La Agencia Tributaria ha dado un paso que amenaza la autonomía de tres fundaciones sanitarias catalanas con siglos de historia: las ha reclasificado como entidades del sector público, lo que implica someterlas a un estricto control estatal y a la supervisión directa de la Generalitat. La medida, comunicada hace meses por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), afecta a los hospitales de Santa Coloma de Gramenet, Figueres y Palamós.
La decisión, que se ampara en la necesidad de armonizar las cuentas públicas españolas con el Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010), ha caído como un jarro de agua fría en el sistema sanitario catalán. Según ha adelantado Crónica Global, las fundaciones consideran que esta reclasificación “liquida su autonomía financiera y de gestión”, una independencia que atesoraban desde hacía décadas, cuando no siglos.
Un tecnicismo con implicaciones profundas
El origen del conflicto es un ajuste contable. Un comité técnico integrado por la IGAE, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Banco de España envió notificaciones a varias entidades, avisándoles de que pasaban a ser consideradas sector público a efectos estadísticos. El objetivo: que la Administración General del Estado reflejara fielmente el SEC 2010 en sus cuentas.
Sin embargo, para las fundaciones sanitarias, el cambio va mucho más allá de un formalismo. Pasan a estar bajo la fiscalización de la Intervención de la Generalitat, lo que implica modificar la composición de sus patronatos y ajustarse a las normas de contratación pública. “Pierden la autonomía que han tenido históricamente”, explican fuentes del sector consultadas por este medio.
Las fundaciones sanitarias interpretan la reclasificación como una pérdida de la autonomía que han ejercido durante siglos, una autonomía que ahora queda supeditada al control de la Intervención autonómica.
Tres fundaciones centenarias con un legado único
Las afectadas son la Fundació Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet (creada en 1917), la Fundació Salut Empordà, que gestiona el Hospital de Figueres (con orígenes que se remontan a 1313) y la Fundació Hospital de Palamós (cuya actividad asistencial arranca en 1768). Tres instituciones que, pese a estar concertadas con el sistema público catalán a través de la red Siscat, operaban hasta ahora con autonomía de derecho privado.
La fundación de Figueres, cuyo origen se remonta a 1313, nació de los monasterios medievales dedicados a la atención de los pobres; la de Palamós tiene su germen en el siglo XVIII; y la de Esperit Sant es fruto de la beneficencia del siglo XX. El cambio de clasificación las equipara, a efectos de control, a entidades como el Institut Català de Finances o Aeroports de Catalunya.
Un portavoz de la Agencia Tributaria ha defendido a Crónica Global que las tres fundaciones no figuran en el inventario nacional de fundaciones (Invente) y que, por tanto, no constan como fundaciones públicas autonómicas. “Están sectorizadas como fundaciones privadas clasificadas dentro de Administraciones Públicas-Administración Regional, por lo que su control lo ejerce la Generalitat”, ha explicado. Y añade que la medida “no tiene por qué suponer pérdida de autonomía en la gestión”.
La reacción: la patronal contesta y la Generalitat se posiciona
El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) ha presentado alegaciones contra la decisión de la IGAE. La patronal considera que la reclasificación efectivamente les resta autonomía financiera y operativa, y recuerda que esta medida coincide con el proyecto de ley de la ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar), que busca expulsar la provisión sanitaria no directa del sistema público.
Por su parte, la Fundació Esperit Sant y la Fundació Salut Empordà han confirmado a Crónica Global que ya han iniciado trabajos para reestructurar sus patronatos, en coordinación con las otras fundaciones afectadas, con el fin de adaptarse a la nueva clasificación mientras esperan el resultado de las alegaciones. El Hospital de Palamós no ha respondido a la consulta del medio.
Lo que está en juego: el modelo sanitario catalán frente a la uniformización
Esta decisión de Hacienda ha generado un amplio malestar en el sistema sanitario catalán, que se caracteriza por la pluralidad de proveedores y la colaboración público-privada a través de la red Siscat. Frente al intento del Gobierno central de homogeneizar la asistencia sanitaria en torno a la gestión 100% pública, voces como la del Conseller de Presidencia, Albert Dalmau (PSC), y formaciones como Junts en el Congreso de los Diputados han alzado la voz en defensa de la diversidad del modelo catalán.
El pulso revela una tensión de fondo: ¿se trata de una mera cuestión técnica o de un primer paso para limitar la autonomía de las fundaciones sanitarias catalanas, muchas de las cuales gestionan hospitales con arraigo local? La respuesta definitiva dependerá de si las alegaciones prosperan, pero por ahora el terreno de juego ha cambiado para estas entidades.
Mientras tanto, las fundaciones afectadas han empezado a adaptar sus estructuras para cumplir con la nueva normativa, lo que ya supone un primer impacto real. La batalla jurídica y política está servida.
