La expulsión de Javier Ortega Smith del grupo municipal de Vox ha chocado con el primer muro judicial. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid ha desestimado las medidas cautelarísimas solicitadas por la dirección nacional del partido contra la permanencia del concejal y otros dos ediles, Fernando Ansaldo y José Antonio Toscano, en el grupo municipal. La decisión, notificada en la tarde de ayer, permite que los tres sigan formando parte del grupo mientras se sustancia el conflicto de fondo, en lo que supone un respiro para el hasta ahora portavoz de la formación en Cibeles.
La justicia rechaza el atajo de las cautelarísimas
Según ha adelantado ABC, el auto del juzgado considera que no concurrían los requisitos de urgencia y perjuicio irreparable que justifican una medida cautelarísima sin oír previamente a la otra parte. La solicitud, presentada por los concejales afines a la dirección de Santiago Abascal —Arantxa Cabello y Fernando Martínez Vidal—, pretendía que el Ayuntamiento retirara de inmediato la condición de miembros del grupo municipal a los tres ediles expulsados de las siglas.
El juzgado ha estimado que la petición era desproporcionada. En el auto, la juez subraya que «de ninguna manera» procede acceder a lo solicitado sin un debate completo, lo que deja en suspenso la estrategia de Bambú para recuperar el control total del grupo municipal.
Ortega Smith, ex secretario general del partido, ha interpretado la decisión como un mensaje claro a la cúpula nacional. «El tribunal nos da la razón en lo fundamental», declaró anoche, según fuentes de su entorno. El edil insiste en que su expulsión del partido vulnera los estatutos internos, un argumento central en la demanda civil que ha interpuesto junto a sus dos compañeros.
Dos frentes judiciales y una guerra sin cuartel en Vox Madrid
La decisión sobre las cautelarísimas es solo la primera escaramuza. Quedan abiertos dos procedimientos de mayor calado. Por un lado, el recurso contencioso-administrativo principal, con el que la dirección nacional de Vox busca la expulsión definitiva del grupo municipal; por otro, la demanda civil presentada por los propios concejales, que sostienen que su salida del partido atenta contra sus libertades fundamentales. Ambas causas tendrán que resolverse en los próximos meses, y es probable que lleguen hasta instancias superiores.
La decisión judicial no cierra la crisis, pero le da a Ortega Smith el tiempo y la legitimidad que Bambú pretendía arrebatarle de un plumazo.
Este pulso se enmarca en una fractura interna que lleva meses escalando. La guerra en Vox Madrid estalló a raíz de la postura del partido sobre las restricciones al tráfico impulsadas por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, un asunto que dividió al grupo entre quienes defendían la línea oficial de oposición y quienes, como Ortega Smith, apostaban por una crítica más matizada de al gobierno local. Ahora, la batalla judicial añade más incertidumbre a un grupo municipal ya fracturado en la práctica.
La llave del grupo municipal y el espejo de otras crisis en Cibeles
El desenlace de esta pugna tiene consecuencias directas sobre la capacidad de acción de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Con apenas seis concejales, cualquier división interna lastra la oposición al equipo de Almeida y puede dejar al grupo sin voz unitaria en plenos y comisiones. Si finalmente se consumara la expulsión, Ortega Smith y sus dos aliados pasarían al grupo mixto o a la condición de concejales no adscritos, lo que multiplicaría la fragmentación.
No es la primera vez que un grupo municipal en Madrid vive una escisión, pero la de Vox presenta un rasgo singular: el choque directo entre la dirección nacional del partido y la cúpula local. En legislaturas pasadas, las tensiones en Ciudadanos o Más Madrid se resolvieron dentro de la propia ciudad, sin una intervención tan explícita de la sede central. Eso convierte este caso en un termómetro del modelo de partido que defiende la actual dirección de Vox, muy centralizado y con poco margen para la disidencia local.
Mientras la justicia resuelve, el grupo de Vox en Cibeles seguirá funcionando con una mayoría precaria. Los próximos plenos, incluido el de control al gobierno previsto para mediados de junio, pondrán a prueba la capacidad de los concejales para aparcar sus diferencias. En el aire queda una pregunta: ¿puede un partido que aspira a gobernar Madrid permitirse el lujo de dilapidar su presencia municipal en una guerra de trincheras? La respuesta, a la vista del auto, se aplaza al menos hasta el otoño.
