EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Unidad Central Operativa (UCO) ha confirmado en un informe judicial una reunión entre el expresidente del PNV Andoni Ortuzar y el ex presidente de la SEPI para negociar el rescate de 112 millones de euros a Tubos Reunidos.
- ¿Quién está detrás? La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha exigido explicaciones al PNV y ha insinuado que este vínculo ‘está condicionando’ el apoyo de los jeltzales a Pedro Sánchez.
- ¿Qué impacto tiene? La presión popular sobre el PNV —socio clave del Gobierno— añade incertidumbre a la legislatura, mientras Génova capitaliza el caso como ejemplo de la corrupción que rodea al Ejecutivo.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha lanzado este lunes un ataque directo al PNV tras conocerse el contenido de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sitúa al expresidente jeltzale Andoni Ortuzar en el centro de la trama Leire. En concreto, el documento recoge una reunión entre Ortuzar y el entonces presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, para abordar el rescate de 112 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a la empresa vasca Tubos Reunidos. Gamarra, en declaraciones a los medios en el Senado, ha sido contundente: ‘El PNV tiene que ofrecer explicaciones sobre esas informaciones que se han conocido’.
La dirigente popular ha ido más allá al preguntar abiertamente si la relación del PNV con el Partido Socialista ‘está condicionando’ el apoyo parlamentario al Gobierno. La pregunta, lanzada con malicia calculada, apunta al corazón de la estrategia parlamentaria del Ejecutivo: ¿se sostiene la mayoría de Sánchez gracias a favores políticos encubiertos por rescates millonarios? El PNV, por su parte, ha admitido que mantuvo reuniones ‘en el ámbito público y privado’ con miembros del Ejecutivo por la preocupación sobre empresas en dificultades, pero se ha desvinculado de cualquier trama de corrupción.
Desde el Grupo Popular en el Congreso, su portavoz Ester Muñoz ha respaldado la ofensiva con una frase que gana eco en Génova: ‘Es evidente que el PNV tiene que dar explicaciones’. Muñoz ha subrayado que los jeltzales ‘no desmienten la reunión con las cloacas’ y ha instado a que aclaren por qué se sentaban a negociar con quienes calificó como ‘las cloacas del Partido Socialista’. El mensaje es nítido: el PP quiere trasladar a la opinión pública la imagen de un Gobierno y sus socios sumidos en una red clientelar.
Un rescate de 112 millones bajo la lupa de la UCO
El informe incorporado al sumario de la pieza del ‘caso Leire Díez’ detalla cómo la SEPI aprobó en 2021 un rescate de 112 millones de euros a Tubos Reunidos, empresa radicada en el País Vasco. La Guardia Civil certifica ahora el ‘enorme interés’ del PNV, en la figura de Ortuzar, por aquella operación financiera. Las fuentes judiciales consultadas por Moncloa.com apuntan a que la reunión entre Ortuzar y Vicente Fernández tuvo lugar en un momento clave para la viabilidad de la compañía, y que el encuentro se produjo antes de que el Consejo de Ministros diera luz verde al desembolso.
La operación, que salvó a una firma industrial emblemática en el norte de España, se presenta ahora bajo un manto de sospecha: ¿fue el respaldo político del PNV a Sánchez —entonces necesitado de apoyos— la contrapartida implícita a aquel rescate? Gamarra no ha afirmado taxativamente que exista una relación causal, pero ha dejado caer la duda con la destreza de quien maneja los tiempos de una investigación en curso. No obstante, el PP evita de momento pedir la comparecencia inmediata de Ortuzar en el Senado, a la espera de que avance la vía judicial.
Génova eleva la presión tras la sentencia de Ábalos
La arremetida contra el PNV adquiere mayor relieve si se sitúa en el contexto del día anterior: el Tribunal Supremo condenó a 24 años de prisión al exministro José Luis Ábalos por el ‘caso mascarillas’. Gamarra ha calificado esa sentencia de ‘condena al sanchismo’ y ha recordado que ya no se habla de presunciones sino de ‘hechos probados’. ‘El Supremo ha dicho que ha habido organizaciones criminales actuando dentro del propio Gobierno para enriquecerse’, ha remachado.
El objetivo de la cúpula popular es alinear ambos escándalos —el del exministro condenado y el del socio que negociaba rescates— para construir un relato de corrupción sistémica que, en palabras de Gamarra, solo tiene una salida: ‘disolver y dar la palabra a los españoles’. La estrategia, aunque ambiciosa, cuenta con el respaldo unánime del Grupo Parlamentario Popular. Observamos en esta redacción cómo Génova ha engrasado un argumentario que va del ‘caso mascarillas’ a la trama Leire y que ahora salpica de lleno al PNV, dejando en una posición comprometida a los nacionalistas vascos.
Si el rescate de Tubos Reunidos se negoció en paralelo a las votaciones clave del PNV en el Congreso, la duda sobre la compraventa del apoyo parlamentario ya está sembrada.
El Eje del Poder Popular
Para el PP, la implicación del PNV en la trama Leire supone un filón político doble. Por un lado, debilita a un socio indispensable para la estabilidad del Gobierno de Sánchez; por otro, refuerza en el votante de centro-derecha la percepción de que el poder se ha ejercido durante estos años bajo un manto de favoritismo. La jugada de Gamarra, avalada de manera expresa por la portavoz en el Congreso, se enmarca en la hoja de ruta de Génova: transformar los escándalos judiciales en una ola de desgaste que haga insostenible la legislatura.
El aterrizaje territorial de este pulso no es menor. El PNV mantiene un sólido feudo en Euskadi, pero las elecciones vascas de 2028 no están lejos. Si la sombra de la corrupción acaba erosionando la imagen de los jeltzales, el PP vasco podría capitalizar el descontento. Fuentes de la dirección popular consultadas por Moncloa.com reconocen que, sin el ruido del caso, la pugna en Euskadi sería mucho más cuesta arriba. Ahora, el socio preferente de Sánchez se ve obligado a dar explicaciones ante la opinión pública.
El riesgo inmediato para el partido en Génova es más bien táctico: si aprieta demasiado, podría forzar al PNV a cerrar filas con el PSOE y retrasar la hipotética moción de censura que algunos barones ven deseable. Sin embargo, la dirección nacional confía en que la presión sostenida —con peticiones de comisiones de investigación y con el runrún de nuevos informes de la Guardia Civil— vaya comiendo terreno a un PNV que, como todo partido, teme el impacto electoral de las siglas manchadas. En este tablero, la pieza nueva se llama Ortuzar y el movimiento de Génova es claro: arrastrar al PNV al centro del lodazal.
El antecedente histórico más claro es el caso de los ERE en Andalucía, pero con una diferencia: aquí la trama se teje a nivel nacional y sí cuenta con un informe policial que apunta directamente a un partido que sostiene al Ejecutivo. La lectura que hacemos en Moncloa.com es que Génova ha decidido no esperar a que los tribunales avancen lentamente y prefiere llevar el caso al Senado —controlado por el PP— al menos en el plano de la presión pública. La próxima reunión de la Junta de Portavoces de la Cámara Alta podría ser el escenario para un nuevo intento de forzar comparecencias.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: La red clientelar del Gobierno no se limita al PSOE; el PNV negoció rescates millonarios mientras apoyaba a Sánchez. Los votantes merecen saber si su apoyo se compró con dinero público.
- Protagonista: Cuca Gamarra (vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP).
- Próximo hito: Posible petición del Grupo Popular en el Senado para que Andoni Ortuzar comparezca, una vez que se aclare el calendario judicial.
