Las costuras de la Administración catalana vuelven a tensarse. Dos de sus instituciones más emblemáticas, la Conselleria d’Infància y el Consell de Garanties Estatutàries, se ven sacudidas por nuevas líneas de investigación que apuntan a fraudes y contratos irregulares. La información, adelantada por Vozpopuli, revela que la Oficina Antifrau ha reabierto pesquisas sobre plazas fantasma en pisos tutelados de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), mientras que la Sindicatura de Comptes ha detectado contratos fraccionados en el órgano que actúa como Tribunal Constitucional catalán.
El hallazgo no es menor: los testimonios de tres exempleados de la DGAIA —recogidos por El Món— relatan cómo el Govern de Pere Aragonès pagaba plazas en pisos para extutelados que, en realidad, estaban vacíos o semivacíos. Las cuentas, engordadas artificialmente, habrían permitido a las fundaciones Resilis y Mercè Fontanilles ingresar alrededor de 350 millones de euros desde que asumieron la gestión de estos servicios. La cifra duplica el presupuesto anual de muchos departamentos de la Generalitat.
Contratos fraccionados en el ‘TC catalán’
Al tiempo, un informe de la Sindicatura de Comptes ha puesto el foco sobre el Consell de Garanties Estatutàries. Según el documento del órgano fiscalizador el Consell fraccionó contratos en 2024 para cubrir necesidades recurrentes sin convocar un procedimiento único, como exige la ley. Entre 2022 y 2024, cuatro proveedores recibieron contratos menores por importes superiores al máximo permitido, incumpliendo los artículos 99.2 y 118.2 de la Ley de contratos públicos.
La anomalía alcanza de lleno a los actuales miembros del Consell —Enoch Albertí (Junts), Maria Jesús Larios (ERC) y Francesc Esteve (PSC)—, aunque la sombra se alarga sobre el presidente que ostentaba el cargo durante el periodo fiscalizado: Joan Vintrós, aún en la institución como conseller. La revelación tensa aún más el tablero político catalán, precisamente cuando se debate si la oposición recurrirá los Presupuestos de la Generalitat ante este mismo órgano para paralizar el calendario legislativo de Salvador Illa.
Plazas fantasma y pagos por jóvenes que no residían
La trama de Infancia, ya manchada por 4,7 millones en prestaciones irregulares a menores extutelados y 167,5 millones en pagos sin justificar —según la anterior investigación de la Oficina Antifrau—, da ahora un salto cualitativo. Los nuevos testimonios apuntan a que la DGAIA mantenía pagos por plazas de pisos tutelados cuando los jóvenes ya no vivían allí. «Se obviaba notificar la situación para seguir cobrando», coinciden los exempleados. El beneficio era doble: menos carga de trabajo real y un flujo constante de dinero público.
Más de una década después del ‘3%’, las costuras de la Administración catalana no han dejado de sangrar contratos a medida y facturas sin destinatario.
Las fundaciones beneficiadas —Resilis y Mercè Fontanilles— han sido apartadas de la supervisión de las prestaciones, pero siguen gestionando centros de menores, plazas de acogida y los mencionados pisos tutelados. La Generalitat ha guardado silencio, mientras ERC se esfuerza por desmarcarse de cualquier sombra de corrupción. Pero el relato de un nacionalismo inmune a la picaresca hace aguas desde, al menos, que Jordi Pujol confesó la herencia oculta.
Un patrón que erosiona la imagen de las instituciones
Lo que observamos en esta redacción es que los fraudes en Cataluña se han movido históricamente en terrenos aparentemente menores —contratos fraccionados, plazas fantasma en servicios sociales— que, sumados, configuran un agujero sistémico. La Sindicatura de Comptes es contundente: el Consell de Garanties incumplió la ley. Y los testimonios de los trabajadores de la DGAIA dibujan una cadena de connivencias que va mucho más allá de un error administrativo.
La paradoja es sonrojante: el órgano llamado a velar por la legalidad de las leyes catalanas dejó jirones de transparencia en su propia gestión. La misma institución que esta semana podría bloquear los Presupuestos de Illa es hoy cuestionada por fraccionar contratos. Y la Conselleria encargada de proteger a los menores pagaba por camas vacías mientras los niños tutelados seguían en listas de espera. El impacto político es inevitable: la oposición ya estudia llevar las cuentas al Consell, pero el Consell tiene su propia lápida de irregularidades.
Las consecuencias para el Ejecutivo de Illa, que necesita aprobar las cuentas en julio, pueden ser devastadoras. El recurso ante el Consell se perfila como un torpedo a la línea de flotación del pacto PSC-ERC, justo cuando la financiación singular ya había puesto a prueba la estabilidad del tripartito. Las nuevas investigaciones aportan un argumento más a quienes quieren descarrilar la legislatura.
Este 2026, Cataluña se enfrenta al espejo de una corrupción administrativa que ya no puede esconderse bajo la alfombra. Las ‘plazas fantasma’ y los contratos a dedo son la cara B de un sistema que, en palabras de Salvador Cardús, el nacionalismo creía a salvo de la españolización. Habrá que ver si ahora se investiga a fondo o, como ha sucedido en el pasado, todo queda en un tirón de orejas de la Sindicatura. La Oficina Antifrau tiene la última palabra. Y el Consell de Garanties, el próximo en pasar bajo la lupa.
