Un dictamen jurídico encargado por Greenpeace Países Bajos concluye que el contrato firmado en mayo de 2026 entre la suizo-holandesa Allseas y The Metals Company (TMC) para extraer nódulos polimetálicos del fondo marino viola de forma directa la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). La opinión legal, elaborada por el catedrático André Nollkaemper de la Universidad de Ámsterdam, establece que el Gobierno neerlandés está jurídicamente obligado a intervenir contra una actividad que ya no es una amenaza futura, sino “un hecho presente y en curso”.
Vamos a los datos. El análisis jurídico señala que el acuerdo entre Allseas y TMC se apoya en una autorización unilateral de Estados Unidos, al margen de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), el único organismo con competencia para regular la explotación de los fondos marinos internacionales bajo el paraguas de la UNCLOS. Según el dictamen, los artículos 137 y 139 de la convención vinculan directamente a los Estados parte, lo que impone a Países Bajos la obligación de tomar “medidas razonablemente apropiadas” para impedir que empresas bajo su jurisdicción participen en minería submarina fuera del mandato de la ISA.
La minería submarina sin supervisión internacional no es un proyecto de futuro: es una realidad contractual activa con Allseas como pieza tecnológica central.
La letra pequeña del contrato Allseas-TMC: por qué viola la UNCLOS
El contrato de mayo de 2026 entre Allseas y The Metals Company es el primer acuerdo comercial de producción de nódulos del lecho marino sin el paraguas de la ISA. La UNCLOS, ratificada por 169 países (incluido Países Bajos), protege los fondos marinos como patrimonio común de la humanidad y prohíbe su explotación unilateral. El dictamen de Nollkaemper es contundente: al acogerse a una vía exclusivamente estadounidense, el contrato elude el marco multilateral y coloca a Allseas —el mayor accionista estratégico de TMC y propietario del único buque operativo de minería profunda— en una posición de violación activa del derecho internacional.
El catedrático detalla tres obligaciones concretas para el Estado neerlandés: primero, debe impedir que empresas bajo su control participen en minería en aguas profundas sin mandato de la ISA; segundo, no puede reconocer ni permitir el comercio de minerales extraídos de forma unilateral; y tercero, debe desarrollar legislación nacional que prohíba expresamente estas operaciones. Mientras esa ley no esté en vigor, Nollkaemper recuerda que el Gobierno puede recurrir a los tribunales civiles para hacer que Allseas rinda cuentas.
La presión política crece en paralelo a la jurídica. Greenpeace Países Bajos y otras cinco organizaciones ecologistas han enviado una carta urgente al Ejecutivo neerlandés exigiendo una intervención regulatoria inmediata. Además, reclaman que el país se sume a la alianza de más de 40 naciones que piden una moratoria internacional o una pausa cautelar en la minería submarina en el seno de la ISA.
El buque que convierte la amenaza en realidad y el hallazgo del ‘oxígeno oscuro’
Allseas, tradicionalmente un operador de petróleo y gas offshore, se ha reposicionado como el habilitador tecnológico de la minería en aguas profundas. La compañía posee y opera el único buque de minería submarina funcional del mundo, adaptado expresamente para recolectar nódulos polimetálicos del lecho abisal. Esta capacidad operativa es la que transforma la amenaza teórica en una realidad contractual: sin el buque de Allseas, TMC carecería de la infraestructura para ejecutar su plan de extracción.
El contrato entre ambas empresas se produce mientras la ciencia marina advierte de las consecuencias de alterar uno de los últimos espacios vírgenes del planeta. Los investigadores estiman que hasta el 90 % de las especies que habitan esas profundidades extremas aún no han sido descubiertas. El último hallazgo relevante añade una capa de complejidad al debate: los propios nódulos polimetálicos que TMC y Allseas quieren extraer generan “oxígeno oscuro” en el fondo marino, un proceso que podría ser crucial para sostener redes de vida únicas en el abismo.
El Parlamento Europeo ya se pronunció en una resolución reciente que insta a los Estados miembros a responder con “medidas apropiadas” ante cualquier intento de eludir a la ISA y a actuar contra las empresas domésticas que no cumplan. La pelota está ahora en el tejado del Gobierno neerlandés, que debe decidir si actúa con la contundencia que exige el derecho internacional o permite que una empresa con sede en su territorio participe en una explotación que la propia ONU considera ilegal.
El contrato Allseas-TMC es el primer test real de si una empresa puede sortear el derecho del mar con una bandera de conveniencia jurídica.
Análisis: el riesgo ESG de financiar la minería profunda fuera de la legalidad internacional
El dictamen de la Universidad de Ámsterdam no solo obliga a Países Bajos a actuar; redefine el perfil de riesgo de cualquier inversor que esté expuesto a Allseas o a The Metals Company. Desde la óptica de los criterios ESG, una empresa que opera al margen de la UNCLOS acumula un pasivo jurídico, reputacional y financiero que ninguna calificación de sostenibilidad puede ignorar. El artículo 137 de la convención es claro: ningún Estado puede ejercer soberanía sobre los fondos marinos ni autorizar su explotación privada fuera del sistema de la ISA. Cualquier activo obtenido en esas condiciones carece de título legal.
Esto afecta directamente a la cadena de suministro de minerales críticos. TMC aspira a suministrar níquel, cobalto y manganeso para la transición energética, pero si el origen de esos minerales es ilegal según el derecho internacional, las empresas que los incorporen a sus baterías o turbinas se exponen a un escrutinio regulatorio severo. La Taxonomía Verde europea y la próxima entrada en vigor de la CSRD obligan a reportar la trazabilidad de las materias primas y a evaluar los riesgos de gobernanza en toda la cadena de valor. Un mineral extraído con un contrato que viola la UNCLOS difícilmente puede superar ese filtro.
La resolución del Parlamento Europeo añade una dimensión geopolítica: los Estados miembros de la UE tienen la obligación de tomar medidas contra empresas que eludan a la ISA. El precedente que siente Países Bajos será determinante. Si el Gobierno actúa y lleva a Allseas ante los tribunales civiles, se establecerá un estándar de facto que otras jurisdicciones podrían replicar. Si no lo hace, el mensaje para el mercado será que la UNCLOS es papel mojado cuando choca con intereses corporativos, lo que dispararía la prima de riesgo regulatorio para cualquier proyecto de minería submarina. La propia TMC cotiza en bolsa: la incertidumbre jurídica sobre su contrato principal es un material risk que ningún analista ESG debería pasar por alto.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: El dictamen jurídico bloquea de facto un contrato que permitiría la explotación unilateral de miles de kilómetros cuadrados de lecho marino sin supervisión internacional.
- Modelo que cambia: La minería submarina no puede operar al margen de la UNCLOS; cualquier empresa que lo intente se enfrenta a acciones legales y a la exclusión de las cadenas de suministro reguladas por la Taxonomía Verde y la CSRD.
- Para las próximas generaciones: Proteger el fondo marino como patrimonio común de la humanidad garantiza que los ecosistemas abisales —y el oxígeno oscuro que generan— no sean sacrificados antes de que la ciencia haya podido siquiera catalogarlos.
