El Ministerio para la Transición Ecológica y las CCAA se reúnen este lunes 22 de junio en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para decidir el futuro de la gestión del lobo en España. Sobre la mesa hay dos informes contrapuestos sobre el estado de conservación de la especie: el oficial del MITECO, que lo considera desfavorable y prohíbe la caza, y otro impulsado por Galicia que sí avala los controles letales.
Los dos informes enfrentados y su peso legal
El informe sexenal elaborado por el MITECO a partir de los datos remitidos por las autonomías concluye que el lobo no alcanza un estado de conservación favorable en España. El censo registra 333 manadas, una cifra que queda lejos del umbral de 500 manadas que fija la Comisión Europea para considerar que la especie está bien conservada. El departamento de la vicepresidenta Sara Aagesen recuerda además una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2024: si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio, lo está en la totalidad.
Frente a este diagnóstico, Galicia ha promovido un documento alternativo que sostiene justo lo contrario. El texto autonómico, que contó con el respaldo de todas las CCAA salvo Melilla —que no pudo conectarse— y las abstenciones de Castilla-La Mancha, Cataluña y País Vasco, defiende que el lobo está bien conservado y que se pueden autorizar extracciones. Para el MITECO, sin embargo, esa ficha “adolece de justificación científica” y no se ciñe a los criterios de Bruselas.
El conflicto institucional: choques entre el Gobierno y las autonomías
La pugna por el lobo no es nueva. Desde que en 2021 se incluyó al cánido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), las comunidades ‘loberas’ (Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria) reclaman poder realizar controles letales ante el aumento de ataques al ganado. La tensión se agravó en marzo de 2025, cuando el Congreso aprobó la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que introdujo disposiciones que en la práctica abren la puerta a la caza.
Aquella norma cambió el procedimiento de aprobación de los informes sexenales: ahora debe ser la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente —el foro que reúne al Gobierno y a las autonomías— quien los apruebe antes de remitirlos a la UE. En una comisión previa, el texto alternativo de las CCAA salió adelante con amplio apoyo, pero el MITECO desconvocó la reunión sectorial donde debía ratificarse. Fuentes autonómicas acusan al Ejecutivo de “dilatar el proceso” con nuevos trámites de alegaciones que, a su juicio, no están previstos en ninguna norma.
Fuentes autonómicas denuncian que el Gobierno ha dilatado el proceso con nuevos periodos de alegaciones no previstos en ninguna norma.
La presión ecologista y por qué la decisión afecta a toda España
Organizaciones como Ecologistas en Acción y WWF han exigido que el informe que se envíe a Bruselas se base exclusivamente en la ciencia. Ambos grupos alertan de una “creciente presión política” para rebajar la protección de la especie y piden a las CCAA que asuman sus responsabilidades en la gestión del lobo sin ceder a intereses partidistas.
La decisión de este lunes tiene consecuencias que van más allá del cánido. Bruselas ya ha abierto un expediente de infracción contra España por no haber remitido a tiempo el informe sexenal (el plazo venció el 31 de diciembre de 2025). Si la Conferencia Sectorial no logra un consenso claro y el retraso persiste, el procedimiento comunitario podría avanzar y desembocar en sanciones. Además, la propia Ley de Desperdicio Alimentario está recurrida ante el Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado sobre las disposiciones relativas al lobo.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? El MITECO y las CCAA se reúnen este lunes 22 de junio para valorar dos informes opuestos sobre el estado de conservación del lobo.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? El Ministerio para la Transición Ecológica, las comunidades autónomas —en especial las ‘loberas’— y la Comisión Europea.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Se espera que la Conferencia Sectorial vote cuál de los dos informes se envía a Bruselas; el resultado marcará si se permite o no la caza del lobo.
