La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha advertido este miércoles de que encarecer el despido supondría un duro golpe para las pequeñas y medianas empresas gallegas, ya sometidas a una presión fiscal y regulatoria creciente. La patronal gallega reclama al Gobierno central que respete el diálogo social y no imponga reformas unilaterales.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La vicepresidenta Yolanda Díaz ha anunciado una reforma para incrementar los costes del despido en España este año.
- ¿Quién está detrás? La CEG, la Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) y la Confederación Empresarial de Ourense (CEO) han alzado la voz contra la medida.
- ¿Qué impacto tiene? Las pymes gallegas, que son el 99 % del tejido productivo, afrontarían mayores costes laborales en un momento de incertidumbre económica.
La patronal gallega exige respeto al diálogo social
El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, ha calificado de “especialmente grave” cualquier intento de cuestionar la representatividad de las organizaciones empresariales. “Las pymes constituyen la inmensa mayoría del tejido empresarial gallego y son esenciales para el empleo, la cohesión territorial y el mantenimiento de la actividad económica, especialmente en el ámbito rural”, ha subrayado en un comunicado.
Vieites ha recordado que “el diálogo social debe sustentarse en el respeto institucional, la pluralidad y la seguridad jurídica”. Además, ha advertido de que “nuevas medidas orientadas a incrementar los costes empresariales, como el encarecimiento del despido, se suman a un contexto ya especialmente complejo para las empresas, marcado por el aumento continuado de los costes laborales, la presión fiscal, la inflación regulatoria y la creciente burocracia administrativa”.
Unanimidad territorial contra la reforma
La Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) ha secundado la posición de la CEG. Su presidente, Jorge Cebreiros, ha defendido el diálogo social como “el pilar de toda democracia” y ha afirmado que tomar decisiones que afectan al empleo y a la competitividad sin contar con quienes representan a las empresas es un “error” con “consecuencias reales”.
Desde Ourense, la CEO ha compartido la “inquietud” por la proliferación de anuncios adoptados sin negociación efectiva previa. “El diálogo social ha sido una de las herramientas más valiosas para garantizar estabilidad económica, seguridad jurídica y cohesión social en nuestro país”, han insistido.
Las empresas gallegas, y particularmente las microempresas y pymes, necesitan estabilidad, certidumbre y medidas que favorezcan la inversión, no nuevas cargas que dificulten su viabilidad.
El Laboratorio Gallego
Galicia es un buen termómetro de cómo las reformas laborales de calado impactan en economías dominadas por la pequeña empresa. Con más de 232.000 pymes que emplean a siete de cada diez trabajadores, cualquier aumento del coste del despido golpea directamente la capacidad de reacción de los negocios más pequeños, sobre todo en el sector servicios y en el rural.
La Xunta de Galicia, con Alfonso Rueda al frente, ha mantenido tradicionalmente un discurso favorable a la flexibilidad laboral y ha pedido reiteradamente al Gobierno central que no legisle de espaldas a los agentes sociales. Ahora, el anuncio de Yolanda Díaz permite al PPdeG reforzar su argumentario de que Madrid impone “reformas ideológicas” que lastran la competitividad de las comunidades periféricas. Feijóo ya ha utilizado en múltiples ocasiones el modelo gallego de estabilidad presupuestaria y diálogo social como contrapunto a las políticas del Ejecutivo central, y esta contestación empresarial a la reforma del despido encaja en esa narrativa.
En clave nacional, la ofensiva de la CEG y de las patronales provinciales no es un hecho aislado: Cepyme ha expresado una preocupación similar, y el PP puede capitalizar el malestar del empresariado. La vicepresidenta Díaz aspira a consolidar su espacio político con una medida que amplía la protección del trabajador, pero en territorios como Galicia, donde el mercado laboral ya sufrió intensos ajustes durante la crisis de 2008, el temor a un frenazo en la contratación es tangible. La próxima reunión del Consello de Goberno de la Xunta podría escenificar un nuevo choque institucional entre Santiago y Madrid.
Ficha del Caso
- El caso: La patronal gallega CEG rechaza el encarecimiento del despido impulsado por Yolanda Díaz y reclama respeto al diálogo social.
- Datos importantes: Galicia cuenta con más de 232.000 pymes. La reforma planea incrementar el coste del despido improcedente en 2026, sin acuerdo con los agentes sociales. Cepyme comparte la inquietud.
- Resumen: La oposición empresarial gallega anticipa un debate que escalará al ámbito nacional y puede ser utilizado por el PP para confrontar el modelo laboral del Gobierno.
