El Gobierno Vasco ha ejecutado 55 desahucios en viviendas de alquiler protegido en lo que va de 2026, según los datos remitidos por el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana al Parlamento Vasco.
La morosidad acumulada en el parque público asciende a 1,3 millones de euros, con un total de 9.912 rentas impagadas registradas hasta el 30 de abril. Así consta en la respuesta del consejero Denis Itxaso a una pregunta de la parlamentaria del PP Ana Morales.
55 desalojos y 1,3 millones en impagos: el balance del parque público
Del total de 55 lanzamientos, 14 tuvieron lugar en Álava, 27 en Bizkaia y otros 14 en Gipuzkoa. En todo el año 2025 se contabilizaron 71 desahucios, de modo que el ritmo de ejecuciones en los primeros meses de 2026 se mantiene en una línea similar al ejercicio anterior.
El Gobierno Vasco ha presentado además 70 demandas de desahucio entre enero y mayo: 22 en Álava, 36 en Bizkaia y 12 en Gipuzkoa. Los motivos principales son los impagos no justificados (37 casos), el fin del plazo de arrendamiento (23), las ocupaciones ilegales (7) y la negativa a devolver las llaves (3).
En cuanto a la deuda, Bizkaia concentra 592.000 euros en impagos, seguida de Álava con 394.000 euros y Gipuzkoa con 327.000 euros. Las 9.912 rentas impagadas detectadas en el primer cuatrimestre reflejan, según el Departamento, casos de distinta antigüedad.
La morosidad en el parque público de alquiler alcanza los 1,3 millones de euros, con Bizkaia a la cabeza en impagos acumulados.
Alokabide y Bizigune: la estructura del parque público vasco
El parque público de alquiler gestionado por la sociedad Alokabide suma 17.618 viviendas, de las que 16.121 se encontraban arrendadas y ocupadas a 1 de junio. Otras 122 estaban adjudicadas pero aún no ocupadas por los inquilinos, mientras que 503 inmuebles participan en el programa Bizigune de captación de vivienda vacía.
El programa Bizigune, creado en 2003, permite incorporar viviendas privadas desocupadas al parque público a cambio de que la Administración garantice al propietario el cobro de la renta y la conservación del inmueble. En la actualidad, 503 viviendas se encuentran en proceso de admisión, y otras 5 están en fase de adjudicación directa.
Un parque con vocación de crecimiento y una larga tradición de protección oficial
La pregunta registrada por la parlamentaria del PP Ana Morales reclamaba información sobre los desahucios en viviendas de titularidad pública. La respuesta del consejero Denis Itxaso (PSE-EE) desglosa los datos por territorios, tipología de las demandas y situación del parque, en un contexto de aumento de solicitudes de ayuda al alquiler joven.
En ese sentido, el Departamento de Vivienda ha detectado un incremento del 104% en las peticiones de la ayuda de 300 euros al alquiler joven, según ha indicado el propio Itxaso en comparecencias recientes. Esta prestación, que gestiona el Gobierno Vasco con cargo a sus presupuestos, busca facilitar la emancipación residencial de los menores de 36 años.
Euskadi mantiene una larga tradición de intervención pública en materia de vivienda, con una de las tasas de vivienda protegida sobre el total más altas de España. La Ley de Vivienda de 2015, aprobada por el Parlamento Vasco, reconoce el derecho subjetivo a una vivienda digna, aunque su aplicación efectiva ha encontrado limitaciones prácticas por la escasez de suelo disponible y los largos plazos de tramitación.
El Departamento de Denis Itxaso prevé continuar con el refuerzo de los mecanismos de control de la morosidad y agilizar los procedimientos de desahucio cuando se constatan impagos injustificados. La próxima Comisión de Vivienda del Parlamento Vasco, anunciada para el otoño, podría ofrecer nuevas cifras sobre la evolución del parque público.
Las viviendas gestionadas por Alokabide se adjudican mediante sorteo ante notario, dando prioridad a las unidades familiares con menor renta y a los colectivos especialmente vulnerables, como víctimas de violencia de género o familias desahuciadas de su vivienda habitual. La rotación de los contratos es limitada: los arrendamientos suelen tener una duración de entre cinco y siete años, prorrogables si el inquilino mantiene los requisitos de ingresos y empadronamiento.
El Gobierno Vasco ha anunciado su intención de reforzar el parque público con el objetivo de alcanzar las 20.000 viviendas en alquiler protegido al final de la legislatura. Esta estrategia se enmarca en el Plan Director de Vivienda 2024-2028, que prevé movilizar inversiones significativas para la compra y promoción de inmuebles destinados al alquiler social, en colaboración con promotores privados y entidades financieras.
