El reloj corre para el Gobierno. La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, y dos de sus consejeros terminan su mandato de seis años el 16 de junio. Moncloa ha desplegado una negociación a múltiples bandas en el Congreso para renovar los cuatro puestos vacantes —también el que dejó libre Pilar Sánchez en enero— y, de paso, blindar la presidencia del regulador hasta 2032. Según ha adelantado infoLibre, el Ejecutivo busca cerrar un acuerdo con ERC, Junts EH Bildu, PNV y BNG antes de que venza el plazo.
Una renovación con fecha de caducidad
El procedimiento, regulado por la Ley 3/2013 aprobada por el PP de Mariano Rajoy, da al Gobierno la potestad de nombrar a los miembros del consejo de la CNMC mediante real decreto, previa comparecencia de los candidatos ante la Comisión de Economía del Congreso. Esa comisión puede vetar el nombramiento, pero necesita una mayoría absoluta: al menos 19 de sus 37 diputados. El Partido Popular, con 14 escaños, y Vox, con tres, alcanzan 17. Les faltan al menos dos apoyos adicionales para bloquear. El Ejecutivo, que controla 12 escaños del PSOE y tres de Sumar, sabe que no puede pactar con el PP y ha centrado las conversaciones en sus socios parlamentarios: ERC, Junts EH Bildu, PNV y BNG (un escaño cada uno). La ley no exige el voto afirmativo de los diputados; basta con que no se alcance el veto para que los candidatos designados por el Consejo de Ministros tomen posesión. El apremio es real, aunque técnicamente los mandatos expiran el 16 de junio y el consejo puede seguir en funciones hasta que se produzca el relevo.
La operación no es menor. Quien ocupe la presidencia ahora tendrá mandato hasta 2032. Es decir, la decisión de este Consejo de Ministros condicionará la supervisión de los mercados de energía, telecomunicaciones, transporte y competencia durante la próxima década, y blindará el regulador frente a un eventual cambio de ciclo político.
El PP bloquea el DSA mientras presiona para condicionar la renovación
En su última comparecencia ante el Congreso, el 21 de abril, la presidenta Fernández lanzó un mensaje claro: la CNMC lleva más de un año sin poder ejercer las funciones que le asigna el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la UE. El Gobierno designó al organismo como autoridad coordinadora en enero de 2024, pero el Congreso, con el voto en contra del PP, ha rechazado dos veces la proposición de ley necesaria para dotarle de instrumentos de investigación y sanción. La oposición argumentó que ampliar competencias antes de renovar el consejo era crear un instrumento de control político. El problema, subrayó Fernández, es que el DSA no es opcional: Bruselas ya ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (asunto C-841/25) por incumplir la normativa europea, con riesgo de sanciones económicas. La presidenta recordó también que la CNMC presidirá el organismo de reguladores europeos de telecomunicaciones (BEREC) en 2027 y que durante 2025 ocupó la presidencia del Media Board de la UE, encargado del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA). «El prestigio de la institución está en juego», vino a decir.
Además, el EMFA asigna también funciones al regulador que siguen sin desplegarse. La estrategia del PP, que recuerda al bloqueo mantenido durante años con el Consejo General del Poder Judicial, consiste en condicionar el desbloqueo legislativo a un reparto de consejeros de su agrado. Pero a diferencia del CGPJ, aquí el mecanismo parlamentario no le permite un veto indefinido si no suma la mayoría absoluta necesaria, algo que no tiene.
La CNMC es el escudo institucional que garantiza reglas claras ante las grandes plataformas digitales, los monopolios energéticos y las telecos. Su renovación define quién protege el interés público durante la próxima década.
El Eje del Poder Socialista
La negociación muestra las costuras de la coalición y la complejidad de la aritmética parlamentaria. El PSOE aspira a mantener la presidencia y un consejero, como en 2020. Sumar reclamará otro asiento —entonces lo hizo Podemos—, y ERC otro. El cuarto puesto, sin embargo, es la incógnita que tensa las conversaciones. Junts, que ya obtuvo en 2024 el nombramiento de Pere Soler, no está satisfecho con el actual reparto y quiere designar a un nuevo representante. Su descontento se agravó porque Soler no se opuso frontalmente a la opa del BBVA sobre el Sabadell, según fuentes del partido. Si Junts se alinea con PP y Vox, podría sumar los dos votos que les faltan para bloquear la renovación y abrir una crisis de gobernabilidad en el Gobierno.
En el plano territorial, la renovación de la CNMC tiene consecuencias directas sobre la economía digital y energética en comunidades como Cataluña, donde el debate sobre las plataformas digitales es muy vivo, o en el País Vasco, donde la regulación energética es clave. La regulación del mercado de las telecomunicaciones afecta a la cobertura rural, la competencia en banda ancha y la inversión en fibra, aspectos que los gobiernos autonómicos socialistas —Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra y la Generalitat bajo la presidencia de Illa— observan con interés y tienen en sus agendas para cerrar la brecha digital. Asimismo, las decisiones sobre tarifas eléctricas impactan directamente en la industria de regiones como Asturias y Castilla-La Mancha.
A medio plazo, la operación pretende blindar la presidencia hasta 2032, un movimiento que Ferraz interpreta como la construcción de diques de contención institucional ante el riesgo de que, tras las próximas generales, un Ejecutivo de derecha intente desmontar el andamiaje regulatorio levantado durante los últimos años. No es casualidad que el PP esté presionando ahora: si el bloqueo fracasa, el Gobierno habrá consolidado un regulador con competencias ampliadas y con una mayoría de consejeros afines al actual Ejecutivo durante toda la próxima legislatura. La incógnita es si Sánchez conseguirá atar todos los cabos antes del martes.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Garantizar la independencia del regulador frente al bloqueo institucional del PP.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno).
- Próximo hito: El acuerdo debe cerrarse antes del 16 de junio; sin él, España corre el riesgo de incurrir en una crisis regulatoria con la UE.
