EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha comparecido este viernes en la Comisión de Justicia del Senado. Se ha negado a revelar datos sobre las visitas de la fontanera del PSOE, Leire Díez, a la Fiscalía.
- ¿Quién está detrás? La mayoría absoluta del PP en el Senado ha forzado la comparecencia. Los senadores populares han denunciado que el Ministerio Público está «instrumentalizado» por el Gobierno.
- ¿Qué impacto tiene? Génova refuerza su estrategia de control institucional y desgaste al Ejecutivo ante la opacidad de la fiscal general. La oposición califica de «burla» su falta de transparencia.
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha comparecido esta mañana en la Comisión de Justicia del Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Desde el primer minuto, Peramato ha blindado cualquier intento de los senadores por obtener información sobre las visitas de Leire Díez —la conocida fontanera del PSOE— a la sede de la Fiscalía General. «No daré ninguna información», ha zanjado, apelando a la confidencialidad de la institución.
La comparecencia, solicitada por el Grupo Parlamentario Popular, buscaba arrojar luz sobre los contactos entre la exasesora socialista y Diego Villafañe, quien fuera mano derecha del anterior fiscal general, Álvaro García Ortiz, condenado por revelación de secretos. Sin embargo, Peramato ha descartado cualquier comentario, argumentando que los asuntos están «en trámite en manos de los jueces» y que no le corresponde hacer «de comentarista ni opinadora de la labor jurisdiccional».
El muro de silencio
La fiscal general ha insistido en que trasladó toda la información requerida al juzgado central de instrucción que investiga las reuniones entre enero y junio de 2025, y que no es el Senado el foro para debatir esos hechos. «Si el magistrado juez entendiera que es insuficiente, se ampliará», ha concedido, pero ha rechazado una y otra vez las preguntas de los senadores populares sobre las anotaciones en la agenda de Leire Díez y la posible penetración de las «cloacas del PSOE» en la Fiscalía.
Desde el PP, la senadora María José Pardo Pumar ha reprochado a Peramato su silencio ante las amenazas que la fontanera socialista lanzó contra fiscales y ha cuestionado por qué no se registraron las visitas. «Sanar las heridas es esclarecer los hechos, no meterlos en un cajón», ha denunciado. La portavoz de Vox, Paloma Gómez, ha insistido en preguntas similares, mientras que ERC ha desviado el foco hacia la teoría de la venganza del Tribunal Supremo contra García Ortiz.
El Senado ha escuchado hoy un ejercicio de opacidad institucional: cero respuestas sobre Leire Díez y una defensa numantina de los nombramientos que la mayoría de fiscales rechaza.
La Fiscalía bajo sospecha: nombramientos y «cloacas»
Peramato ha defendido sus polémicos nombramientos, que han sido impugnados por la mayoría del cuerpo de fiscales. Ha asegurado estar guiada por los «principios de mérito y profesionalidad y por el rigor», y ha zanjado que «la fiscalización de los nombramientos discrecionales no puede ser objeto de control externo». Sin embargo, la realidad es que los ascensos han beneficiado al equipo de su predecesor y han purgado a quienes cuestionaron su actuación en el caso del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La fiscal general también ha mantenido la posición oficial del Ministerio Fiscal en el caso González Amador contra García Ortiz: pedir su absolución y recurrir en amparo la sentencia condenatoria. «Se ha actuado con plena independencia y autonomía», ha afirmado. Para el PP, esta postura evidencia la instrumentalización de la Fiscalía. «El Ministerio Fiscal está devastado porque se ha construido en un instrumento político de Pedro Sánchez», ha sentenciado Pardo Pumar.
El Eje del Poder Popular
La comparecencia de Peramato se enmarca en una estrategia de Génova y del Grupo Parlamentario Popular en el Senado para ejercer un control férreo sobre las instituciones del Estado. La mayoría absoluta de los populares en la Cámara Alta —120 senadores— permite forzar este tipo de sesiones que desnudan la opacidad del Gobierno y de los cargos afines. «Sanar las heridas de la Fiscalía no pasa por el silencio, sino por la transparencia», insisten fuentes de la dirección nacional.
En el pulso territorial, barones como Isabel Díaz Ayuso ven con buenos ojos que el Senado se convierta en altavoz de las irregularidades que afectan al Ministerio Público. La negativa de Peramato a colaborar refuerza el discurso de que la corrupción y las tramas políticas se enquistan bajo el paraguas del actual Ejecutivo. No obstante, el PP debe cuidar las formas para que su mayoría no se perciba como un uso partidista de la institución.
El riesgo inmediato es que la Fiscalía mantenga su actual línea de actuación en causas sensibles —desde el caso Leire hasta Plus Ultra o Koldo— sin que el Senado pueda hacer más que evidenciar el bloqueo. La próxima ventana crítica será la respuesta del juzgado central de instrucción a la documentación ya remitida. Si el juez considera insuficiente la información, Génova ya ha advertido de que exigirá nuevas comparecencias y, llegado el caso, una comisión de investigación formal.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: La Fiscalía General del Estado actúa como un instrumento político del Gobierno y se niega a rendir cuentas ante el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.
- Protagonista: Teresa Peramato (fiscal general del Estado), pese a comparecer, ha ofrecido un «muro de silencio» que el PP denuncia como falta de respeto a la Cámara.
- Próximo hito: Seguimiento de la causa judicial abierta en el juzgado central de instrucción, donde el PP exigirá que se amplíe la información si la Fiscalía no colabora. Mientras, Génova prepara nuevas iniciativas de control en el Senado.
