Durante décadas, la Ertzaintza fue uno de los principales símbolos del autogobierno vasco. Concebida como una policía propia, alejada de los cuerpos estatales y presentada como una institución cercana a la sociedad vasca, se convirtió en una de las grandes apuestas políticas del Partido Nacionalista Vasco. Sin embargo, aquello que durante años fue exhibido como uno de los mayores logros de la autonomía se ha transformado progresivamente en una fuente de controversias que comienza a generar importantes costes políticos para el PNV.
Las imágenes de la actuación policial contra activistas de la Flotilla Global Sumud en el aeropuerto de Loiu han vuelto a situar a la policía autonómica en el centro del debate público. Los vídeos de agentes golpeando con porras, reduciendo a manifestantes y practicando detenciones durante la recepción de activistas propalestinos dieron la vuelta al mundo y provocaron críticas de organizaciones sociales, colectivos de derechos humanos e incluso de representantes internacionales.
El episodio ha reabierto una discusión que va mucho más allá de una actuación concreta. Cada vez son más las voces que cuestionan la evolución de la Ertzaintza y los vínculos que distintas instituciones vascas mantienen desde hace años con empresas y organismos relacionados con el aparato de seguridad israelí.
La Ertaintza, de símbolo nacional a foco de polémicas
Cuando el nacionalismo vasco impulsó la consolidación de la Ertzaintza, el objetivo era construir una policía que reflejara una identidad propia y diferenciada. La creación de un cuerpo autonómico fue presentada como una herramienta fundamental para el autogobierno y como una alternativa a las fuerzas de seguridad estatales.
Durante años esa imagen se mantuvo relativamente intacta. Sin embargo, el paso del tiempo ha ido erosionando parte de aquel consenso.
Las denuncias por actuaciones policiales controvertidas, el creciente malestar de determinados movimientos sociales y las críticas por el uso de material antidisturbios han provocado un desgaste que se ha intensificado especialmente en los últimos años.
La carga policial registrada en el aeropuerto de Bilbao ha sido interpretada por numerosos sectores como un nuevo ejemplo de una deriva que consideran cada vez más preocupante. Las imágenes provocaron una oleada de reacciones dentro y fuera de Euskadi y colocaron nuevamente al Gobierno Vasco en una posición incómoda.
El actual consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, defendió la actuación policial y sostuvo que los incidentes se produjeron tras enfrentamientos con los agentes. Sin embargo, las explicaciones oficiales no lograron frenar las críticas.
Los contratos que alimentan la controversia
Buena parte del debate actual gira alrededor de las relaciones comerciales y contractuales existentes entre la administración vasca y empresas vinculadas al sector de seguridad israelí.
Diversas investigaciones periodísticas han documentado durante los últimos años contratos millonarios adjudicados a compañías israelíes o a empresas distribuidoras de tecnología desarrollada en Israel.
El volumen económico de estas relaciones resulta significativo. Las adjudicaciones abarcan desde sistemas informáticos y programas de ciberseguridad hasta equipamiento policial, material balístico y servicios de formación.
Para los sectores críticos, estas contrataciones representan mucho más que simples operaciones comerciales. Consideran que implican una colaboración indirecta con una industria estrechamente vinculada al aparato militar y de seguridad israelí.
La polémica se ha intensificado especialmente desde el inicio de la ofensiva militar israelí sobre Gaza. Mientras numerosas instituciones europeas revisaban sus relaciones comerciales con empresas vinculadas a Israel, las administraciones vascas continuaron manteniendo distintos contratos en ámbitos tecnológicos y de seguridad.
El debate sobre la «israelización» de la seguridad
La controversia adquirió una nueva dimensión después de las declaraciones realizadas por integrantes de la Flotilla Global Sumud y por diversas organizaciones solidarias con Palestina.
Los activistas denunciaron que las tácticas utilizadas durante la actuación policial recordaban a doctrinas de seguridad desarrolladas por Israel y posteriormente exportadas a otros países.
Aunque estas afirmaciones son objeto de debate político, lo cierto es que desde hace décadas existe una intensa actividad internacional de exportación de tecnología y conocimientos en materia de seguridad procedentes de Israel.
Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado repetidamente que muchas de estas tecnologías son desarrolladas en el contexto de la ocupación de los territorios palestinos y posteriormente comercializadas como sistemas probados en situaciones reales.
La discusión no afecta únicamente a Euskadi. En numerosos países europeos se ha abierto un debate similar sobre la adquisición de herramientas de vigilancia, reconocimiento facial, control fronterizo y equipamiento policial procedentes de empresas israelíes.
Sin embargo, en el caso vasco la cuestión adquiere una dimensión política adicional debido al carácter simbólico que históricamente ha tenido la Ertzaintza para el nacionalismo institucional.
Una relación de décadas
Los vínculos entre instituciones vascas y empresas relacionadas con la seguridad israelí no son recientes. La documentación publicada por diversos medios muestra que durante décadas se han producido colaboraciones en ámbitos como la formación policial, la adquisición de equipamiento especializado y la contratación de servicios tecnológicos.
Algunas de estas relaciones se remontan incluso a los primeros años de desarrollo de la policía autonómica. Con el paso del tiempo, la cooperación se amplió hacia sectores como la ciberseguridad, la protección de infraestructuras críticas y los sistemas de vigilancia.
La dimensión alcanzada por estas relaciones es precisamente uno de los aspectos que más preocupa a quienes cuestionan el modelo actual de seguridad impulsado desde el Gobierno Vasco. Para estos sectores, la Ertzaintza ha ido incorporando progresivamente herramientas, procedimientos y dinámicas que la alejan de la imagen de proximidad con la que fue concebida.
El desgaste político del PNV
El problema para el PNV es que la polémica afecta directamente a una de sus principales señas de identidad institucional. La Ertzaintza no es simplemente un cuerpo policial. Representa una de las competencias más visibles del autogobierno vasco y uno de los símbolos políticos construidos por los gobiernos nacionalistas durante las últimas décadas.
Por ese motivo, cada controversia relacionada con la actuación policial termina proyectándose sobre el Ejecutivo autonómico y sobre el propio partido. La situación resulta especialmente delicada en un contexto político marcado por la creciente competencia con EH Bildu y por una mayor sensibilidad social hacia cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la solidaridad internacional.
La causa palestina ha adquirido una enorme relevancia en amplios sectores de la sociedad vasca. Las imágenes de la actuación policial en Loiu provocaron una reacción especialmente intensa precisamente porque afectaban a activistas vinculados a ese movimiento de solidaridad.
Para muchos ciudadanos, la contradicción resulta evidente: mientras las instituciones vascas expresan públicamente preocupación por el genocidio en Gaza, continúan manteniendo relaciones contractuales con empresas relacionadas con el sector de seguridad israelí.
La batalla interna en la policía vasca
A las controversias externas se suma otro fenómeno que también preocupa al Gobierno Vasco: la transformación del panorama sindical dentro de la propia Ertzaintza.
Las últimas elecciones sindicales reflejaron cambios importantes en la representación de los agentes y evidenciaron la aparición de corrientes cada vez más críticas con la gestión del Departamento de Seguridad. El ascenso de nuevas organizaciones sindicales y la creciente influencia de sectores corporativos han abierto un escenario complejo para el Ejecutivo.
Algunos analistas interpretan estos movimientos como una señal de que la policía autonómica atraviesa una fase de redefinición interna que puede tener consecuencias políticas a medio plazo. La combinación de conflictos laborales, cuestionamiento social y polémicas internacionales configura un escenario especialmente incómodo para el PNV.
