El BOJA publica hoy, 5 de agosto, el Decreto 201/2026, que atribuye a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOP) las competencias para explotar las infraestructuras y servicios ferroviarios de la comunidad autónoma. La norma, firmada por el presidente de la Junta, centraliza en un único ente instrumental la gestión de todos los metros, tranvías y ferrocarriles de titularidad regional.
Con este movimiento, la Consejería de Fomento y Movilidad se desprende de las labores de operación diaria que venía asumiendo a través de acuerdos puntuales. A partir de ahora, será la Agencia de Obra Pública, bajo la tutela de la propia Consejería, la encargada en exclusiva de poner en marcha y mantener los servicios ferroviarios andaluces.
¿Qué cambia con el Decreto 201/2026?
Hasta la fecha, la AOP ya gestionaba los servicios de la Línea 1 del Metro de Sevilla, las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga, el Metro de Granada y el Trambahía en la Bahía de Cádiz, además de haber ejecutado infraestructuras como el Tranvía de Jaén. Sin embargo, cada una de esas explotaciones requería una autorización ad hoc del Consejo de Gobierno, lo que ralentizaba la toma de decisiones y la posibilidad de escalar el modelo.
El nuevo decreto otorga a la agencia una competencia general sobre todas las líneas presentes y futuras. Según argumenta el texto, publicado en el BOJA, la atribución se ampara en los artículos 64.1 del Estatuto de Autonomía y en la Ley 9/2006 de Servicios Ferroviarios de Andalucía, así como en la Ley 2/2003 de Ordenación de los Transportes. La AOP, que nació como Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces y luego se convirtió en Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, acumula desde 2011 la experiencia técnica y financiera necesaria para asumir el reto.
“No existe otra entidad en Andalucía que preste estos servicios”, subraya el decreto al justificar la decisión en los principios de necesidad y eficacia. La medida, además, queda al margen de la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública porque se trata de una reorganización interna entre poderes adjudicadores, sin retribución contractual.
Andalucía se convierte en un referente en la gestión integral ferroviaria, con una agencia que asume desde el diseño hasta la operación diaria de los servicios.
Para encajar la nueva realidad administrativa, el decreto modifica también la estructura orgánica de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda —aprobada por el Decreto 160/2022—, eliminando de sus funciones las relativas a la explotación ferroviaria y reasignándolas a la AOP. De esta forma, la Consejería conserva las tareas de planificación, regulación e inspección, mientras la agencia asume la gestión práctica de los servicios.
La Lectura Andaluza
La atribución de competencias llega en un momento de expansión de la red ferroviaria autonómica. El Metro de Málaga prevé extender su trazado hacia El Palo y más adelante hacia la Costa del Sol; el Trambahía sigue consolidando sus cifras de viajeros y en Granada se estudia la ampliación del metro ligero. Tener un único interlocutor con poder de decisión agilizará estos proyectos y ofrecerá más certidumbre a los ciudadanos.
Para los andaluces, el cambio tiene un valor práctico inmediato. “Cuando una administración concentra la operación en un organismo especializado, los plazos de ejecución se acortan y la calidad del servicio suele mejorar”, explican fuentes del sector. En términos de empleo, la AOP mantiene en la actualidad cientos de puestos directos e indirectos vinculados a los metros y tranvías, y la nueva atribución blinda ese ecosistema laboral facilitando futuras contrataciones. Sevilla, Málaga, Granada y Cádiz ven así cómo sus sistemas de transporte público ferroviario quedan bajo un paraguas único que ya ha demostrado su eficacia.
Quedan en el aire otras potenciales aplicaciones, como la posible reactivación del Tranvía de Jaén o el impulso al tren litoral de la Costa del Sol. Con la competencia general ya en manos de la Agencia de Obra Pública, las decisiones futuras podrán adoptarse sin necesidad de decretos adicionales. Andalucía demuestra una vez más que sabe gestionar sus infraestructuras estratégicas con un modelo propio, observado con atención desde otras comunidades.
