El barril de Brent no volverá a la frontera de los 60 dólares hasta, por lo menos, 2027, a pesar de la inminente reapertura del Estrecho de Ormuz. Los analistas y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) coinciden: la normalización del flujo marítimo y el aumento de la oferta global aliviarán la presión a largo plazo, pero de forma gradual.
El mercado ya anticipa el fin del cuello de botella que mantuvo retenido el 20% del crudo mundial durante el conflicto de Oriente Medio. Tras superar los 126 dólares en los momentos álgidos, el Brent cotiza ahora por debajo de los 80 dólares. Sin embargo, la vuelta a los niveles previos a la guerra —cuando el barril rondaba los 60 dólares— no será inmediata. La AIE prevé un superávit de oferta hacia finales de año, pero con un horizonte de normalización que se extiende varios meses más allá.
Una recuperación progresiva lastrada por la oferta aún limitada
La reapertura del estrecho de Ormuz, acordada entre Estados Unidos e Irán, permitirá que el petróleo retenido vuelva a circular. No obstante, los expertos alertan de que los daños en las infraestructuras del Golfo por los combates bélicos podrían retrasar la plena recuperación de la capacidad exportadora. Además, la reintegración de los flujos comerciales no será inmediata: el tráfico marítimo tardará meses en recuperar los volúmenes anteriores al conflicto.
A esto se suma la nueva sobreoferta. Emiratos Árabes Unidos abandonó la OPEP en mayo y ha anunciado incrementos de producción. El propio cártel y países como Estados Unidos también han prometido aumentar sus extracciones. El mercado podría pasar de una escasez controlada a un excedente que deprimiría los precios, pero la inercia de la demanda y la reposición de inventarios —las reservas de los países de la OCDE están en mínimos desde 1990— moderarán el desplome.
Lo que significa para la inflación europea y el BCE
El precio del crudo es un componente crítico en la cesta de consumo europea. La persistencia del Brent en niveles superiores a los 70 dólares mantiene presión sobre los precios de la energía, lo que ralentiza la desinflación que buscaba el Banco Central Europeo con su ciclo de subidas de tipos iniciado en 2022. Aunque la inflación subyacente (la que excluye energía y alimentos) está cediendo, el componente energético sigue siendo un lastre.
El Brent no volverá a los 60 dólares hasta 2027 y mientras tanto, el BCE seguirá atado a unos tipos altos que castigan especialmente a la economía española.
En la Eurozona, el barril de Brent por encima de 80 dólares todavía encarece la gasolina, el gasóleo y el transporte de mercancías, trasladándose a los costes de producción. Si la caída al entorno de los 60 dólares se retrasa hasta 2027, el BCE podría verse obligado a mantener los tipos de interés en los niveles actuales durante más tiempo del anticipado. Eso dificultaría la financiación de los Estados y enfriaría la inversión, especialmente en los países meridionales.
La AIE, en su último informe, advierte de que el superávit de oferta que se espera para finales de año no se traducirá en un abaratamiento rápido. Los mercados de futuros descuentan un descenso paulatino del Brent, pero sin quebrar la barrera de los 60 dólares hasta el ejercicio siguiente. Esto coloca a la economía europea en un escenario de costes energéticos aún elevados durante al menos un año y medio.
El Eje del Poder Europeo
La tensión entre los distintos modelos económicos de la UE se agudiza con cada señal de energía cara. España y los países del sur de la Eurozona soportan una mayor dependencia del petróleo para el transporte y una menor capacidad de producir energía renovable de forma estable, lo que los hace más vulnerables a las oscilaciones del crudo. Mientras que en Alemania o los Países Bajos la cuota de las renovables en la generación eléctrica amortigua el impacto petrolero, en la Península Ibérica el encarecimiento del gasóleo y la gasolina tiene un peso directo en el IPC.
Esa asimetría se refleja en la lucha contra la inflación. El BCE, con una política monetaria única para todo el bloque, se enfrenta al dilema de que la persistencia del precio del crudo empuja la inflación española por encima de la media, mientras que otras economías del norte ya rozan el objetivo del 2%. Si Fráncfort retrasa los recortes de tipos, los hogares y empresas españolas pagarán el coste en forma de hipotecas más caras y una demanda interna más débil.
Además, la nueva estrategia fiscal europea, que exige a los Estados miembros ajustar el gasto para cumplir con las reglas de déficit, se topa con un gobierno en Madrid que ya ha agotado el margen de las ayudas energéticas. La prolongación de los altos precios del crudo podría obligar al Ejecutivo a elegir entre reintroducir subvenciones a los carburantes —lo que tensionaría las cuentas públicas— o asumir un coste político creciente.
