La Xunta de Galicia ha anunciado este lunes la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto estatal que define las zonas de aceleración de renovables (ZAR), al considerar que la norma invade competencias autonómicas y limita la superficie disponible para parques eólicos y solares al 0,16% del territorio gallego. La decisión fue comunicada por el presidente, Alfonso Rueda, y la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, tras el Consello de Goberno —la reunión semanal del ejecutivo autonómico— celebrado en Santiago de Compostela.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Xunta de Galicia ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto estatal de zonas de aceleración de renovables (ZAR).
- ¿Quién está detrás? El presidente Alfonso Rueda y la conselleira Ángeles Vázquez, con el respaldo del PPdeG, que tiene mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia.
- ¿Qué impacto tiene? De prosperar el recurso, el Gobierno central podría ver limitada su capacidad para imponer criterios uniformes en la planificación renovable. A corto plazo, la batalla competencial añade incertidumbre a los proyectos eólicos y solares en la comunidad.
La Xunta alega invasión competencial y un recorte al 0,16% del territorio
El recurso se dirige al Tribunal Constitucional y se sustenta en el artículo 27.3 del Estatuto de Autonomía de Galicia, que reserva a la comunidad la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de régimen energético. La Xunta sostiene que el real decreto aprobado por el Gobierno central es “tan detallado” que, en la práctica, impide a la administración gallega decidir sobre la ordenación territorial de las renovables, una función que considera propia.
Según la conselleira Vázquez, la normativa estatal apenas dejaría espacio para instalar nuevos proyectos renovables en una porción ínfima del país, el 0,16% de la superficie. Ese suelo estaría, además, “totalmente disperso”, en contra de las recomendaciones de la Comisión Europea, que aboga por concentrar las zonas de aceleración en áreas amplias y bien identificadas. Para la Xunta, el decreto condena a Galicia a un desarrollo renovable fragmentado y poco eficiente.
Vázquez aprovechó la comparecencia para subrayar que Galicia es la comunidad autónoma que más ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos años. Sin embargo, la cifra —que la Xunta presenta como fruto de sus políticas ambientales— está fuertemente condicionada por el cierre de las dos grandes centrales térmicas de carbón que operaban en As Pontes y Meirama, una realidad que los grupos ecologistas y la oposición recuerdan cada vez que el ejecutivo gallego presume de transición ecológica.
Precedentes y ofensiva jurídica gallega
El recurso de la Xunta no es un hecho aislado. En los últimos años, el gobierno gallego ha llevado al Constitucional varios conflictos competenciales con el Estado, entre ellos la polémica sobre la repotenciación de parques eólicos y la gestión del litoral. De hecho, hace apenas unas semanas el Constitucional levantó la suspensión que pesaba sobre las normas gallegas de repotenciación eólica y dependencia, recurridas por el Gobierno central, un precedente que la Xunta interpreta ahora como un aval jurídico a su posición.
Galicia se ha convertido en un campo de pruebas jurídico donde la defensa de las competencias autonómicas choca con la ambición estatal por uniformar la transición energética.
El real decreto de las ZAR, aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica, establece que las comunidades deberán designar como zonas de aceleración preferentemente suelos industriales, urbanizados, degradados, antiguas minas o corredores de infraestructuras. En esas áreas, los proyectos no necesitarían una evaluación de impacto ambiental ordinaria ni simplificada, sino medidas preventivas y una evaluación estratégica del plan de designación.
El Laboratorio Gallego
El recurso de la Xunta ante el Constitucional se inscribe en una estrategia más amplia de afirmación competencial que el PPdeG ha intensificado desde que Alfonso Rueda asumió la presidencia. Con mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia, el Gobierno gallego ha multiplicado los choques jurídicos con el Ejecutivo central —ya sea por la gestión del litoral, la repotenciación eólica o, ahora, las zonas de aceleración— y cada paso se interpreta dentro y fuera de la comunidad como un mensaje de autonomía frente a Madrid.
A nivel nacional, el conflicto energético gallego refleja una tensión que también viven otras comunidades gobernadas por el PP, como Andalucía o Castilla y León, que a menudo critican la uniformidad de las directrices del Ministerio para la Transición Ecológica. Sin embargo, el caso gallego añade un ingrediente particular: el Estatuto de Autonomía otorga a la Xunta competencias explícitas en ordenación del territorio, lo que podría darle mayor solidez jurídica a su recurso. Cabe recordar que el Tribunal Constitucional ya avaló en 2024 la potestad autonómica para diseñar sus propias figuras de protección ambiental, un precedente que la Xunta cita con frecuencia.
De cara al futuro inmediato, la decisión del Constitucional se demorará meses, pero el movimiento de la Xunta tiene un efecto político inmediato: sitúa a Rueda como defensor del autogobierno gallego en un sector económicamente estratégico. Para el BNG y el PSdeG, previsiblemente ambos apoyarán la reivindicación competencial y reclamarán más protección del territorio, ahondando en el consenso gallego sobre la necesidad de decidir desde Santiago.
Ficha del Caso
- El caso: La Xunta de Galicia interpone un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto estatal de zonas de aceleración de renovables, al considerar que invade competencias autonómicas y limita la instalación de nuevas plantas al 0,16% del territorio gallego.
- Datos importantes: El decreto, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica, obliga a priorizar suelos industriales, degradados o de infraestructuras. La competencia autonómica se fundamenta en el artículo 27.3 del Estatuto gallego. El Tribunal Constitucional ya levantó recientemente la suspensión de normas gallegas sobre repotenciación eólica.
- Resumen: El choque jurídico abre un nuevo capítulo en la pugna entre el Gobierno central y la Xunta por la gestión de la energía. La sentencia del Constitucional definirá hasta dónde puede llegar la uniformidad estatal en un sector en el que Galicia reclama protagonismo.
