EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La acusación popular que coordina el PP ha solicitado al juez José Luis Calama que impute a las hijas del expresidente Zapatero por blanqueo, falsedad y organización criminal en el caso Plus Ultra.
- ¿Quién está detrás? El Partido Popular, a través de su portavoz Borja Sémper, ha reiterado su compromiso con la verdad y la justicia en una causa que salpica a altos cargos del PSOE.
- ¿Qué impacto tiene? La petición amplía el cerco judicial sobre el exministro Ábalos y su exasesor Koldo García, ya en prisión preventiva, y coloca bajo sospecha a la familia de un expresidente del Gobierno.
El Partido Popular ha dado un paso más en el ‘caso Plus Ultra’: la acusación popular que coordina solicita al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que impute por blanqueo, falsedad y participación en organización criminal a Alba y Laura Rodríguez, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El escrito, remitido este lunes a la Audiencia Nacional, pide también la imputación del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, ambos en prisión preventiva a la espera de sentencia por los presuntos amaños en los contratos de mascarillas.
La iniciativa se enmarca en la pieza abierta por el presunto tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra. El juez instructor ya considera a la sociedad Whathefav, de la que las hijas del expresidente fueron administradoras, como el ‘centro de redistribución de flujos económicos’. Según las acusaciones, Alba Rodríguez percibió 247.191 euros y Laura Rodríguez otros 199.904 euros a través de esa firma, cantidades que la investigación sitúa bajo la lupa del blanqueo.
Un movimiento que ensancha la causa
La solicitud de imputación no solo alcanza a las hijas de Zapatero. Las ocho acusaciones populares agrupadas bajo la batuta del PP piden que se cite como investigadas a más de una decena de personas, entre ellas al exdirector de Participadas de la SEPI, José Ángel Partearroyo, y al ex alto cargo de la diplomacia venezolana Ramón Gordils, a quien el escrito señala como ‘mediador en la primera aproximación de Plus Ultra al entorno’ del expresidente.
También se solicita la declaración en calidad de testigo del exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura. Este despliegue persigue reconstruir la cadena de contactos que facilitó el préstamo público de 53 millones de euros concedido en 2021 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y que, según los investigadores, pudo estar viciado por maniobras de influencia.
Ábalos, Koldo y el rastro de las visitas
Las comunicaciones intervenidas en la causa revelan, a juicio de las acusaciones, que la cúpula de Plus Ultra intentó llegar hasta el entonces ministro Ábalos y tuvo como interlocutor directo a su exasesor Koldo García. Por ello, piden al juez que ambos declaren por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y, eventualmente, organización criminal.
Otro de los puntos calientes del escrito es la petición de conocer todos los viajes internacionales realizados por Zapatero o sus hijas desde 2017 hasta ahora, con especial detalle de los efectuados a Venezuela. Las acusaciones reclaman también los registros de visitas a Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Transportes entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de mayo de 2026, centrándose en los accesos de representantes y accionistas de Plus Ultra, así como de personas vinculadas a la República Bolivariana de Venezuela.
Asimismo, se insta al juez a reclamar documentación de la Embajada de España en Caracas sobre las actividades de Zapatero en el país caribeño y, con carácter subsidiario, a librar una comisión rogatoria internacional a Venezuela para esclarecer la estructura societaria de varias empresas locales con participación en la aerolínea.
El Eje del Poder Popular
El movimiento procesal del PP no es un gesto aislado. Responde a una estrategia de desgaste judicial del Gobierno y de sus aliados que Génova 13 ha intensificado en los últimos meses. Con el expresidente Zapatero citado como investigado los próximos 17 y 18 de junio, la petición de imputar a sus hijas dispara la presión sobre el PSOE y sobre quien fuera jefe del Ejecutivo durante dos legislaturas.
En este complejo tablero, la acusación popular se erige como un instrumento de control institucional. Borja Sémper, portavoz nacional del partido, lo dejó claro frente al Congreso: aspiran a que ‘se conozca toda la verdad’ y que quienes hayan delinquido ‘den cuenta ante la justicia’. El mensaje cala en un electorado de centro-derecha que exige responsabilidades sin distinciones.
A nivel territorial, la causa puede tener un impacto desigual. Los barones populares –desde Ayuso hasta Moreno Bonilla– observan con atención cómo se desenvuelve una investigación que toca a la anterior cúpula del Gobierno. Mientras, en el Senado, la mayoría absoluta del PP servirá como caja de resonancia para interpelar al Ejecutivo de Sánchez sobre las responsabilidades políticas del préstamo a Plus Ultra.
El riesgo para el partido es moderado si la imputación no prospera; pero el rédito político de mostrar firmeza contra la presunta corrupción es evidente. De hecho, estamos ante uno de esos momentos en que el PP se arroga el papel de defensor del erario público frente a un Gobierno cuyo entorno sigue acumulando causas judiciales.
El cerco judicial sobre el círculo de Zapatero es, a día de hoy, la mayor amenaza reputacional para el PSOE desde la sentencia de los ERE.
Fianza por el importe de la deuda y reconstrucción de los expedientes de la SEPI son otras dos patas de la ofensiva. Las acusaciones consideran que el perjuicio patrimonial para el Estado podría ser muy alto y piden una fianza solidaria a los investigados equivalente al dinero presuntamente impagado. Además, exigen a la Sociedad Estatal que subsane las deficiencias detectadas por la UDEF en la entrega de documentación, incluyendo la identificación de los responsables del expediente.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: ‘Cero impunidad. Quien haya utilizado los recursos públicos en beneficio propio tendrá que responder ante los tribunales, sin importar el apellido ni el pasado político’.
- Protagonista: Borja Sémper (portavoz nacional del Partido Popular).
- Próximo hito: Declaración como investigado del expresidente Zapatero los días 17 y 18 de junio en la Audiencia Nacional.
