El Consejo Fiscal Europeo (EFB, por sus siglas en inglés) ha acusado este miércoles a la Comisión de Ursula von der Leyen de sacrificar la disciplina fiscal ante las “presiones políticas” del presidente Pedro Sánchez y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. La razón: Bruselas ha permitido excluir del cómputo del déficit las ayudas energéticas destinadas a hogares y empresas, ampliando así la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad.
El órgano independiente —el equivalente supranacional de la AIReF— sostiene que esta medida representa un impulso fiscal innecesario y potencialmente inflacionista, justo cuando la inflación repunta con fuerza. También alerta de que los países más endeudados, como España e Italia, podrían ver encarecidos sus costes de financiación si los mercados interpretan el gesto como un nuevo paso atrás en la consolidación presupuestaria.
Un estímulo de hasta el 0,3% del PIB que no contabiliza como déficit
El pasado 3 de junio, la Comisión anunció que los Estados miembros podrán gastar hasta un 0,3% de su PIB en ayudas energéticas al año sin que ese desembolso compute a efectos del límite de déficit del 3%. En el caso español, la cifra equivale a unos 5.000 millones de euros anuales. La medida estará vigente entre 2026 y 2028, con un techo acumulado del 0,6% del PIB.
El mecanismo se articulará mediante una ampliación de la cláusula nacional de escape que ya contemplaba el Pacto de Estabilidad para el gasto en Defensa, que permite a los Gobiernos elevar el desembolso militar hasta un 1,5% del PIB sin exponerse a sanciones. Dentro de ese margen quedará incluido el nuevo colchón destinado a ayudas energéticas.
Según la Comisión, la respuesta se adoptó “a petición de los Estados miembros” para hacer frente al encarecimiento de la energía tras la guerra de Irán. Entre las actuaciones que se podrán acoger figuran las ayudas a hogares y empresas para reducir la dependencia de combustibles fósiles, inversiones en electrificación, redes, almacenamiento y programas de eficiencia energética.
La flexibilización a medida erosiona la credibilidad del Pacto de Estabilidad y abre la puerta a que cada crisis se convierta en excusa para posponer los ajustes fiscales.
La carta que inclinó la balanza: Meloni le recordó a Von der Leyen que el ciudadano no entendería dos varas de medir
Hasta hace apenas dos meses, la Comisión se oponía a una nueva relajación fiscal. Argumentaba que la mayoría de los Estados carecían de margen presupuestario y que un incremento del gasto público reavivaría el riesgo de una crisis de deuda. Sánchez, sin embargo, reclamó un cambio de postura durante la cumbre informal de Chipre celebrada a finales de abril.
El factor que terminó por inclinar la balanza fue una carta remitida por Meloni a Von der Leyen. En ella, la primera ministra italiana advertía de que los ciudadanos no entenderían que la UE flexibilizara las reglas para aumentar el gasto en Defensa pero no para financiar ayudas energéticas. Un argumento que, junto con la tenacidad de Sánchez, acabó por doblar el brazo de Bruselas.
El propio Ejecutivo comunitario reconoció en su justificación que la medida servía para “contribuir a la seguridad y la defensa de Europa” reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles importados. Una equiparación que el Consejo Fiscal Europeo califica de “muy cuestionable” en su informe.
El Eje del Poder Europeo
La decisión de Bruselas no gusta en los países frugales del norte. Países Bajos, Austria y las cuatro economías nórdicas ya han expresado en privado su malestar por una flexibilización que, a su juicio, premia la indisciplina fiscal de los Estados del sur.
Para España, el alivio presupuestario a corto plazo puede convertirse en un problema a medio plazo. El EFB recuerda que la deuda pública española sigue por encima del 100 % del PIB y que cualquier repunte de los costes de financiación —ya sea por la inflación o por la desconfianza de los mercados— elevará la factura de los intereses.
La lectura estratégica va más allá. La repetición de cláusulas de escape cada vez que existe presión para aumentar el gasto refuerza la idea de que las reglas fiscales europeas son solo orientativas. Como señala el supervisor, “la política fiscal no implica renuncias ni compensaciones”. Algo que, en un momento en el que la fragmentación política amenaza con diluir la disciplina común, resulta un precedente peligroso.
Sánchez y Meloni han ganado esta batalla. Pero la guerra por la credibilidad del marco fiscal acaba de empezar.
