Los tentáculos de la bautizada como trama «Leire» se extienden de manera profunda por el mapa mediático e institucional español. El último informe ampliatorio número de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entregado ante el Tribunal Central de Instancia, ha arrojado luz sobre una de las ramificaciones más complejas de la investigación. Los investigadores de la sección de Delincuencia Económica dedican un capítulo entero a detallar cómo la estructura bajo sospecha presuntamente instrumentalizó y puso a su entera disposición un periódico digital para canalizar información confidencial, lanzar campañas políticas coordinadas y custodiar archivos sensibles vinculados a las cloacas del Estado. Bajo el epígrafe de la disposición de un medio de comunicación, la benemérita sitúa en el centro del escenario al Grupo Crónica Libre Sociedad Limitada, una firma editorial que sirvió de soporte clave en el entramado criminal investigado.
La investigación policial revela que el control y la actividad de este diario digital no respondían a una simple lógica periodística independiente, sino que formaban parte de una estrategia minuciosamente trazada en connivencia con figuras de relieve político. A través de las declaraciones testificales recabadas por los agentes y del análisis de la documentación corporativa intervenida, la Guardia Civil ha reconstruido la intrahistoria de una sociedad mercantil donde se mezclaban aportaciones de capital encubiertas, contratos privados cruzados y transferencias financieras procedentes de campañas electorales vinculadas al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
El origen oculto de Crónica Libre y el pacto de los ciento sesenta euros
Para comprender la magnitud del control ejercido sobre este altavoz mediático, los analistas de la UCO se remontan a los momentos fundacionales de la empresa. La mercantil estuvo administrada en sus inicios por Patricia Isabel Espinar Pérez, una de las fundadoras originales, quien prestó declaración formal ante las dependencias policiales a finales de mayo. Según el relato aportado por esta testigo clave, la estructura de poder interno dio un vuelco definitivo cuando la periodista Patricia Ariadna López Lucio asumió el cargo de administradora única de la sociedad mercantil a principios de veinticinco. Este relevo no fue un mero trámite burocrático, sino el catalizador que consolidó la colaboración directa entre la dirección de la cabecera digital y María Leire Díez Castro, conocida en los sumarios simplemente como Leire.
La relación entre ambas mujeres se fraguó años atrás, pero adquirió un tinte estrictamente societario mediante un mecanismo de opacidad llamativo. Espinar confesó a los investigadores que Leire participó en la constitución del medio aportando la simbólica cantidad de ciento sesenta euros. Lo verdaderamente significativo para la Guardia Civil es que este desembolso no se inscribió de forma pública en el registro mercantil, sino que se canalizó a través de un contrato privado de cesión de participaciones suscrito en secreto. A pesar de poseer derechos económicos sobre la empresa, Leire intentaba mantener un perfil permanentemente bajo de cara al exterior, justificando ante sus socias que se encontraba desbordada de trabajo debido a sus responsabilidades laborales simultáneas en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y en la entidad pública Correos. Los agentes subrayan la incongruencia de que una funcionaria con puestos de relevancia en empresas estatales financiara de forma privada y encubierta el nacimiento de un medio de comunicación digital.
Con el paso de los meses, la implicación de Leire pasó de ser meramente pasiva a ocupar una posición ejecutiva en la sombra. Los testimonios reflejan que a partir de marzo de la investigada comenzó a desplegar una actividad frenética en el periódico, trabajando de forma directa e íntima con Patricia López. La influencia de Leire llegó a ser tal que ofreció formalmente comprar la totalidad de las acciones de sus compañeras para hacerse con el control absoluto de la línea editorial del periódico digital. Aunque esa compraventa accionarial específica nunca llegó a formalizarse en las escrituras públicas, el flujo de trabajo diario demostró que el periódico ya operaba de facto bajo las directrices del grupo investigado.
El piso franco y la custodia digital de la ‘Operación PSOE‘
La documentación interna obtenida por la UCO conecta el uso de este medio de comunicación con reuniones clandestinas celebradas en el corazón de Madrid. Testigos ajenos al entorno estrictamente periodístico, como Joaquín Parra Páez, revelaron a la Guardia Civil la existencia de un piso franco situado en la planta sexta del número treinta y seis de la calle Diego de León. Este inmueble era calificado de forma explícita por los propios implicados como un centro de operaciones privado de la formación política para celebrar encuentros fuera del radar institucional. Las pesquisas confirman que Leire disponía de las llaves físicas de este piso madrileño, donde se daban cita empresarios, periodistas y cargos públicos para coordinar las informaciones que debían ser difundidas o silenciadas.
Fue precisamente al calor de estas reuniones donde cobró vida el proyecto más sensible almacenado por el diario: el archivo digital denominado Operación PSOE. Patricia Isabel Espinar reconoció ante los agentes de la Guardia Civil que ella misma fue la encargada de diseñar la arquitectura de carpetas de este espacio de almacenamiento en la nube. Sin embargo, una vez que la estructura informática estuvo lista y operativa, los cabecillas de la trama le retiraron fulminantemente los permisos de acceso y el control de las claves de seguridad. A partir de ese instante, la gestión exclusiva de la valiosa documentación pasó a manos de Patricia López y del empresario informático Javier Pérez Dolset.
El contenido de este disco virtual secreto, custodiado bajo el amparo de la infraestructura de Crónica Libre, representa una de las pruebas de cargo más contundentes sobre las verdaderas actividades del grupo. Lejos de albergar borradores de noticias o reportajes ordinarios, las carpetas clonadas por la UCO guardaban copias íntegras de los sumarios judiciales de todas las causas penales relacionadas con el polémico excomisario de policía José Manuel Villarejo Pérez. El archivo digital incluía los archivos de audio originales de las grabaciones clandestinas efectuadas por el comisario retirado, así como transcripciones literales minuciosas de las conversaciones que afectaban a los principales líderes políticos y económicos del país. La Guardia Civil sostiene la hipótesis de que este material sensible era meticulosamente dosificado y utilizado de forma partidista, con la intención final de hacérselo llegar a la cúpula directiva del partido para su beneficio estratégico en el debate público.
Uno de los nombres propios que adquiere un renovado protagonismo en este tramo del informe policial es el de Javier Pérez Dolset. Al ser interrogada sobre la presencia de este conocido empresario en el día a día de la redacción, Espinar intentó desligarlo de la propiedad de la empresa, afirmando que Dolset nunca figuró formalmente como accionista del Grupo Crónica Libre. Según su versión, la relación se limitaba a que el informático actuaba como una fuente de información recurrente y especializada, nutriendo al periódico de exclusivas periodísticas centradas de forma unívoca en el ‘Caso Villarejo’.
Esta visión restrictiva choca frontalmente con los indicios recabados por los investigadores a través de otros testimonios del entorno de la trama. El testigo Joaquín Parra Páez declaró con total rotundidad ante los agentes de Delincuencia Económica que, en los diferentes encuentros personales que mantuvieron, Javier Pérez Dolset se presentaba a sí mismo sin tapujos como un socio destacado y colaborador fundamental del diario digital dirigido por Patricia López. La UCO destaca que la coincidencia en el tiempo entre la gestión compartida del archivo informático ‘Operación PSOE’ y las declaraciones donde Dolset se arrogaba la condición de socio del medio evidencia una implicación profunda que superaba con creces el rol ordinario de un confidente periodístico tradicional.
Facturas electorales e inyecciones de dinero a través de IKI Group
La vertiente económica del informe desvela cómo se financiaba esta estructura de apoyo mediático y si los ingresos que percibía respondían a precios de mercado reales. Al analizar los niveles de audiencia, tráfico digital y visitas reales de la página web de Crónica Libre, los agentes constataron que los ingresos publicitarios ordinarios difícilmente podían sostener la estructura empresarial en condiciones normales de competencia de mercado. La explicación a la supervivencia financiera del medio reside en contratos institucionales y políticos adjudicados de manera dirigida.
La Guardia Civil ha incorporado al sumario judicial una prueba documental considerada irrefutable: una factura emitida por el Grupo Crónica Libre por un importe total exacto de 18.125,50 euros. El destinatario de este cargo económico era la sociedad mercantil de publicidad Iki Group Communications Sociedad Limitada. Las declaraciones de la encargada de confeccionar el documento contable revelan que el contrato fue conseguido de manera directa y personal por Patricia López, quien ordenó la emisión inmediata de la factura para proceder a su cobro.
El concepto detallado en la orden de compra que acompaña a la factura anexa al informe de la UCO no deja lugar a dudas sobre el origen político de los fondos. El pago correspondía a la inserción de campañas publicitarias, específicamente de un megabanner y un formato publicitario denominado robo doble, contratados expresamente para la campaña electoral del PSOE de cara a las Elecciones Europeas celebradas en el año 2024 El período de exhibición publicitaria quedó fijado entre el veinticuatro de mayo y el siete de junio de aquel año, reportando un beneficio neto de catorce mil novecientos ochenta euros a los que se sumaron más de tres mil cien euros en concepto de impuesto sobre el valor añadido.
Los investigadores de la Unidad Central Operativa concluyen de forma preliminar que estas inyecciones económicas de dinero camufladas bajo contratos de publicidad electoral eran el mecanismo utilizado por la organización para garantizar la viabilidad financiera del periódico digital. A cambio de asegurar estos flujos de ingresos estables y sustanciosos, la dirección del medio supuestamente renunciaba a su independencia periodística para convertirse en una herramienta logística de almacenamiento, manipulación informativa y custodia de secretos judiciales al servicio exclusivo de las directrices políticas emanadas de la trama. Con el volcado de los dispositivos electrónicos de los investigados aún en curso, la Guardia Civil advierte de que el análisis de estas dinámicas societarias no ha hecho más que empezar.
