China ha convertido el derecho en un arma de Estado. El análisis que publica Foreign Affairs desmenuza cómo Pekín, con inversiones masivas en formación jurídica, legislación extraterritorial y batallas en foros internacionales, está erosionando la hegemonía legal que Estados Unidos construyó tras la Segunda Guerra Mundial. Un proceso silencioso pero sistémico que redefine la competición entre potencias.
De la indefensión al contraataque: el giro estratégico de China
El punto de inflexión llegó en mayo. El Ministerio de Comercio chino ordenó a las empresas nacionales ignorar las sanciones de Washington contra cinco refinerías que procesaban crudo iraní. Poco después, el Ministerio de Justicia declaró improcedente la investigación antisubvenciones de la UE sobre una empresa de seguridad china. No eran simples represalias burocráticas: marcaban el salto de un país que, tras años de estudio y planificación, empezaba a proyectar poder mediante instrumentos legales.
La estrategia de Beijing responde a una lectura fría de la historia. Estados Unidos diseñó el orden jurídico de posguerra —la Carta de la ONU, los Acuerdos de Bretton Woods, el GATT— y lo dotó de abogados, despachos y una jurisdicción que alcanzaba a cualquier transacción en dólares. Washington aplicó su ley antimonopolio a empresas extranjeras, prohibió el soborno allende sus fronteras e impuso sanciones con efecto planetario. China, convertida en potencia global, vivió ese poder como vulnerabilidad, especialmente tras el acoso a Huawei y ZTE.
Desde 2014, Beijing empezó a impulsar el «trabajo jurídico relacionado con el exterior». En el pleno del Partido Comunista de 2019, la construcción de poder legal se integró en el plan de modernización del sistema de gobierno. Y en 2023, Xi Jinping dedicó una sesión del Politburó al «Estado de derecho en los asuntos exteriores», calificándolo de «necesidad a largo plazo» para la renovación nacional.
La máquina se ha engrasado con fondos y talento. Decenas de programas universitarios forman a juristas en derecho internacional, los sistemas legales de otros países y la defensa ante tribunales extranjeros. El Ministerio de Justicia creó una oficina específica, y Pekín designó un tribunal comercial internacional para resolver disputas transnacionales bajo su órbita. Mientras, académicos y abogados asesoran a empresas chinas para que no reciban sentencias en rebeldía y aprendan a argumentar en los vocabularios de sistemas jurídicos ajenos, incluyendo la Constitución estadounidense.
China está construyendo un ecosistema legal que ya no solo se protege, sino que ataca.
Lo que Washington no quiere ver: el vacío que deja y la oportunidad para Pekín
El poder legal estadounidense siempre descansó en tres pilares: talento jurídico masivo (los 200 letrados de la Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Estado, las law firms globales), credibilidad institucional (tribunales percibidos como sofisticados e imparciales) y nudos económicos indispensables (el dólar, los componentes tecnológicos, el mercado). Pekín puede copiar lo primero con dinero y tiempo, pero le costará replicar lo segundo y lo tercero.
Sin embargo, la Casa Blanca está dinamitando sus propias ventajas. El repliegue de la administración Trump, la amenaza de desmantelar organismos internacionales, la retórica contra las cortes federales y la erosión del multilateralismo abren espacios que Pekín ocupa con rapidez. Mientras Washington desacredita la arquitectura legal que creó, China se lanza a influir en normas técnicas, reglas de ciberseguridad, finanzas y gobernanza oceánica. El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB), con 109 miembros, es el ejemplo más visible de institucionalidad alternativa.
En el terreno puramente defensivo, Pekín ha añadido disposiciones extraterritoriales a más de veinte leyes desde 2012. Leyes de seguridad nacional para Hong Kong, controles de exportación, exámenes de inversión extranjera y ciberseguridad, y listas de entidades. Las reglas de bloqueo, como las que se opusieron en mayo a las sanciones de EE.UU. y la investigación de la UE, se han refinado en 2026 con un mecanismo más amplio del Consejo de Estado. El efecto práctico: las empresas chinas tienen cobertura legal para desobedecer sanciones extranjeras, y los tribunales chinos pueden ordenar la paralización de procedimientos en el exterior.
Además, China litiga. En la OMC es un actor cada vez más activo. En estándares de telecomunicaciones, Pekín ha logrado que sus empresas ocupen puestos clave en organismos como la UIT, al tiempo que promueve foros paralelos. La batalla ya no es solo económica ni militar: es una pugna por definir qué normas rigen el comportamiento de los Estados y las corporaciones.
Equilibrio de Poder
La disputa entre Washington y Pekín por el poder legal no es una guerra comercial con toga. Se está jugando la capacidad de imponer qué es lícito y qué no en las relaciones internacionales. La Unión Europea, que sufre las fricciones de ambos, oscila entre defender su autonomía estratégica —con mecanismos como el Reglamento de bloqueo 2271/96, que protegió a empresas europeas de las sanciones secundarias de EE.UU.— y la tentación de alinearse con Washington en terrenos como los derechos humanos o las ayudas de Estado. Para España, miembro de la UE con importantes vínculos comerciales y financieros con Estados Unidos y China, la evolución de este pulso tiene implicaciones directas.
Las empresas españolas que operan con Irán, Rusia o en sectores tecnológicos chinos se mueven en un campo de minas legal. Si Pekín refuerza sus propias reglas de bloqueo, cualquier compañía española con intereses en China podría verse forzada a elegir entre cumplir las sanciones estadounidenses o exponerse a represalias chinas. Madrid ha defendido en Bruselas una política de «no elección forzada», pero la realidad obligará a definiciones. La presencia de la base de Rota y las inversiones del AIIB en infraestructuras españolas añaden capas de complejidad.
La lectura estratégica a cinco o diez años es que el mundo se encamina hacia un pluralismo legal fragmentado. Estados Unidos no recuperará fácilmente la confianza institucional que le brindaba el orden liberal, sobre todo si sigue amenazando con salirse de la OMC o del sistema de Bretton Woods. China, por su parte, carece de la reputación de imparcialidad y del alcance sistémico del dólar. El resultado probable será un mosaico de reglas regionales y sectoriales que obligará a los Estados medianos, como España, a invertir mucha más inteligencia diplomática y jurídica para navegar la madeja legal del siglo XXI. La próxima cumbre UE-China y la revisión del Reglamento de bloqueo europeo, prevista para 2027, serán hitos clave para ver si Bruselas asume o no un papel activo en la construcción de un tercer polo legal.
