El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, vinculó este sábado en Sueca su promesa de aprobar un nuevo sistema de financiación para la Comunidad Valenciana con la experiencia acumulada durante sus trece años al frente de la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego). Ante la Junta Directiva del PP valenciano, Feijóo aseguró que pondrá fin a la «discriminación» que sufre el territorio y recuperó la receta que ya aplicó en Galicia: rechazo a los acuerdos bilaterales y defensa de la igualdad entre todas las comunidades.
La comparecencia, en la que también exigió la dimisión de Pedro Sánchez por el «mayor deterioro político» de la democracia reciente, coloca al líder popular como alternativa de Gobierno a apenas meses de unas elecciones generales. El modelo gallego de financiación —basado en la contención del gasto, la reclamación de un trato equitativo y el rechazo a los pactos singulares— se convierte así en el argumento central de su oferta para toda España.
Feijóo fue tajante: «Me comprometo a acabar con la discriminación a la Comunitat Valenciana y a aprobar un modelo de financiación justo». La frase, pronunciada ante un auditorio entregado, enlaza directamente con el discurso que durante más de una década sostuvo desde la Consellería de Facenda primero y desde la presidencia de la Xunta después. En Santiago, la tesis siempre fue la misma: los españoles deben contar con los mismos servicios públicos «sin depender del código postal».
El acto sirvió además para reivindicar la unidad interna del partido en el último tramo de la legislatura. Feijóo destacó el trabajo de los alcaldes, las diputaciones y del Consell presidido por Juan Francisco Pérez Llorca, y lanzó una advertencia que suena también a receta gallega: «Si la Comunitat Valenciana no funciona, no habrá el cambio con la intensidad que España necesita. Si las piezas van cada una por su lado, el motor se gripará».
Las críticas a Sánchez y la exigencia de dimisión
La intervención subió de tono cuando Feijóo cargó contra el Gobierno central. Acusó a Sánchez de protagonizar el «mayor deterioro político» de la etapa democrática y prometió que, si llega a La Moncloa, encabezará un Ejecutivo «limpio y decente» en el que no cabrán nombres como «Leire, Koldo, Cerdán o Ábalos».
El líder del PP fue más allá al responsabilizar personalmente al presidente del Gobierno de estar «detrás de las cloacas» relacionadas con presuntas maniobras para presionar a jueces y policías que investigan casos de corrupción. «Si conocía esos hechos, debe dimitir por corrupto; si no los conocía, por incompetente», sentenció.
El reproche se extendió a la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, un episodio que aún marca la agenda política valenciana. Feijóo aseguró que la Comunitat fue tratada de forma «injusta» y que el Gobierno «os dejó solos». La frase conecta con la sensación de agravio que recorre buena parte del arco mediterráneo, pero también con la narrativa que el PPdeG (el Partido Popular de Galicia) ha cultivado durante años cada vez que las decisiones de Madrid no coincidían con los intereses de la comunidad.
Galicia lleva quince años siendo el laboratorio donde el PPdeG ensaya las políticas que luego el PP propone para toda España, y la financiación autonómica no es una excepción.
El Laboratorio Gallego
La promesa lanzada en Sueca no es nueva para quien siga la política gallega desde cerca. Durante sus mandatos al frente de la Xunta, Feijóo defendió siempre un sistema de financiación que evitara privilegios territoriales y primara la población ajustada —la que realmente utiliza los servicios públicos— frente a criterios que, a su juicio, beneficiaban a comunidades con mayor peso político. Bajo la mayoría absoluta del PPdeG, Galicia mantuvo una disciplina fiscal que permitió reducir deuda y cumplir los objetivos de déficit, algo que desde la oposición se criticó como un recorte encubierto en servicios públicos.
El BNG (el Bloque Nacionalista Galego, actual primera fuerza de la oposición) y el PSdeG (la federación gallega del PSOE) han denunciado durante años que el modelo gallego peca de insuficiencia financiera, especialmente en sanidad, educación y dependencia. Sin embargo, los datos de ejecución presupuestaria de la Xunta, recogidos por el IGE (el Instituto Galego de Estatística), muestran que Galicia cerró el último ejercicio con un superávit primario y una deuda pública por debajo de la media autonómica. Esa solvencia es ahora el aval que Feijóo quiere trasladar al resto de España.
La conexión nacional es evidente: el PP utiliza el historial de gestión en Galicia como contrapeso a las acusaciones de falta de proyecto económico. Fuentes del partido en Madrid admiten en privado que la «receta gallega» —control del gasto y rechazo a los acuerdos bilaterales de financiación— será uno de los ejes de la próxima campaña electoral. Lo que en Santiago se ensayó con sanidade y educación ahora se proyecta sobre la Comunitat Valenciana y, por extensión, sobre todas las comunidades gobernadas por el PP.
El riesgo, como ya advirtió en su día el tribunal de cuentas autonómico, es que la sostenibilidad de ese modelo dependa de que el Estado no modifique unilateralmente las reglas de reparto. La promesa de Feijóo de aprobar un nuevo sistema, sin concretar aún las cifras, deberá sortear la misma tensión que él mismo vivió como presidente gallego: la que existe entre la reclamación de igualdad y la tentación de pactar bilateralmente cuando conviene. En Galicia, esa contradicción nunca llegó a resolverse del todo; ahora, Feijóo la lleva al escaparate nacional.
Ficha del Caso
- El caso: Alberto Núñez Feijóo promete en Valencia un nuevo modelo de financiación autonómica inspirado en la gestión que realizó al frente de la Xunta de Galicia, al tiempo que exige la dimisión de Pedro Sánchez por presunta corrupción.
- Datos importantes: La promesa se enmarca en la precampaña de las próximas elecciones generales. Galicia cerró el último ejercicio con superávit primario y una deuda inferior a la media autonómica, según datos del IGE.
- Resumen: El líder del PP nacional recupera el argumentario del PPdeG sobre igualdad territorial y rechazo a los pactos bilaterales para construir un relato de alternativa de gobierno que conecta con el descontento de comunidades como la valenciana.
