Vox registró este viernes en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley que reclama disolver el órgano bilateral aeroportuario Euskadi-Estado y conocer el contenido íntegro del acuerdo sobre los aeropuertos vascos.
La iniciativa, presentada por la formación de Santiago Abascal, rechaza cualquier fórmula de cogestión, cesión o transferencia de los aeropuertos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián a las instituciones vascas. Aboga por que Aena mantenga la gestión exclusiva y exige la disolución inmediata del órgano bilateral, creado por el Gobierno central y el Ejecutivo vasco el pasado 27 de marzo de 2026.
Vox sostiene que la creación de este órgano supone un paso hacia la fragmentación del sistema aeroportuario nacional y advierte del riesgo de que otros Gobiernos autonómicos reclamen un trato similar, vaciando de contenido la competencia exclusiva del Estado sobre los aeropuertos de interés general, recogida en el artículo 149.1.20 de la Constitución.
La PNL denuncia además que el contenido íntegro del acuerdo de cogestión no se haya hecho público hasta la fecha y exige conocerlo. Según el texto, el Gobierno central presentó el órgano como un mecanismo de colaboración institucional sin competencias ejecutivas, pero las explicaciones del Gobierno vasco apuntan a una participación efectiva en la gestión aeroportuaria.
El origen del órgano y las posiciones enfrentadas
El acuerdo que dio lugar al órgano bilateral se alcanzó el 27 de marzo de 2026 en el marco de la negociación presupuestaria entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Nacionalista Vasco. Su objetivo declarado era servir de canal de cooperación para la planificación y desarrollo de los tres aeropuertos vascos. Para Vox, sin embargo, las funciones previstas —como la elaboración de propuestas para el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), informes sobre el mismo, y el seguimiento de tarifas e inversiones— otorgan a la parte vasca una participación en la gestión, en línea con lo afirmado por el Lehendakari Imanol Pradales.
Tras la firma, Pradales aseguró que Euskadi podría participar “por primera vez en la historia” en la gestión de los tres aeropuertos de la comunidad autónoma. La formación de Abascal considera que esa declaración contradice la versión oficial del Gobierno central y revela una intención de cogestión efectiva.
El debate reabre la tensión entre el desarrollo estatutario vasco y las competencias exclusivas del Estado sobre los aeropuertos de interés general.
No es la primera vez que Vox se posiciona contra esta medida. En abril, el partido registró en el Congreso una batería de preguntas para que el Ejecutivo aclarara si el nuevo órgano suponía un “trato privilegiado” hacia el País Vasco y un “agravio comparativo” con otras regiones. Entonces ya alertaba del riesgo de que el modelo se extendiera y vaciara de contenido la competencia estatal sobre aeropuertos.
Cuestionamiento jurídico y el aviso de Aena
La iniciativa parlamentaria de Vox también pone en duda la cobertura legal del órgano bilateral. Señala que la normativa vigente permite a las comisiones bilaterales crear grupos de trabajo o subcomisiones, pero no un nuevo órgano sectorial permanente como el pactado entre ambas administraciones. Eso añade “incertidumbre jurídica” al acuerdo, según la formación.
Además, Vox recuerda que el mismo día de la firma, Aena remitió una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que advertía de que algunas manifestaciones recogidas en la nota oficial del Gobierno vasco podrían “entrar en conflicto con la normativa que regula el modelo aeroportuario español” y afectar a los intereses de la compañía y de sus accionistas.
En su argumentario, la formación de Santiago Abascal defiende que los aeropuertos de interés general son infraestructuras estratégicas vinculadas a la seguridad, el control fronterizo y la cohesión territorial, por lo que deben permanecer bajo un modelo de gestión centralizado y coordinado a escala estatal. El debate trasciende el ámbito vasco, ya que el modelo aeroportuario centralizado ha sido cuestionado en otras comunidades, y este caso podría sentar precedente.
