocido que la ejecución de inversiones depende en buena medida de la estabilidad regulatoria y de la confianza de los agentes económicos. ‘Las empresas necesitan certezas’, ha señalado. De ahí la insistencia en que la estabilidad catalana ‘se traslade a Madrid’. Una fórmula que, en la práctica, significa reclamar un trato preferente en financiación autonómica y un calendario claro para las transferencias.
La consellera de Economía ve en la calma política catalana un activo negociador que, según afirma, debería ser correspondido desde Moncloa con hechos y no solo con gestos.
El discurso de Romero se alinea con la estrategia del president Illa de presentar a Cataluña como un socio fiable en la gobernabilidad de España. Sin embargo, las cesiones al independentismo que Moncloa pueda hacer para mantener el apoyo de ERC y Junts en el Congreso generan recelos en el PSC, que ve cómo su mensaje de moderación se desgasta si el Gobierno central hace concesiones unilaterales a las fuerzas soberanistas.
Un mensaje a Moncloa (y al Parlament)
La entrevista de Alícia Romero trasciende el mero balance económico. Es, al mismo tiempo, un guiño a los inversores, una advertencia a los socios parlamentarios y una reclamación nítida al Ejecutivo de Pedro Sánchez. La consellera ha evitado mencionar plazos concretos, pero ha dejado claro que la paciencia del Govern no es infinita.
Desde la Conselleria de Economía se insiste en que la estabilidad política catalana no es gratis. Equivale, en su lectura, a un activo que debería traducirse en un mejor trato financiero. El precedente no es inocente: en 2024, la negociación de los presupuestos estatales se saldó con un acuerdo sobre el déficit asimétrico; ahora, con un Govern del PSC en solitario, se aspira a un paquete más ambicioso que incluya la cesión del IRPF y avances en la financiación singular.
Lo que observamos es una coreografía medida: Illa evita subir el tono con Madrid, pero su consellera de Economía marca el territorio con claridad. La próxima comisión bilateral entre la Generalitat y el Gobierno, prevista para junio, será el primer test real. Si no llegan concreciones, el mensaje de estabilidad se tornará en presión abierta.
