Vox, PP y Junts han tumbado en el Congreso de los Diputados la moratoria antidesahucios —vigente desde 2020— y, semanas después, el decreto que prorrogaba los contratos de alquiler y limitaba las subidas al 2 % para tres millones de inquilinos. Las dos derrotas parlamentarias, consumadas en febrero y abril de 2026 con los votos también de UPN, han reactivado 70.000 procedimientos de desahucio suspendidos y han dejado sin efecto la contención de rentas en un mercado con precios récord.
Qué defiende Vox y por qué rechazó ambas medidas
Vox basó su rechazo en un argumentario de defensa de la propiedad, la seguridad jurídica y la lucha contra la morosidad. La formación considera que la moratoria antidesahucios no resolvía el problema de fondo del acceso a la vivienda, sino que lo enquistaba: protegía de facto a quienes no cumplen sus obligaciones contractuales y desprotegía a los pequeños propietarios, que en muchos casos dependen de esa renta para su subsistencia.
Según fuentes del Grupo Parlamentario VOX, la iniciativa gubernamental prorrogada año tras año habría generado un efecto llamada a la ocupación sin título y un desincentivo para que los arrendadores mantuvieran sus inmuebles en el mercado del alquiler. «No se puede combatir la emergencia habitacional premiando la morosidad ni castigando al ahorrador que alquila su piso», ha reiterado en sede parlamentaria la portavoz Pepa Millán. El partido insiste en que la verdadera solución pasa por construir más vivienda asequible y agilizar los desalojos por impago y por ocupación ilegal, no por parches que cronifican la inseguridad.
En el caso de la prórroga de alquileres —el Real Decreto-ley 8/2026 que topaba la subida al 2 % y extendía los contratos otros dos años—, Vox advirtió de que la intervención administrativa en los precios ahuyenta la oferta, encarece los alquileres a medio plazo y perjudica especialmente a las familias que buscan un piso en las zonas más tensionadas. La formación subraya que comunidades como Cataluña, que aplicó topes similares, apenas ha contenido los precios de forma estructural y ha reducido la oferta disponible.
Qué consecuencias inmediatas tienen los votos para las familias y los inversores
La eliminación de la moratoria, aprobada el 26 de febrero, ha reactivado 70.000 procedimientos de desahucio que estaban suspendidos desde 2020. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya registró en 2025 un total de 24.540 lanzamientos judiciales —cada cuatro minutos—, la mayoría por impago de alquiler. Las organizaciones de vivienda alertan de un repunte significativo en los próximos meses, aunque el partido resta dramatismo a esas cifras subrayando que cada caso obedece a un impago real y que la protección al deudor no puede anular el derecho del acreedor.
El rechazo al decreto de prórroga de alquileres, el 29 de abril, ha dejado sin cobertura legal a los contratos que iban a vencer hasta diciembre de 2027. El Observatorio del Alquiler estima que más de un millón de hogares —tres millones de personas— estaban llamados a acogerse a la prórroga con subida limitada. Ahora esos inquilinos quedan expuestos a las condiciones del mercado libre en un momento en que el precio medio del alquiler en España ronda los 14,78 €/m² y Madrid supera los 21 €/m², según Fotocasa. La coalición #NiUnDesahucioMás ya ha convocado más de cuarenta manifestaciones en todo el país.
Cada cuatro minutos se ejecuta un desahucio en España, según los datos del CGPJ, y la caída de la moratoria reactiva 70.000 procedimientos que estaban suspendidos.
La estrategia de Vox: marcar perfil propio frente al PP y al Gobierno
Más allá de los efectos inmediatos, el voto de Vox revela una operación de posicionamiento estratégico. Al alinearse con el PP y con Junts en estas iniciativas, la dirección de Santiago Abascal evidencia que asume la defensa del derecho de propiedad como un pilar de su oferta electoral, especialmente tras las tensiones generadas por la ruptura de los gobiernos de coalición autonómicos por diferencias en inmigración y fiscalidad. No obstante, la formación quiere ir un paso más allá: apoya la proposición de ley del PP —que permite desahucios exprés para fondos de inversión, rebaja el umbral de vulnerabilidad de 1.800 a 900 euros y deroga los topes de alquiler de la Ley de Vivienda—, pero considera que el texto de los populares aún se queda corto en la lucha contra la ocupación y en la desregulación del mercado del alquiler.
Fuentes del partido consultadas por Moncloa.com apuntan que Vox trabaja ya en enmiendas propias para endurecer el texto con medidas como la creación de un procedimiento único de desalojo exprés para todo tipo de impagos y un régimen sancionador más severo contra la ocupación. La lectura interna es clara: la doble votación sirve para recordar al PP que el voto de Vox no es incondicional y que cualquier futura investidura en minoría tendrá que pasar por un refuerzo sustancial de las políticas de propiedad y seguridad jurídica.
