EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La comisión ECON del Parlamento Europeo ha aprobado por 43 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención el primer trámite legislativo del euro digital, la moneda electrónica del BCE.
- ¿Quién está detrás? El ponente español Fernando Navarrete Rojas (PPE) ha pilotado el expediente, que ahora pasa al pleno de julio y después al Consejo.
- ¿Qué impacto tiene? La iniciativa busca reducir la dependencia de Visa y Mastercard, ofrecer pagos gratuitos y privados, y obligar a la mayoría de negocios en España a aceptar la nueva moneda.
La Unión Europea mueve ficha para recuperar soberanía en los pagos digitales. La comisión de Asuntos Económicos (ECON) del Parlamento Europeo dio luz verde el pasado martes 16 de junio al euro digital, la moneda electrónica pública que aspira a convertirse en alternativa a los gigantes estadounidenses Visa y Mastercard. La votación, con 43 votos a favor, 14 en contra y una abstención, despeja el camino para que el pleno de julio debata el mandato negociador y, previsiblemente, lo apruebe.
El euro digital, que emitiría el Banco Central Europeo (BCE), funcionaría tanto en línea como sin conexión, con estándares de privacidad que la Eurocámara ha reforzado durante la tramitación. El texto incluye límites a la tenencia, pruebas piloto obligatorias y una campaña de concienciación pública coordinada para que ningún ciudadano, especialmente los más vulnerables, quede excluido.
El funcionamiento del euro digital y sus salvaguardas de privacidad
El sistema contempla una arquitectura dual: los pagos en línea se procesarán mediante cuentas electrónicas, mientras que los pagos sin conexión se realizarán directamente desde dispositivos locales, de forma similar al efectivo. Pero si se pierde el dispositivo, el dinero offline no se recupera. Para proteger los datos personales, el reglamento incorpora pruebas de conocimiento cero (zero-knowledge proofs), que permiten validar las transacciones sin revelar la identidad del usuario. El BCE no tendrá acceso a ningún dato de identificación personal.
Cualquier proveedor de servicios de pago —bancos, entidades de dinero electrónico, oficinas de correos e incluso proveedores de criptoactivos regulados— podrá distribuir el euro digital en toda la UE. Los servicios básicos, como abrir una cuenta, mantener los fondos o disponer de un instrumento de pago, serán gratuitos. Las comisiones por servicios extra estarán limitadas y los pagos offline no generarán coste alguno.
Qué cambia para los ciudadanos y las empresas españolas
La obligación de aceptar el euro digital recaerá sobre la mayoría de los negocios. Sin embargo, se prevén excepciones para autónomos y microempresas que hoy no aceptan pagos digitales. También se contemplan rechazos temporales, por ejemplo durante un apagón eléctrico. Los turistas y visitantes que lleguen a España podrán utilizar la moneda sin necesidad de tener una cuenta bancaria en la eurozona, lo que facilitará los pagos en destinos como la Costa del Sol o Barcelona.
Para proteger la estabilidad financiera, cada ciudadano tendrá un límite individual de tenencia. Será la Comisión Europea quien lo fije, a propuesta del BCE, y el Parlamento Europeo tendrá plena capacidad de decisión sobre ese techo. Las empresas no podrán atesorar euros digitales: solo podrán acumular los cobros recibidos durante un máximo de 24 horas. Además, la nueva moneda no devengará intereses, lo que evita que compita con los depósitos bancarios tradicionales.
El euro digital no es solo un proyecto tecnológico: es la apuesta de Bruselas por un sistema de pagos que devuelve al ciudadano el control de sus datos y a la UE la soberanía frente a las grandes plataformas extranjeras.
El Eje del Poder Europeo
La geometría del expediente es compleja. El Parlamento Europeo, con el ponente español Navarrete a la cabeza, ha logrado amarrar una mayoría sólida que prioriza la privacidad y la interoperabilidad. El BCE contaría con con un papel separado de sus funciones de política monetaria, un blindaje que satisface a los bancos centrales nacionales más recelosos. En el Consejo, el pulso aún está por librarse: París y Berlín ven el euro digital como un instrumento de autonomía estratégica, pero los países frugales temen que la gratuidad de los servicios básicos genere un pasivo contingente. España, que presidirá la negociación durante su turno en la UE, tendrá que mediar entre ambos bloques.
La lectura a largo plazo es menos técnica y más geopolítica. Por primera vez, una moneda de banco central competirá directamente con las redes de pago estadounidenses que dominan más del 60 % de las transacciones en la eurozona. El antecedente más cercano es el colapso del proyecto Monnet, aquel intento privado europeo de los años 2000 que naufragó por falta de voluntad política. Ahora, con el respaldo del BCE y un marco regulatorio blindado, Bruselas intenta lo que entonces no pudo: construir una infraestructura de pagos pública, soberana y, sobre todo, irreversible.
El éxito dependerá de la ejecución. Antes de su lanzamiento, el BCE deberá finalizar un libro de reglas, desarrollar la infraestructura y ejecutar pruebas piloto reales. Después se abrirá un periodo de despliegue de al menos 24 meses para que bancos, proveedores y ciudadanos se adapten. Si los calendarios se cumplen, el euro digital podría estar en los monederos de los españoles hacia 2029. La próxima parada es el pleno de julio, donde se anunciarán los mandatos negociadores. Si no hay sorpresas, el trílogo con el Consejo arrancará en otoño.
