Seis países, seis giros a la derecha: ¿simple péndulo político?
Desde que Donald Trump ordenó la congelación masiva de los fondos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), las elecciones presidenciales en América Latina han dibujado un paisaje uniformemente conservador. Los datos compilados por la analista Mary Rooke para The Daily Caller muestran una secuencia que sorprende incluso a los observadores más escépticos: tras la cancelación del 83 % de los contratos de la agencia, ni un solo candidato de izquierda ha logrado imponerse en las urnas de la región.
Bolivia eligió al senador de centroderecha Rodrigo Paz Pereira, poniendo fin a casi dos décadas de dominio del Movimiento al Socialismo (MAS). En Chile, José Antonio Kast llevó a la coalición derechista de vuelta al palacio de La Moneda. Honduras se inclinó por el conservador Nasry Asfura, y en Costa Rica, la populista Laura Fernández Delgado ganó en febrero de 2026 con un discurso anticorrupción que recordaba al del argentino Javier Milei. Perú dio una victoria ajustada a Keiko Fujimori en la segunda vuelta de junio, y Colombia sorprendió con el triunfo del abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella en la misma fecha.
El patrón es tan nítido que la cuenta de Cernovich en X preguntaba irónicamente si alguna fuerza de izquierda había ganado en la región desde que el «complejo de ONG de USAID» fue desfinanciado. La respuesta, hasta ahora, es un rotundo no.
La tesis del ‘astroturf’: cuando la financiación externa pinta el mapa
El concepto de astroturf —la creación de un movimiento político artificial que pretende ser espontáneo— planea sobre esta cascada de victorias. Durante décadas, la cartera de Democracia, Derechos Humanos y Gobernanza (DRG) de la USAID financió reformas electorales, medios independientes, campañas de derechos humanos y, de manera creciente, proyectos vinculados a la ideología de género y la justicia climática. En 2024, por ejemplo, la agencia concedió casi dos millones de dólares a la Asociación Lambda de Guatemala para reforzar la asistencia sanitaria de afirmación de género, y apoyó otras iniciativas LGTBQ en Colombia y Perú.
El testimonio de Tyler O’Neil ante el Comité de Supervisión de la Cámara en febrero de 2025 fue demoledor: «USAID gastó millones apuntalando la ideología marxista de diversidad, equidad e inclusión, la ortodoxia transgénero y el movimiento alarmista climático», afirmó. La acusación de que muchas de esas ayudas operaban como un respaldo encubierto a la izquierda política en países culturalmente conservadores resonó con fuerza en el Partido Republicano y en el equipo del presidente Trump.
La lectura que hace Rooke —y que comparten cada vez más analistas conservadores— es directa: esos fondos sostenían una infraestructura de ONG y medios que, sin el dinero americano, perdieron su capacidad de influir en el electorado. La correlación no demuestra causalidad, pero la simultaneidad del apagado de la ayuda y el vuelco electoral plantea preguntas incómodas que los gobiernos europeos, incluido el español, deberán evaluar con calma.
El fin de la financiación de USAID no solo secó las arcas de las ONG izquierdistas, sino que retiró una influencia externa que, según el análisis conservador, operaba como un ‘astroturf’ político en culturas tradicionalmente conservadoras.
La Lógica de Washington
Para entender por qué Trump desmanteló USAID hay que situarse en el Despacho Oval del 20 de enero de 2025. Ese día, la primera orden ejecutiva del nuevo mandato congeló la práctica totalidad de la asistencia exterior. El movimiento fue el primer paso de una revisión que culminó con la absorción de la agencia bajo el Departamento de Estado, dirigido por Marco Rubio. «Tras seis semanas de revisión, cancelamos oficialmente el 83 % de los programas de USAID —anunció Rubio—. Los 5.200 contratos que ahora quedan eliminados gastaron decenas de miles de millones de dólares de una manera que no servía, y en algunos casos incluso perjudicaba, los intereses nacionales esenciales de Estados Unidos.»
La lógica es doble. Por un lado, fiscal: la base conservadora exige que el dinero de los contribuyentes americanos no financie proyectos ideológicos en el exterior. Por otro, geopolítica: Washington ha concluido que el deep state de la ayuda al desarrollo estaba exportando un modelo cultural progresista que ahuecaba a los gobiernos aliados y alimentaba la inestabilidad. La misma doctrina America First que erige barreras arancelarias retira la alfombra financiera sobre la que caminaban los movimientos progresistas latinoamericanos.
¿Y España? Las grandes empresas del IBEX 35 —Santander, Telefónica, Iberdrola, Repsol, Ferrovial— mantienen posiciones relevantes en la región. Un entorno de gobiernos más proclives al mercado reduce riesgos regulatorios y ofrece oportunidades en sectores como energía o infraestructura. La otra cara de la moneda es diplomática: el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha cultivado relaciones con la izquierda latinoamericana, vería con recelo un mapa político que se tiñe de azul. Por ahora, sin embargo, la reacción oficial ha sido de cauteloso silencio. Los próximos datos de inversión directa española en la región serán el mejor termómetro para medir hasta qué punto el giro conservador se traduce en beneficios para las empresas con sede en Madrid.
Ficha del Caso
- El caso: La Administración Trump canceló el 83 % de los contratos de USAID —unos 5.200 programas valorados en decenas de miles de millones de dólares— y desde entonces ningún candidato de izquierda ha ganado una elección presidencial en América Latina.
- Datos clave: Seis países —Bolivia, Chile, Honduras, Costa Rica, Perú y Colombia— vieron victorias de derecha o centro-derecha en cascada entre 2025 y junio de 2026. La cartera de gobernanza democrática de la agencia financiaba proyectos LGTBQ, de cambio climático y de fortalecimiento institucional que, según críticos internos, operaban como soporte encubierto de la izquierda.
- Para España: La reconfiguración del tablero político beneficia potencialmente a las multinacionales españolas con fuerte presencia en la región (Santander, Telefónica, Iberdrola) al reducir barreras regulatorias. No obstante, el alineamiento ideológico del Gobierno de Pedro Sánchez con sus homólogos latinoamericanos de izquierda podría generar tensiones diplomáticas si la tendencia se consolida.
